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Crédito: Agencia Uno
Mediante un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos valoró la propuesta de nueva Constitución y apuntó a que «no hizo sino poner al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos». «Siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar el texto constitucional el próximo 04 de septiembre», complementaron.
A casi un mes exacto para el plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre, en donde la ciudadanía elegirá si aprobar o rechazar la propuesta de texto constitucional, continúan las posturas a favor de la nueva Carta Magna.
Así lo manifestó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quienes argumentan que la propuesta de la Convención Constitucional «no hizo sino poner al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos».
«Los derechos humanos pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego de los derechos humanos», sostuvieron.
«El texto recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados por Chile», complementaron.
Por otro lado, apuntaron que «en materia de derechos sociales, no sólo los consagra formalmente sino establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho. Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la Convención sobre Discapacidad».
«Además, desconcentra el poder político, avanza hacia una efectiva descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia participativa», señalaron.
«El nuevo texto constitucional propuesto, se hace cargo así de las demandas mayoritarias expresadas durante el estallido social de octubre de 2019, a través de legítimas protestas de la ciudadanía que hicieron posible el proceso constituyente en curso», adicionaron.
Ante estos antecedentes, subrayan que «siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar el texto constitucional el próximo 04 de septiembre».
«No hacerlo, retrasará la urgente paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional», sentenciaron.
