La poco usual decisión de la Superintendencia de Pensiones de revertir cargos contra la AFP reveló los secretos de cómo se toman las decisiones en una de las 6 firmas responsables de los ahorros de todos los chilenos.
El 9 de junio de 2011 la multitienda La Polar informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que habían detectado políticas de crédito distintas a las autorizadas por el directorio, destituyó al gerente general de ese momento, Martín González y anunció que faltaba por provisionar preliminarmente entre $ 150 mil millones y $ 200 mil millones para cubrir los créditos morosos.
La noticia desplomó la acción y desató el mayor escándalo en la historia financiera del país.
El mismo día y al siguiente, la AFP Capital adquirió acciones de La Polar por un total de $ 5.390 millones. Tres semanas después y cuando la situación evidenciaba claramente que el caso revestía carácter de delito, Capital vendía entre el 30 de junio y el 6 de julio casi todas las acciones que mantenía en la compañía.
Casi nueve meses después, el 16 de marzo de 2012, la Superintendencia de Pensiones informó que había formulado cargos contra la AFP por estas operaciones, acusándola de haber infringido la ley al no cumplir con “el deber de efectuar todas las gestiones necesarias para cautelar rentabilidad y seguridad de los fondos que administra”.
Ayer, 18 de diciembre, la entidad que dirige Solange Berstein, cambió de opinión. Levantó los cargos contra Capital, señalando que las pruebas presentadas por la AFP “hacen que este organismo no llegue a la convicción de que AFP Capital infringió… razón por la cual el reproche que se le puede formular por dichas operaciones, no merece revestir el carácter de sanción”.
En el detalle de la resolución la superintendencia reveló aspectos desconocidos de lo que ocurrió en la AFP en esos días, de los motivos que la llevaron a invertir el mismo día que la acción caía 42 % y se evidencia el rol que le asigna la Superintendencia de Pensiones a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en medio de las inversiones de la AFP.
Las herramientas principales usadas por la autoridad para descartar sanciones a la AFP fueron las actuaciones de la SVS. Así, la fiscalizadora señala que la entidad que dirige Fernando Coloma suspendió sólo por dos horas las transacciones de las acciones de La Polar el 9 de junio tras recibir el hecho esencial de la compañía que desató el escándalo.
Además, Berstein recuerda que “la misma SVS” luego de reunirse con el directorio de La Polar el 13 de junio declaró que la información entregada por la empresa hasta ese momento “no sería suficiente para la adecuada toma de decisiones por parte de los inversionistas”, lo que lo llevó a suspender las transacciones desde las 11 de la mañana del 13 hasta el 17 de mismo mes.
“Por consiguiente, la información proporcionada por el emisor el día 9 de junio fue considerada como suficiente por todos los actores del mercado y por la SVS, determinándose sólo días después, con la nueva información que la propia empresa entregó al regulador que no lo era, y que las provisiones adicionales no tendrían un máximo adicional de 200 mil millones de pesos, como inicialmente se informó”, indica el documento de Berstein.
Para la superintendencia no fueron evidencia suficiente de que Capital debió abstenerse de comprar acciones de La Polar que el mismo 9 se cambió al gerente general y al gerente de productos de la empresa, ni que se haya señalado sobre las provisiones en el hecho esencial que estas no estaba dimensionadas integralmente y que se requeriría 3 semanas para saberlo. El hecho que ninguna otra AFP compró tampoco fue relevante para la superintendencia.
Tampoco le pareció relevante que ese mismo día La Polar cambió a la auditora PwC por Ernst and Young, y Fitch Rating rebajó la nota de La Polar de A- a BBB y la puso creditwatch negativo debido a la “incertidumbre respecto al impacto que la potencial disminución de flujos operacionales pueda tener en la liquidez de la compañía y en su flexibilidad financiera”.
Tampoco el hecho que el 10 de junio apareciera en todos los medios que las AFP estudiaban acciones legales contra la compañía y que Habitat señalara que lo ocurrido “impacta la fe pública depositada en la empresa, dado que los estados financieros deberían ser confiables”, dando a entender que la información de los estados financieros aparentemente podía no ser real.
Justamente, en sus descargos Capital explica que tomó la decisión de invertir en La Polar “con información suficiente para cuantificar el riesgo que se enfrentaba y analizar los retornos esperados, empleando información pública disponible que incluía, entre otros: los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2010, la Fecu de marzo de 2011 y la información emanada del hecho esencial”.
Lo cierto es que Capital sorteó con agilidad los cargos. Para ello usó informes de connotados académicos, como el economista de la Universidad de Chile y director de la administradora Joseph Ramos, quien entregó testimonio en el cual, según la superintendencia, reveló que en el comité de inversiones de la AFP (que él integraba), venían haciendo un seguimiento a La Polar desde antes de escándalo, el que indicaba que tenía niveles de provisionamiento insuficientes.
A juicio de la AFP, el hecho esencial de La Polar del 9 de junio, donde se estima hasta en 200 mil millones de pesos las provisiones adicionales requeridas, fue considerado suficiente para invertir en ella, dado que cubría necesidades de ese ítem de provisiones.
La autoridad reconoce que, pese a los 9 meses de investigación y la fiscalización in situ que hizo a Capital el 7 de julio de 2011, no había conocido de la AFP algunos antecedentes revelados después que formuló los cargos en marzo de 2012.
En particular, cita el hecho que la AFP indicó haber construido después del hecho esencial del 9 de junio de 2011 un modelo especial para La Polar que permitía cuantificar los efectos de dicha información pública en el precio de la acción, valorizando a la compañía a través del múltiplo precio/utilidad, lo que la habría llevado a estimar un precio objetivo entre $1.550 y $ 2.097 por acción.
Este es el argumento usado por la AFP para haber comprado acciones de La Polar, pese a que el precio de ese día 9 de junio cayó 42 % desde los $ 2.336 con que había cerrado el día anterior a los 1.352. Eso sí, el 10 de junio la acción rebotó casi 15 % a $ 1.603.
La investigación reveló además, que en la fiscalización in situ que hizo la autoridad el 7 de julio de 2011 interrogó a los ejecutivos de inversiones de la AFP.
En su declaración, el entonces subgerente de renta variable de Capital, Andrés Acevedo, indicó que en la evaluación para invertir en La Polar, no se consideró “los informes de riesgo de crédito, ya que el perfil de riesgo retorno es distinto para las acciones que para los bonos y considera su exposición en el instrumento respecto de las otras administradoras”.
Sin embargo, el superior de Acevedo en ese momento, el gerente de inversiones de Capital, Rodrigo Nader, hoy gerente general de Celfin Asset Management, expresó en el acta de fiscalización que no compartía el uso de la expresión “no considera”.
Aunque se trata de casos distintos, la decisión de la superintendencia contrasta con la dura actuación que tuvo con AFP Cuprum a quien obligó a indemnizar a sus afiliados por mantener excesos de inversión en La Polar. Según ha informado Cuprum, ya pagó $ 3.700 millones y tiene provisiones otros $ 2.000 millones por si debe asumir mayores costos por la pérdida de valor de los bonos en que tenía invertido plata de los afiliados.
Junto con ello, la autoridad la ha multado en más de $ 45 millones.
