«La visión de los equipos del FMI sobre la agenda de las autoridades reconoce efectos negativos de corto plazo y, con una mirada de mayor tiempo, señalan que la efectividad de dichas reformas están sujetas a un alto grado de incertidumbre, dada la complejidad de las mismas y la necesidad de monitorearlas de manera permanente».
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el Informe de Consulta del Capítulo IV sobre Chile, que corresponde a un compendio de encuentros bilaterales donde técnicos dan su visión respecto a la situación económica y financiera del país, así como de eventuales riesgos. Desde el punto de vista teórico incluye una serie de sofisticados ejercicios para dar cuenta de las preocupaciones que podrían afectar el bienestar nacional.
En este sentido, el reporte es una confirmación de los temores provenientes tanto del exterior como del interior. En efecto, el organismo internacional reconoce un escenario menos favorable para Chile, siendo la principal inquietud el derrumbe de la inversión. Y es que más allá del fin del ciclo del cobre, los costos de ajuste de las reformas del Gobierno y la pérdida de la confianza son los responsables domésticos del menor crecimiento.
En este ambiente, la visión de los equipos del FMI sobre la agenda de las autoridades reconoce efectos negativos de corto plazo y, con una mirada de mayor tiempo, señalan que la efectividad de dichas reformas están sujetas a un alto grado de incertidumbre, dada la complejidad de las mismas y la necesidad de monitorearlas de manera permanente.
Los análisis presentados midieron el efecto de las reformas sobre el producto potencial, quedando este último en terreno positivo. Sin embargo, la principal fuente de este mayor crecimiento está en el impacto que tendrá la hasta ahora poco discutida reforma al sector eléctrico, que se ha visto beneficiada por una caída en el precio del petróleo. Así las cosas, resulta paradójica la diferencia de criterios entre los analistas locales y los de Washington, sobre todo si reconocemos que la amplia y continua agenda de reformas del gobierno nos dificulta aislar los efectos de cada una de ellas.
Pese a lo anterior, el informe intenta ir más allá y también realiza una serie de recomendaciones acerca de aquellas políticas públicas que mejorarían la capacidad de crecimiento a largo plazo, reduciendo con ello algunas brechas respecto al resto de países OCDE, sobre todo en infraestructura eléctrica y de transporte, y en materia educacional, dado el bajo rendimiento de las pruebas pisa. Nuevamente, resulta paradójico que el core de la reforma educacional hasta el momento no considere mejoras en el rendimiento académico.
Con todo, lo que sí está claro –tanto para analistas internacionales como locales– es que no habrá recuperación en la capacidad de crecer si no es a través del sector privado. Aquí, las últimas señales políticas nos sugieren que aún nos falta tiempo para recuperar el dinamismo y confianza de las personas y empresas. Con todo, sin duda este informe debe ser tomado como una referencia para las distintas autoridades, y un espaldarazo internacional al discurso público de los ministros Burgos y Valdés al reconocer que los costos económicos derivados de estos profundos cambios deben ser mitigados y, lo más importante, llevar a cabo reformas bien diseñadas. Si no escuchamos a los expertos locales, al menos pongamos atención a lo que dicen los gurúes internacionales. De otra forma, tendremos como resultado final algo que está fuera de todo pronóstico.
Por Felipe Bravo
Economista Banco Santander
