El anuncio de Bachelet incluye la fijación tarifaria del gas natural y pone al Estado en un nuevo rol regulatorio. Enap se convierte en actor clave. El nombre HidroAysén no estuvo en el discurso.
Todo apuntaba a que la fuerza de la agenda energética que anunciaría Michelle Bachelet tendría grandes novedades en el sector eléctrico. Pero el premio mayor se lo llevó el gas natural que a diario reciben los habitantes de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La reforma golpea al último bastión de un monopolio no regulado del sistema de servicios públicos e incluye la fijación tarifaria del gas natural. Además, pone al Estado en un nuevo rol regulatorio y la Enap se convierte en actor clave. También se les da un rol relevante a las energías renovables.
Junto con ello, el gobierno anunció ajustes a las licitaciones de bloques de clientes eléctricos para que postulen generadoras y lo hagan a precios un 25% menores a lo que se está contratando hoy. La principal innovación de esta medida será elevar el plazo de las licitaciones (tanto de la oferta como del inicio del suministro), para que ingresen nuevos competidores.
El objetivo de la reforma es poner freno al alza de los costos energéticos introduciendo mayor competencia y diversificación.
«Buscamos disminuir los costos marginales de electricidad al 2017 en un 30% en el sistema interconectado central que provee al 90% de la población», dijo la Presidenta al anunciar los objetivos de la iniciativa.
Cabe recordar que los costos energéticos en Chile son los más altos en la región. En marzo el gobierno propuso un impuesto al carbón.
En su discurso, Bachelet dejó claro que habrá un nuevo rol del Estado en la planificación, regulación y gestión del sector. «El Estado tiene una responsabilidad, en él recae el liderazgo de las acciones que se emprendan en esta materia», destacó la mandataria.
También apunta a fomentar la eficiencia energética. Se buscará reducir en 20% el consumo eléctrico al 2025, respecto de la demanda esperada a esa fecha.
Se dará un impulo a las inversiones energéticas a través de modificaciones en las licitaciones de suministro y, finalmente, el gobierno buscará mejorar la relación con las comunidades para evitar la judicialización de los proyectos.
Sorpresivamente, el gobierno informó que en el segundo semestre de este año –aunque en el detalle de la agenda lo planifican para 2015– enviarán al Congreso un proyecto de ley que permitirá realizar un proceso de fijación tarifaria en el negocio de gas de red, que es el gas natural que se distribuye por cañerías y que está concentrado en la Zona Central de Chile.
El gran perdedor del anuncio fue Metrogas, la filial de Gasco, que se dedica a la distribución de este combustible a las viviendas y empresas de Santiago. Junto con ella, se verá afectada GasValpo, la firma que distribuye en Valparaíso y Viña del Mar.
No estaba en los cálculos del mercado y así lo recibió el precio de la acción de Gasco, que cayó 4,14% en el día, con lo cual acumula una disminución de 15% en el año. Esta firma –que a su vez es controlada en un 56% por el holding CGE– controla el 51% de Metrogas. Otro 39% de Metrogas lo tiene el holding del grupo Angelini, Copec, que bajó casi 1%, pese a que venía creciendo más de 10% en el año.
Una alta fuente de la compañía reaccionó con sorpresa por el anuncio, indicando que esperan que la medida se concrete con criterio, dados los niveles de inversión que ha hecho la empresa. “Hubo una inversión de miles de millones de dólares que no se puede desconocer”, aseguró.
Según la memoria de 2013 de Metrogas, en los últimos 11 años la inversión llegó a US$ 1.081 millones, mientras que las ganancias acumuladas en el periodo –incluyendo los casi US$ 80 millones que perdió en 2008– suman casi US$ 740 millones. A diciembre, las deudas de Metrogas llegaban a $ 153 mil millones (unos US$ 280 millones).
De acuerdo a los resultados de la empresa a diciembre de 2013, la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) supera el 21%, cifra que sería reducida drásticamente si se aplicara la fórmula de empresa modelo que se utiliza para calcular las tarifas de servicios básicos como el agua (sanitarias) y distribución eléctrica (electricidad) cada cinco años.
Según dicha norma, existe un rango de rentabilidad que se puede obtener y no puede superar el 14%.
No obstante, las fuentes indican que Metrogas tiene un sistema semirregulado, donde las empresas deben operar con niveles de rentabilidad cercanos a 11-12%, lo que –aseguran– han respetado.
Esto, considerando que en una mirada de largo plazo, la rentabilidad de Metrogas es más acotada que la obtenida en 2013. Porque, si bien en los últimos dos años la firma obtuvo casi la mitad de las ganancias de la última década, entre 2007 y 2009 tuvieron cifras escuálidas, afectadas por las pérdidas de 2008.
En todo caso, reconocen que un sistema tarifario asimilado a lo que ocurre en otros “monopolios naturales” puede implicar cuestionamientos al valor de activos, afectando la tarifa que puede cobrar la compañía. El efecto lo dejó entrever Pacheco, quien manifestó que esperan que las tarifas de gas natural bajen. “Eso esperamos”, apuntó.
La agenda energética anunciada por Bachelet y el ministro de Energía, Máximo Pacheco, apuntó con fuerza a la preocupación que existe por el precio de la electricidad, el que se ha duplicado en los últimos 7 años y que, según el gobierno, podría subir 34% en los próximos años si no se realiza la inversión necesaria.
