Un duro diagnóstico realizó el líder de la CPC, Andrés Santa Cruz
La Confederación de la Producción y del Comercio advirtió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que propuesta del gobierno llega en medio de caída en la inversión, minimizó compensaciones del proyecto y atacó poder del SII.
Rápidamente las cartas van saltando sobre la mesa en la discusión sobre la reforma tributaria. Ayer, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, acudió nuevamente al Congreso para explicar su propuesta y tras él el principal gremio empresarial mostró su versión más crítica hacia la reforma.
Arenas, quien dejó en manos de los parlamentarios respuestas por escrito a más de 50 consultas planteadas la semana pasada, evitó de esta forma el debate al detalle de la reforma y sólo se dio tiempo para recalcar las líneas gruesas del discurso que ha venido intentando instalar el gobierno, en el sentido de que la gran mayoría de los chilenos no se verá perjudicada por el proyecto de ley que pretende recaudar un 3% del PIB o US$ 8.200 millones en 2018, cuando esté en régimen la reforma.
Luego de defender su proyecto en el diario más crítico con la medida, El Mercurio, Arenas presentó distintas cifras en la Comisión que preside el diputado DC Pablo Lorenzini, con el objeto de ratificar el relato del gobierno respecto de la progresividad del proyecto.
Explicó que con el proyecto de ley el aporte del impuesto de la renta pasará de representar casi un 7,5% del PIB a más de un 9%, acercándose al casi 11% que aporta el IVA.
Además, en el caso del impuesto a la renta, indicó que 7 de 10 deciles (el 70% de los chilenos) no verán alza alguna en los impuestos que pagan por sus ingresos, mientras que el decil más rico (el 10% con más ingresos) verá un alza drástica en su aporte a la recaudación por este impuesto, desde el 76,6% del total al 87,86%. El segundo decil más rico bajará de 10,99% a 5,97% su importancia y el tercer decil más rico pasará de 5% a 2,56%.
Así, indicó que el décimo decil, el 10% más rico de Chile, elevará su carga tributaria de 10,2% a 23,8%. Por su parte, tanto el segundo decil como el tercero más ricos elevarán su carga en 6 y 1 décima, respectivamente.
La visión de Arenas, que dijo sentirse respaldado por el apoyo mayoritario al proyecto que le significa tener más del 50% de los votos en el Congreso, contrastó con la visión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la más dura vista hasta ahora.
Su presidente, Andrés Santa Cruz, puso sobre la mesa las cifras de ralentización de la economía y las que evidencian el adormecimiento de la inversión, esto como contexto del momento en que el gobierno está tramitando el proyecto de Reforma Tributaria.
Recordó, en tal sentido, que en el último trimestre de 2013 la formación bruta de capital fijo (sinónimo de inversión) cayó 12,3%, la mayor contracción desde la crisis de 2009, con un ajuste en la tasa de ahorro nacional que cerró el 2013 con la tasa más baja en relación al PIB en diez años. Y advirtió que la economía está creciendo la mitad que hace poco (de 6% a 3%).
Con tan duro diagnóstico, Santa Cruz levantó la voz frente a la propuesta del gobierno. Ratificó su visión de que el impuesto de primera categoría subirá a 35% y no a 25%, como dice el gobierno y como lo defendió Arenas el fin de semana.
“La inversión se financia en gran medida del ahorro nacional, cuyo principal contribuyente es precisamente la empresa privada. Un aumento de esta magnitud en los impuestos corporativos, reduce los fondos internos para la reinversión de utilidades y por lo tanto impacta en el nivel de ahorro corporativo”, dijo Santa Cruz.
Además, afirmó que, si se reduce el nivel de ahorro, sube la tasa de interés, y como las empresas pequeñas y medianas –las que no son las principales socias de la CPC– tienen problemas de financiamiento, se verán empujadas a buscar créditos fuera del mercado, limitando su capacidad de crecimiento.
Respecto de las grandes, en tanto, dijo que, al caer la inversión, se perjudicará su relación deuda/capital y la economía nacional será mas vulnerable a shocks externos. El final de esta cadena de hechos, subrayó el jefe de los empresarios, será una baja en el empleo para los ciudadanos.
Por eso y atacando el término del FUT, Santa Cruz señaló que apoyaban ideas que busquen cerrar dichos vacíos legales (sin proponer ninguno), pero apuntó que “eliminar de raíz un mecanismo que ha demostrado su eficacia en promover la inversión, sin reemplazarlo por otro igualmente eficiente, sería un grave error”.
Luego le quitó todo mérito a la idea de Arenas de reemplazar el FUT a través de la depreciación instantánea. La medida beneficiará a todas las empresas por un año y, a partir de entonces, sólo a las pequeñas (hasta UF 25.000 o US$ 1,5 millón).
“Es evidente, que este beneficio no iguala el estímulo que implicaba el sistema en base a retiro para la inversión. Además no beneficia a aquellas empresas cuya inversión no es intensiva en activo fijo, como empresas de servicios”, sostuvo Santa Cruz, refutando la tesis de Arenas de que, 30 años después de que se creara el FUT, el país es otro, con un mercado de capitales desarrollado y, por ende, con fuentes de financiamiento amplias para las compañías. Para el presidente de la CPC el Estado debe seguir incentivando el interés de los grandes empresarios por invertir.
Finalmente, Santa Cruz enfocó sus críticas en uno de los puntos más polémicos del proyecto de Hacienda: el nuevo estatus de sheriff tributario del Servicio de Impuestos (SII), que dirige Michel Jorrat, .
En particular, la CPC critica la Norma General Antielusión que permitirá al SII “cuestionar los acuerdos, estructuras u otras actividades llevadas a cabo por las empresas cuando, a su juicio, hayan tenido la finalidad de eludir el pago de impuestos y, por consiguiente, podrá sancionar a los contribuyentes y asesores tributarios que hayan participado en su diseño”.
Esta idea, según la CPC, permitirá castigar conductas de los contribuyentes que no quedan explícitas en el texto del proyecto de ley y que, por tanto, constituyen “un marco excesivamente amplio de atribuciones a la autoridad”, el que afecta el derecho de las empresas de su Confederación de actuar haciendo uso de lo que llamó “economía de opción”.
Santa Cruz se refiere a las libertades que gozan los empresarios para organizar sus empresas, la propiedad de éstas y las sociedades en que dividen su patrimonio, lo que por años les ha permitido reducir su carga tributaria, las que hoy Arenas y Bachelet consideran que deben terminarse.
