Florencia Ortúzar: “La transición energética en Chile ya comenzó. La pregunta es cómo continuarla”

En un escenario global atravesado por transformaciones energéticas aceleradas, la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles –que comienza este viernes en Santa Marta, Colombia– se presenta como una oportunidad para que un grupo de países avance de forma concreta en la salida de los fósiles.

Para la directora del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Florencia Ortúzar, el momento abre espacio para construir acuerdos más ambiciosos, con mayor protagonismo del sur global y capacidad de incidir en estándares internacionales.

Desde esa perspectiva, Ortúzar plantea que la transición energética puede ser también una oportunidad para corregir desequilibrios históricos y avanzar hacia sistemas más justos, descentralizados y sostenibles. La clave –sostiene– está en que este proceso no solo cambie la fuente de energía, sino que incorpore nuevas formas de desarrollo que integren a las comunidades y distribuyan mejor sus beneficios.

-La conferencia busca avanzar donde la COP de Belém no logró acuerdos sobre combustibles fósiles. Desde AIDA, ¿qué condiciones mínimas deberían darse en Santa Marta para que no se repita un resultado declarativo sin efectos concretos?
-Santa Marta no es una COP ni pretende serlo. No están todos los países, sino solo los que han declarado que quieren avanzar en la salida de los combustibles fósiles. Por eso el estándar para medir su éxito debe ser distinto.

Hay tres puntos clave para que sea exitosa y no un ejercicio declarativo:

El primero es la legitimidad. Este proceso no puede reproducir el sesgo del Norte Global. Si Santa Marta va a ser la plataforma de los países que quieren liderar la salida de los fósiles, las voces del Sur Global, que son quienes enfrentan directamente las consecuencias de la extracción y quienes serán responsables de implementar la transición en sus territorios, tienen que estar al centro, no como invitados. Sin esto, la alianza nacerá debilitada desde el inicio.

El segundo es la durabilidad. Lo que salga de Santa Marta debe quedar blindado contra cambios de gobierno y ciclos políticos. Ya vimos lo que pasa cuando los compromisos dependen de quien esté en el poder, basta ver los retrocesos ambientales que estamos viviendo en varios países de la región. Por eso desde AIDA insistimos en que los compromisos de transición que ya han hecho los países y que están en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) se traduzcan en políticas de Estado y en legislación interna ejecutable.

El tercero es continuidad. No estamos empezando desde cero. Tenemos el Acuerdo de París, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que son vinculantes y los avances en la propuesta de enmienda de la Organización Marítima Internacional (OMI) para descarbonizar el transporte marítimo. Santa Marta tiene que construir sobre esa base, no reinventarla. No hay tiempo para empezar de nuevo.

-¿Y cómo se conectan aquellas variables con un contexto de inestabilidad política internacional como la guerra de EE.UU. e Israel en Medio Oriente y el conflicto en el estrecho de Ormuz?
-Ese contexto no se puede ignorar. Esta conferencia ocurre en medio de la mayor crisis petrolera en medio siglo. La guerra y el cierre del estrecho de Ormuz están demostrando al mundo que la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema climático, es también un riesgo de seguridad pública y, en última instancia, para los derechos humanos de millones de personas a lo largo de todo el planeta.

A diferencia de crisis energéticas anteriores, hoy contamos con la tecnología y las alternativas para salir de los combustibles fósiles. El riesgo, sin embargo, es que la guerra nos lleve precisamente en dirección opuesta, a buscar nuevas reservas de fósiles para explotar, prolongando durante años la dependencia de sistemas centralizados, contaminantes y vulnerables a conflictos sociopolíticos. Esa evidencia, hoy más visible que nunca, debería estar en el centro de las decisiones que se tomen en Santa Marta.

-Uno de los ejes es abordar las barreras legales internacionales –como los tratados de inversión– que protegen proyectos fósiles. ¿Qué tan viable es hoy desmontar o reformar ese andamiaje jurídico?
-No es una negociación sencilla. Estamos hablando de intereses económicos muy fuertes y, para muchas empresas, de la protección de sus ganancias. Por eso, cualquier cambio en este andamiaje jurídico genera resistencias.

Sin embargo, sí es viable avanzar si se hace de manera estratégica y colectiva. Una opción es impulsar un bloque de países de la región que promueva la renegociación de tratados y cláusulas con los principales países inversionistas. La clave está en plantearlo no como una ruptura, sino como una oportunidad para actualizar las reglas del juego, garantizando seguridad jurídica para ambas partes, pero sin comprometer la soberanía de los Estados ni su capacidad de regular para cumplir compromisos internacionales y fines constitucionales de interés público.