Por ello, la agenda reveló un fuerte esfuerzo por impulsar el Gas Natural Licuado (GNL), apalancado en el rol de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), la que no sólo vuelve a ser revelante en la política energética sino que adquirirá una relevancia cada vez mayor en el sector.
En 2004, cuando Argentina interrumpió el envío de gas natural al país, el entonces Presidente Ricardo Lagos echó mano a Enap para que coordinara a los privados y desarrollara el terminal de GNL en Quintero, que permitió tener casi cuatro años después diversas centrales de ciclo combinado.
Esta vez, el gobierno anunció que ampliará Quintero de 15 millones a 30 millones de metros cúbicos/día, lo que permitirá abastecer dos centrales de ciclo combinado que pueden generar 300 MW cada una.
Asimismo, Enap gestionará el desarrollo de un nuevo terminal de GNL en la zona centro sur de Chile. Esto se suma al terminal de Mejillones en la Segunda Región, donde Bachelet inauguró nuevas obras esta semana.
El director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, explicó que varias centrales a gas (ciclo combinado) están usando diésel y que con el mayor abastecimiento de GNL podrán reemplazar el diésel y bajar costos.
Para cumplir su rol, Enap será capitalizado en US$ 400 millones, cifra que no alcanza la mitad de los US$ 1.000 millones que se proyecta que requiere la compañía para enfrentar su alto endeudamiento, motivo que provoca críticas en el sector privado. El gobierno también invertirá US$ 250 millones por separado en el sector en los próximos cuatro años.
Esta es una de las principales medidas anunciadas por el gobierno para fomentar la competencia con la llegada de nuevos actores e incentivar las inversiones en este sector.
El ministro Pacheco ha criticado duramente a las empresas del sector, Endesa, AES Gener y Colbún, por no haber invertido en los últimos años los cuantiosos flujos que han generado.
El director y socio de Colbún, Bernardo Matte, no se dio por aludido por estas críticas. Reconoció, eso sí, que falta competencia en el mercado, pero delegó la falta de inversión en las otras empresas. “Nosotros hemos invertido más allá del flujo, somos lejos la empresa que más ha invertido, así es que, la verdad, esa crítica no nos afecta en nada. Colbún no se siente tocado por la falta de inversión”, dijo.
Junto al impulso al GNL, que “gasificará la matriz energética”, como dijo Pacheco a CNN Chile, la agenda delinea el concepto de asociatividad con las comunidades donde se pretendan realizar las centrales eléctricas.
Pacheco explicó que las comunas que se vean afectadas por estos proyectos podrían verse beneficiadas a través de aportes en patentes municipales o por participación en las ventas o incluso utilidades de las empresas. Ya no más beneficencia. “El país en que la empresa podía llegar y pintar la escuela o hacer una multicancha, se acabó”, aseveró.
Además, la agenda incluye la realización de un proceso de zonificación de cuencas hidrográficas en el país, donde se establezcan las zonas con mayores posibilidades de realizar los proyectos. Junto con ello, el Ministerio de Bienes Nacional realizará la licitación de terrenos donde se puedan instalar las centrales hidroeléctricas.
Pese a esto y a que las empresas generadoras apoyaron la agenda, en privado cuestionan el costo que tendrá el GNL que llegará del extranjero, el cual elevará el valor de la energía. Además, advierten que no hay señales claras sobre lo que se hará para que se concreten nuevos proyectos de carbón y agua en los próximos años.
En la entrevista con CNN, Pacheco despejó todas las dudas. Reconoció que esta agenda no permitirá reducir los precios de la electricidad. “La cuenta de la luz no va a bajar. Los contratos son a diez o 15 años plazo y ese partido ya está jugado. Esto va a empezar a tener algún impacto cuando veamos que se sustituye la energía que se produce con diésel a cambio de gas, cuando se hagan nuevas licitaciones, que traerán más competencia y permitan agregar nuevas tecnologías más limpias”, explicó.
Pacheco aludió así a la baja de 20% que se proyecta para las licitaciones de suministro, lo que significa que aspiran a no haya alzas adicionales en la electricidad de los clientes de esas licitaciones. Respecto a ese incremento, el gobierno estima que no se producirá si son exitosas las nuevas licitaciones con plazos mayores, pero ello no implicará bajas.
El ministro, además, no descartó que el Estado pueda participar como accionista en proyectos de generación eléctrica. “No descartamos nada, somos muy pragmáticos. Vamos a usar a Enap para que tenga un rol protagónico en la estrategia de desarrollo energético. Se le va a capitalizar con US$ 400 millones y al Ministerio se le adicionan US$ 250 millones para gasto e inversión”, apuntó.
La agenda no dijo una sola palabra sobre HidroAysén. ¿La razón? Pacheco dejó claro el tema por la noche en CNN.
“HidroAysén no está incluido en la agenda, va a ser tratado como un proyecto específico y la decisión la tomará el Consejo de Ministros en junio. Le puedo asegurar que ese día se tomará una decisión sobre ese proyecto”, aseguró, sin querer referirse a las declaraciones del presidente de dicho consejo, el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, quien afirmó hace pocos días que no había medida que pudieran tomar para hacer viable dicho proyecto.
