El campo de batalla (segunda entrega)

El Estado no se derrumba. Lo derrumban.

Hay dos maneras de destruir una institución. La primera es la confrontación directa: el decreto que la cierra, la ley que la elimina, el discurso que la declara enemiga pública. Es ruidosa, genera imágenes, activa resistencia, moviliza defensas.

La segunda es más lenta y considerablemente más eficaz: se deja entrar a las personas equivocadas, se retira el financiamiento con paciencia quirúrgica, se hace inhabitable el cargo para quien tiene verdadera vocación de servicio, y se espera. No hay decreto que impugnar. No hay imagen que viralizar. Solo una institución que, un día, ya no funciona.

En la columna anterior de esta serie argumenté que este gobierno opera con la lógica de una misión ideológica, no con los cálculos de la política electoral ordinaria. Su objetivo es transformar el país en un sentido profundo y duradero. Esa premisa tiene una consecuencia directa sobre cómo se relaciona con el Estado: si el Estado es, en su visión de mundo, un agente de corrupción moral y dependencia colectiva, entonces reducirlo no es una política pública, sino un imperativo ético, y la forma más eficaz de reducirlo —la que genera menos resistencia y deja menos huellas— no es el bulldozer, sino la termita. Silenciosa, sistemática, difícil de nombrar hasta que el daño ya está hecho.

Una manera de hacerlo es antigua y efectiva: sacar a las personas que hacen funcionar las instituciones. No mediante purgas formales, que generan escándalo y solidaridad corporativa, sino por una vía más refinada: hacer el cargo insoportable para quien tiene convicciones distintas a las del gobierno. Se multiplican los controles, se desautoriza públicamente al funcionario, se lo excluye de las decisiones relevantes, se instala la desconfianza en su entorno.

El resultado es una renuncia que nadie ordenó formalmente, que no deja rastro en ningún sumario y que el gobierno puede presentar como ejercicio normal de la rotación de cargos. Lo que se pierde con esa renuncia —años de experiencia acumulada, redes institucionales, memoria organizacional— es exactamente lo que no se repone con el nombramiento del reemplazante, porque el reemplazante no fue elegido por su competencia, sino por su alineamiento.

Luego está la contracara del primero: una vez producido el vaciamiento, se procede al llenado. Pero el criterio de selección no es la idoneidad técnica, sino la fidelidad doctrinaria. En una democracia normal, los gobiernos nombran a personas de confianza en los cargos de conducción política —eso es legítimo y esperable— y dejan a los cuadros profesionales en los roles técnicos. El resultado no es solo un gobierno más ideológico —eso también sería legítimo— sino instituciones progresivamente menos capaces de cumplir sus funciones, porque la competencia técnica fue subordinada a la lealtad.

La consecuencia de mediano plazo es una degradación silenciosa de la calidad del Estado que no se nota en el momento del nombramiento sino dos o tres años después, cuando la política pública que ese organismo debía implementar simplemente no funciona. Para entonces, el gobierno puede señalar la ineficiencia del Estado como prueba de que tenía razón desde el principio: el Estado no sirve. Lo que no dirá es que contribuyó activamente a inutilizarlo.

El golpe duro viene desde el lenguaje técnico del presupuesto, territorio donde el debate público raramente llega con la profundidad necesaria. Organismos como el INDH, sitios de memoria u otros cuya razón de ser contradice la visión de mundo del gobierno no se eliminan: se asfixian. Se recortan sus presupuestos en porcentajes que, aislados, parecen parte de un ajuste general, pero que acumulados en los mismos organismos año tras año revelan una selectividad que no puede ser accidental.

El resultado es una institución que formalmente existe —puede exhibirse como prueba de normalidad democrática ante organismos internacionales—, pero que en la práctica opera con una capacidad tan reducida que su función se vuelve simbólica.

Este mecanismo es especialmente eficaz, porque no genera el costo político del cierre directo. Nadie puede señalar el día en que el INDH dejó de existir, porque formalmente sigue existiendo. Pero quienes trabajan en él saben que con ese presupuesto no pueden investigar, no pueden llegar a regiones, no pueden cumplir el mandato para el que fueron creados. La institución muere en silencio, sin fecha ni titular de prensa.

Los tres “mecanismos” señalados—vaciamiento de personas, captura ideológica de cargos, desfinanciamiento selectivo— no son hechos aislados ni producto de la improvisación. Son partes de un diseño coherente que solo se vuelve legible cuando se mira el conjunto. Cada nombramiento cuestionable, cada renuncia inexplicada, cada recorte presupuestario focalizado puede presentarse por separado como una decisión razonable o incluso inevitable. Es solo cuando se conectan los puntos que emerge el patrón. Y nombrar el patrón —darle un nombre, describirlo como sistema— es el primer acto político de resistencia, porque la demolición silenciosa funciona precisamente mientras permanece invisible, mientras cada pieza se analiza aislada de las demás.

¿Qué hacer frente a esto? La respuesta no puede ser puramente reactiva, porque la demolición silenciosa —y su versión ruidosa, cuando conviene— está diseñada precisamente para hacer ineficaz la reacción caso a caso. Requiere al menos tres cosas. La primera es documentación sistemática: construir el registro acumulado de los nombramientos, las renuncias, los recortes y los usos políticos de la violencia, de manera que el patrón sea visible y verificable, no solo intuido.

Esa es una tarea que corresponde tanto a la oposición política como a la sociedad civil, la academia y el periodismo de investigación. La segunda es disputar cada pieza como parte del conjunto: cada nombramiento cuestionable, cada querella que se extiende más allá de lo legal, cada propuesta de intervención en espacios autónomos debe debatirse no solo en sus méritos individuales sino como evidencia del sistema. La tercera —y la más exigente— es construir una narrativa positiva sobre el Estado y sobre la autonomía universitaria que no sea solo defensiva.

No alcanza con decir que un gobierno los está destruyendo. Hay que decir también qué Estado queremos, para qué sirve la universidad libre, por qué vale la pena defenderlos y mejorarlos en lugar de abandonarlos a su suerte. Esa narrativa está casi completamente ausente del campo opositor. Y su ausencia es un regalo que la oposición le hace, cada día, al gobierno imperante. Hay dimensiones adicionales de este fenómeno —el rol de la sociedad civil, la relación entre autonomía universitaria y proyecto político, la respuesta institucional posible— que merecen desarrollo propio y que están pendientes.