No se trata de reducir las condiciones para los inversionistas, sino de equilibrar el tablero. Si este esfuerzo se posiciona como la definición de condiciones mínimas para una transición energética justa, en la que todos ganan, es posible reducir tensiones y abrir espacios de diálogo más constructivos.

-Se habla de una “coalición de los dispuestos”, pero sin grandes emisores globales. ¿Puede funcionar?
-La ausencia de los grandes emisores no es una debilidad de Santa Marta, sino más bien su razón de existir. Llevamos tres décadas de negociaciones climáticas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde los países con intereses fósiles bloquean sistemáticamente cualquier avance. La última COP (COP30) en Belém ni siquiera logró mencionar los fósiles en su acuerdo final. Santa Marta es la respuesta a eso, avanzar con los dispuestos, sin el veto de los que no ofrecen una vía alternativa.

Ya existen precedentes. En el ámbito marino la enmienda a MARPOL en la Organización Marítima Internacional (OMI) logró una coalición de países que empujó un marco vinculante para descarbonizar el transporte marítimo, sin esperar a que todos estuvieran de acuerdo. Las coaliciones de los dispuestos pueden, así, desbloquear el multilateralismo.

¿Es estructuralmente suficiente? Si lo medimos en las toneladas de CO₂ que los países convocados emiten, evidentemente no. Pero ese no es el único criterio para medir el impacto. Una coalición así puede generar estándares y crear precedentes difíciles de ignorar. Si 50 países acuerdan que los tratados de inversión no pueden usarse para bloquear la transición, eso crea un marco normativo que presiona incluso a los que no participan.

En un contexto de creciente inestabilidad energética, este tipo de iniciativas puede acelerar dinámicas que el multilateralismo tradicional no ha logrado destrabar.

-América Latina lidera este impulso, pero sigue dependiendo de recursos extractivos. ¿Cómo se equilibra eso?
-Creo que es tiempo de asumir que urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen. La guerra actual lo está demostrando claramente. Un conflicto geopolítico que está ocurriendo en un punto del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. La dependencia de los fósiles no da estabilidad, sino vulnerabilidad.

Ahora, para analizar a la región, hay que tener claro que esta se compone de países muy diferentes entre sí, no es homogénea. Hay países como Chile, que no tienen reservas fósiles, que siempre las han importado y que han invertido en renovables en los últimos años. Mientras que otros, como Venezuela, Argentina y Brasil, cuentan con algunas de las más grandes reservas de fósiles en el planeta y a los cuales la crisis les abre una ventana de oportunidad económica enorme.

Y eso último plantea un riesgo gigante, pues podría llevar a que se inviertan miles de millones en infraestructura fósil de largo plazo que nos dejen atados a sistemas que han demostrado ser injustos, inestables y ambientalmente insostenibles.

Desde AIDA planteamos que esta guerra debe marcar un punto de inflexión. En vez de buscar nuevas reservas de combustibles fósiles en otras regiones para sustituir las afectadas por el conflicto geopolítico, es momento de invertir en cambiar el modelo energético hacia uno limpio, descentralizado y local, que aproveche el potencial de los recursos renovables que existen en todos los territorios.

Al mismo tiempo, planteamos que la transición tiene que ser planificada, ordenada y justa. Eso significa que el cierre de operaciones fósiles se haga de manera responsable, con remediación ambiental y social, con reconversión laboral y con participación de las comunidades afectadas. Y que los nuevos proyectos que entren en reemplazo de los fósiles deben desarrollarse con legitimidad, garantizando la participación de las comunidades locales y el resguardo del ambiente y de las personas.

No podemos repetir los errores del pasado y seguir sacrificando a los mismos de siempre en beneficio de unos pocos. Además de que no es moral ni legalmente viable, tampoco funciona en la práctica al generar resistencia y las mismas crisis que vemos hoy en día. Lo que tenemos adelante es una oportunidad de cambio, como no hemos tenido otra en la historia reciente, y es fundamental aprovecharla.

-Desde la justicia ambiental, ¿cuál es el mayor riesgo de una mala transición?
-Este es un tema que nos preocupa en AIDA. La guerra nos está dando una lección muy dura sobre esto. Pensémoslo así: lo ocurrido con el cierre del Estrecho de Ormuz es, en la práctica, un corte abrupto de una parte importante del suministro fósil mundial. Es, de cierta forma, lo que el mundo necesita hacer, reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles. Pero no de esta manera, de un día para otro, sin resguardo, ni planificación.

