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Tribunal suspende normas del Minagri y el SAG que buscan regular parcelaciones rurales MERCADOS Crédito: Agencia Uno

Tribunal suspende normas del Minagri y el SAG que buscan regular parcelaciones rurales

La jueza Lidia Hevia, del 7° Juzgado Civil de Santiago, acogió una medida precautoria presentada por Chile Rural, en el marco de un juicio contra el Fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el SAG.


El 7° Juzgado Civil de Santiago suspendió el lunes los efectos de medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), tendientes a suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, en aquellos casos en que se advierta que el proyecto pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes.

De acuerdo a El Mercurio, la jueza Lidia Hevia, del 7° Juzgado Civil de Santiago, acogió una medida precautoria presentada por Chile Rural -gremio que reúne a empresas del rubro de desarrolladores de proyectos, loteos y parcelas- en el marco de un juicio contra el Fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el SAG.

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La medida precautoria busca suspender los efectos de los mencionados actos administrativos, mientras no se resolviera el juicio y hubiera una sentencia de término. El tribunal acogió la precautoria el lunes.

«Se decreta la medida solicitada solicitada, suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, Ordinario N° 637, de fecha 12 de julio de 2022, suscrito por el Ministerio de Agricultura, subsecretario de Agricultura y director nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero, y Ordinario N° 475, de fecha 18 de julio de 2022, emitido por la dirección nacional del Servicio Agrícola y Ganadero», señala la resolución.

El Mostrador se contactó con el Ministerio pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Actos administrativos

El primer acto administrativo mencionado por la resolución instruyó a las direcciones regionales del SAG suspender el proceso de certificación de proyectos, en caso de que detectaran un eventual cambio de destino de los lotes.

El segundo complementó el anterior y fijó criterios para determinar si los proyectos de subdivisión pudieran vulnerar la normativa vigente.

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