Luego del requerimiento de AFP Habitat para sacar al fiscal José Morales del caso –debido a varias críticas hacia su gestión–, la Fiscalía Nacional optó por mantenerlo en la causa, al menos por ahora. Eso sí, Sabas Chahuán le pidió al Fiscal Regional Andrés Montes adoptar las medidas que correspondan sobre la investigación.
El fiscal del caso Cascada, José Morales, quedó con tarjeta amarilla. Esa fue la interpretación de los querellantes tras conocerse la resolución de la Fiscalía Nacional frente al reciente requerimiento que le hizo AFP Habitat.
Hace dos semanas, la administradora de pensiones acudió al organismo dirigido por Sabas Chahuán, planteando sendas críticas al proceso que lleva adelante Morales, jefe de la Unidad de Delitos Económicos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. Esto, con la intención de removerlo del caso y que, en el mejor de los escenarios, la investigación la asuman Chahuán y su equipo.
Sin embargo, Solange Huerta –en nombre del Fiscal Nacional– le comunicó a la AFP que, al menos por ahora, no se da lugar a su petición, aunque “la ha puesto en conocimiento del Sr. Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte (Andrés Montes, hijo del senador Carlos Montes), para que adopte las medidas que correspondan en relación a la investigación señalada”.
Tras conocerse dicha determinación, la Fiscalía Centro Norte no quiso dar su visión a El Mostrador Mercados. No así algunos querellantes del Caso Cascada, quienes en forma anónima sostuvieron que la decisión de la Fiscalía Nacional implica que Montes debe “supervigilar el desarrollo de la investigación y verificar que se cumplan los estándares mínimos de la misma. Además, debe analizar si es efectivo que no se han realizado todas las diligencias necesarias”, como lo denunció la AFP.
En general, los querellantes están molestos por la lentitud del proceso y no se explican cómo, a casi tres años de la primera querella contra Julio Ponce, todavía no sea formalizado. En conversación con este medio en junio pasado, José Morales sostuvo que “a las personas se les formaliza en la medida que la Fiscalía tiene la convicción de que existen antecedentes para formalizarlo”. Luego, en Diario Financiero, expuso que las presiones por procesar al otrora presidente de SQM son “populistas”, considerando la coyuntura que lo puso al frente tras destaparse las boletas presuntamente falsas relacionadas con la minera no metálica. Y la semana pasada dijo a Qué Pasa: “No hay ninguna hoja donde Aldo Motta haya pedido autorización a Julio Ponce respecto a alguna operación. Si no tienes esto, no tienes caso contra Ponce”.
Lo anterior, sin embargo, contrasta con el corazón de las críticas que hizo públicas la AFP: Habitat no reclama el hecho de que Ponce no esté formalizado, sino el hecho de que en un proceso como este no haya material suficiente para, eventualmente, desechar una formalización.
En este sentido, la AFP le comunicó a la Fiscalía Nacional lo siguiente: “Llaman la atención ciertos informes de prensa recientes, que dan cuenta que ‘fuentes cercanas a la fiscalía’ señalan que no existirían, en el presente caso, antecedentes suficientes para atribuir responsabilidad a otras personas, lo que impide su formalización, lo que viene –en cierta forma– a dar cuenta de un interés por circunscribir la investigación al imputado ya formalizado Sr. Motta, lo que, a nuestro juicio, carece de todo fundamento, principalmente porque el avance tan modesto que muestra la investigación, impide –por prudencia– formular juicios como estos. Evidentemente, falta por determinar la responsabilidad de otros sujetos que conocieron y participaron en las operaciones cuestionadas por la SVS, o que, por lo menos, se beneficiaron de ellas”.
Fiscalía Regional atenta
Si bien Moneda Asset Management ya había acudido a Andrés Montes para agilizar la investigación de Morales, ahora es la Fiscalía Nacional la que le ordenó tomar medidas al respecto.
Hasta la fecha, los querellantes han solicitado una serie de diligencias a las que Morales no ha dado a lugar, por ejemplo, la información contable de las sociedades personales del grupo de personas sancionadas por la SVS, como Julio Ponce y Roberto Guzmán, entre otros.
En junio, Morales le comentó a El Mostrador Mercados la razón: “Hay empresas que la Fiscalía no considera necesarias para la investigación. No puedo responderle sobre las diligencias que hacemos o no, porque existe una carpeta investigativa”.
Dicho criterio es fuertemente cuestionado particularmente por Moneda, considerando que, sobre la base del esquema sancionado por la SVS, el ciclo de las operaciones bursátiles termina en las sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales del esquema, por tanto, es necesario conocer su contabilidad para saber el paradero final de las utilidades obtenidas por estos.