Lo que estamos viendo en algunos países –hospitales sin electricidad, olas de calor sin acceso a sistemas de enfriamiento, escuelas cerradas y economías en crisis– es exactamente lo que pasa cuando la salida de los fósiles no se planifica. Es el argumento más potente a favor de que la transición sea ordenada y justa. Hoy, gran parte del mundo depende de los fósiles para cubrir necesidades básicas, y no podemos cortar ese suministro sin tener alternativas funcionando.

Existe un riesgo que va más allá de la velocidad de la transición y tiene que ver con la estructura del sistema energético. Hoy, la energía está concentrada en pocas corporaciones que operan con una lógica centralizada: extraen en un lugar, procesan en otro, venden a miles de kilómetros, mientras las comunidades donde ocurre la extracción cargan con los costos ambientales y sociales sin recibir beneficios. Eso es lo que pasó con el carbón en El Cerrejón, en Colombia, con el petróleo en la Amazonía y con la fundición de La Oroya, en Perú.

El riesgo real es que la transición energética reproduzca esa misma lógica con otro combustible. Es decir, que la empresa fósil sea reemplazada por una empresa renovable igual de extractiva, que se instala en el territorio sin consultar y exporta la energía sin dejar nada para las comunidades. Si eso pasa, vamos a tener una sociedad más limpia pero igual de injusta.

-¿Y qué pasa con los minerales clave para la transición?
-La tecnología para echar a andar energías renovables requiere litio, cobre y cobalto que abundan en América Latina. En el llamado “triángulo del litio”, entre Argentina, Bolivia y Chile, ya estamos viendo cómo la extracción de estos minerales replica los patrones del extractivismo fósil: intervención en territorios indígenas, uso intensivo de agua en zonas desérticas, beneficios que se van y costos que se quedan en los territorios.

Por eso desde AIDA insistimos en que la justicia no es un complemento de la transición, sino una condición para que funcione. Esto implica no solo cambiar la fuente de energía, sino el modelo. Es cierto que necesitamos proyectos renovables a gran escala, sin ello no se logra la transición en el poco tiempo que tenemos, pero esos proyectos tienen que entrar con legitimidad social, con consulta y participación genuina, con beneficios para las comunidades locales, con estándares ambientales reales.

Y, en paralelo, hay que promover soluciones de autogeneración y generación distribuida, darles a las comunidades la oportunidad para que produzcan su propia electricidad. Eso es soberanía energética real y es lo que garantiza que la transición no quede en manos de las mismas estructuras de poder concentrado.

-En Chile, ¿cómo avanzar sin generar costos sociales que frenen el proceso?
-Chile es un caso particular, porque la transición ya empezó. Cuenta con más del 60% de generación eléctrica de fuentes renovables, es uno de los primeros países de la región en comprometerse con la descarbonización y tiene una Ley de Cambio Climático vigente. Entonces, la pregunta para Chile no es cómo empezar la transición sino cómo continuarla.

El Mepco es un buen ejemplo de la tensión real. Es un mecanismo de estabilización de precios de combustibles que en la práctica funciona como un subsidio fósil. Pero se trata de un subsidio que se justifica cuando hay shocks de precios tan brutales como los que estamos viviendo con la guerra. No puedes dejar que el precio de la bencina destruya la economía de las familias más vulnerables de un día para otro. Eso es precisamente lo que significa una transición justa, que nadie se quede atrás.

El Mepco debería ser una herramienta de transición, no una muleta permanente. Lo que tiene que pasar, y debería haber comenzado hace tiempo, es que cada peso invertido en infraestructura energética nueva vaya hacia renovables, no hacia profundizar la dependencia fósil. La meta es llegar a un punto donde el Mepco ya no sea necesario porque el sistema energético se sostiene con fuentes que no dependen de lo que pase en el estrecho de Ormuz.

Chile tiene las condiciones para lograrlo, solo falta voluntad política para completar esa transición. Porque no basta con que Chile siga instalando capacidad renovable; tiene que asegurarse de que esa transición sea justa. Y hay una base concreta desde la cual trabajar: la NDC de Chile ya incorpora criterios de transición justa y esos compromisos son vinculantes.

Lo que corresponde ahora es llevarlos a la práctica, es decir, que las comunidades donde se cierran operaciones fósiles tengan alternativas reales, que los nuevos proyectos de energía limpia se desarrollen con participación local, y que los beneficios de la transición lleguen a los territorios y no se queden concentrados en las mismas manos de siempre. Chile tiene la oportunidad de ser un referente no solo en descarbonización, sino también en cómo llevarla adelante con justicia.