Plebiscito de salida: proyecto busca eximir multas a cuidadores de personas y mayores de 75 años que no acudan a votar

Un grupo de parlamentarios del Frente Amplio propuso un proyecto que busca ampliar el universo de personas que pueden eximirse de las multas que implica no acudir a votar en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde el sufragio es de carácter obligatorio.

Quién no vote, será penado con una multa que fluctuará entre 0,5 a 3 UTM, lo que se traduce en un monto de $30 mil a $178 mil.

Según estableció la reforma que habilitó el proceso constituyente, para este plebiscito, no estarán afectos a la sanción, todos aquellos electores que hayan «dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse ese día en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica».

Por esto mismo, la iniciativa busca que tampoco puedan ser sancionadas las personas mayores de 75 años y quienes se desempeñen en trabajos de cuidado de personas, dado que el cese de sus labores puede implicar «una amenaza para la vida, integridad física o salud de la persona cuidada».

Estos grupos -actualmente- sólo pueden excusarse de ser vocales de mesa o miembros del Colegio Escrutador, en caso de haber sido designados por el Servel.

Por otro lado, hay un proyecto presentado por parlamentarios del Frente Amplio y del Socialismo Democrático, que busca garantizar un mecanismo alternativo al sufragio presencial, con la finalidad de permitir el voto a personas con movilidad reducida, dependencia severa o que requieran de apoyos intensos, así como también a cuidadores que, por diversos motivos relacionados con esto, no puedan alejarse de su domicilio.

Para esto, proponen la implementación de urnas electorales móviles -para casos excepcionales- calificados por el Servel a través de un trabajo coordinado entre la entidad, municipios y del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Ambos textos fueron analizados el pasado miércoles por la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia, la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans -coautora de ambos proyectos- solicitó el apoyo del Gobierno para avanzar rápidamente.

Esto, teniendo en consideración que sólo faltan 17 días para el plebiscito de salida que definirá si Chile tendrá o no una nueva Constitución.