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El exsenador UDI también alegó «falta de igualdad ante la ley y de objetividad», arguyendo que «es evidente casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera».
El exsenador UDI Jaime Orpis lamentó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la condena -de cinco años y un día de presidio- en su contra por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, en el marco del caso Corpesca.
El tribunal de alzada también rechazó recursos de nulidad presentados por la defensa de la exdiputada Marta Isasi, el particular Raúl Lobos Torres y la empresa Corpesca. La primera tiene una condena de 50 días de cárcel por el delito de cohecho; Lobos, 541 días de presidio por un delito de fraude al Fisco, mientras que Corpesca deberá pagar una multa de 10 milUTM por los delitos de soborno y cohecho.
Sobre la decisión de la Corte, Orpis manifestó en un comunicado que «con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara».
«El fraude y las platas políticas, que como quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal (…) Cometí fraude sí, pero cohecho, jamás. Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí», agregó.
«Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado», expresó el exsenador. «Si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado ‘caso de las platas políticas’, sin nombres ni responsables», añadió.
Asimismo, alegó «falta de igualdad ante la ley y de objetividad», arguyendo que «es evidente casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera».
«Desde un principio la Fiscalía decidió que yo sería quien pagaría por ello y no perseveró en los otros casos, permitió la prescripción o ni siquiera investigó cientos de otras situaciones de financiamiento de la política a través de boletas o asesorías», espetó.
En esa línea, sostuvo que fue «investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público, quien me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra sin precedentes».
«Aún más grave, no tuve un juicio imparcial: fui condenado por cohecho en un fallo divido con un jurado en que una de sus tres integrantes carecía de independencia e imparcialidad; pocos meses después de iniciarse el juicio, el cónyuge de una de las tres juezas que me juzgó, fue contratado por el Ministerio Público en un cargo de confianza del fiscal nacional», acusó, sin dar nombres.
«Nada de lo anteriormente expuesto me exime de mi responsabilidad en el financiamiento irregular de la actividad política, que he reconocido en muchas ocasiones; de ello estoy muy arrepentido y jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad», agregó el exparlamentario UDI.
