Rabat contra las cuerdas: se desliga de las 56 rebajas de penas y se aferra al respaldo de Kast

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, volvió a enfrentar los cuestionamientos por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Esta vez, el secretario de Estado debió responder por antecedentes que advierten un alto riesgo de reincidencia entre algunos de los beneficiados, mientras crecen las críticas a su gestión y se mantiene la amenaza de una acusación constitucional en su contra.

En una comparecencia ante la prensa que se extendió por cerca de siete minutos, desde las dependencias del Ministerio de Justicia, Rabat defendió el procedimiento administrativo que permitió otorgar las reducciones de penas y sostuvo que su cartera no tiene atribuciones para evaluar los antecedentes individuales de los condenados.

El ministro enfrentó las consultas luego de que una investigación de Radio Bío Bío identificara a 33 de los 56 beneficiados y revelara informes de Gendarmería que advertían sobre factores de riesgo, falta de reconocimiento de los delitos y ausencia de empatía con las víctimas en algunos casos.

Entre los antecedentes conocidos figuran condenados por violaciones y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que recibieron reducciones de penas pese a evaluaciones penitenciarias que alertaban sobre un alto riesgo de reincidencia.

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Frente a estos antecedentes, Rabat insistió en que la responsabilidad de analizar las solicitudes corresponde a una instancia especializada y no al Ministerio de Justicia. “Hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Cortes de Apelaciones, por jueces y también por psicólogos y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”, afirmó.

El secretario de Estado explicó que la intervención de su cartera se limita a comprobar que las solicitudes cumplan las condiciones administrativas establecidas por la legislación.

“El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia luego es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, sostuvo.

Con esa explicación, Rabat buscó delimitar la responsabilidad del ministerio en la aprobación de las rebajas, pese a que los decretos que permitieron concretarlas fueron suscritos por autoridades de la cartera que encabeza.

Según la investigación de Radio Bío Bío, de los 33 casos identificados, 22 decretos fueron firmados por el propio Rabat, otros 10 por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y uno por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Los antecedentes también indican que todos los condenados identificados se encuentran actualmente en libertad.

La controversia se profundizó luego de conocerse evaluaciones de Gendarmería que advertían que algunos beneficiados no reconocían los delitos por los cuales habían sido condenados y presentaban factores asociados a un eventual riesgo de cometer nuevas agresiones sexuales.

Consultado sobre estos informes, Rabat reiteró que la evaluación corresponde a los organismos especializados que participan en el procedimiento.

“Es importante cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista”, afirmó.

No obstante, el secretario de Estado reconoció la necesidad de modificar el sistema y anunció que el Ejecutivo trabaja en una propuesta legal destinada a otorgar mayor relevancia a los informes elaborados por Gendarmería.

“Lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”, explicó.

El ministro defendió además que el procedimiento cuestionado no fue creado por la actual administración, sino que se encuentra vigente desde hace más de dos décadas.

“En todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación”, señaló.

Sus declaraciones se producen después de que el Presidente José Antonio Kast reconociera errores en la tramitación de las rebajas de condena y anunciara medidas para impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de lo ocurrido, Kast descartó remover a Rabat de su cargo y argumentó que su salida solo permitiría disminuir temporalmente la controversia, sin resolver los problemas del sistema.

El titular de Justicia también abordó los recursos judiciales relacionados con estas solicitudes, indicando que algunos beneficiados recurrieron de amparo, mientras que otros no lo hicieron. Según explicó, esta última situación corresponde a la mayoría de los casos.

Sus declaraciones se producen después de que se conociera el caso de Manuel Cabezas, exsuboficial de la Fuerza Aérea condenado por torturas cometidas durante la dictadura, quien recibió una rebaja de ocho meses de su condena mediante un decreto firmado por Rabat.

Cabezas defendió públicamente el beneficio, agradeció que el Gobierno de Kast firmara la resolución y negó haber cometido los delitos por los cuales fue condenado por la justicia.

Fue precisamente en ese contexto que Rabat recibió una de las preguntas más directas de su comparecencia: si su permanencia en el gabinete podía convertirse en un obstáculo para el Gobierno.

El secretario de Estado evitó profundizar en los cuestionamientos y se limitó a recordar que cuenta con el respaldo del Presidente. “Yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este ministro de Justicia. Muchas gracias”, respondió.

Con esa declaración dio por concluida su intervención sobre su continuidad, sin abordar directamente los argumentos que podrían sustentar una acusación constitucional.