NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia Uno
Si el costo total se disgrega por temática, el ítem que lidera el gasto es el derecho a la salud y derechos sexuales (1,89% anual del PIB en escenario bajo y 2,75% en escenario alto).
Un grupo de académicos -incluyendo al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés-, de distintas universidades del país, elaboró una estimación del costo fiscal de la propuesta de nueva Constitución. El equipo evaluó que el texto constitucional supondría un gasto anual del 8,9% del PIB, en un escenario bajo, y un 14,2% en un escenario alto.
El estudio distingue tres tipos de gastos: gasto anual recurrente para satisfacer el mandato (por ejemplo, un subsidio necesario para el acceso digital), gastos recurrentes en administración estatal (creación de una nueva institución) y gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares (por ejemplo, la expropiación de tierras para su restitución a los pueblos indígenas).
Asimismo, considera dos estimaciones: una más baja (escenario bajo) y otra más elevada (escenario alto). «La primera es más conservadora en materia de provisión de servicios y de gasto. Los dos escenarios difieren a veces por el método utilizado y otras por supuestos o la interpretación del artículo respectivo», indicaron los autores en el documento.
Con esos antecedentes, el grupo de académicos estimó el costo total anual estimado de la propuesta de nueva Constitución, según porcentaje del PIB.
Si el costo total se disgrega por temática, el ítem que lidera el gasto es el derecho a la salud y derechos sexuales (1,89% anual del PIB en escenario bajo y 2,75% en escenario alto). Le siguen el derecho a la seguridad social (1,33% y 2,20%) y el derecho a la vivienda (1,19% y 1,67%).
El informe fue realizado por el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica (PUC); Andrea Betancor, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca; Claudia Martínez, del Instituto de Economía de la PUC; Guillermo Larraín, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Gabriel Ugarte, del Centro de Estudios Públicos (CEP), y Rodrigo Vergara, de CEP.
Respecto a la experiencia de otros países que emprendieron procesos constituyentes, el estudio indica que «la información disponible da cuenta de resultados heterogéneos».
«En su mayoría los países revisados aumentaron considerablemente su indicador de gasto fiscal con respecto al PIB. Por supuesto no se pueden asignar todos estos incrementos al factor constitucional. De hecho, la propia constitución puede ser el resultado de otros factores o fenómenos sociales que presionan el gasto», comentaron.
«Asimismo, en general se observan tendencias al alza más allá de estos cambios y fenómenos de convergencia», añadieron.
El informe destaca que en la experiencia latinoamericana, en particular de Colombia (1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) muestra importantes incrementos en el gasto.
«El caso de Venezuela en cambio no muestra un aumento significativo de la razón gasto a PIB. Cabe mencionar que en ese caso (como en Sudáfrica) comienza en un nivel superior. Además, es posible que la alta y creciente inflación en dicho país haya dificultado un aumento mayor», señalaron.
A continuación, el costo fiscal de otros países que desarrollaron nueva constituciones:
