La Moneda anunció la urgencia para el proyecto de ley que eleva las multas y las sanciones por ser parte de un cartel. Sernac ofició a empresa para buscar compensaciones y e CDE y el Ministerio Público entran el ruedo.
El peor momento para los empresarios fue el que desató la entrevista dada por el presidente de la emblemática papelera CMPC, Eliodoro Matte, el fin de semana, donde reconoció la colusión en la que participó su empresa, pidió perdón, pero aseguró que fueron engañados por los ejecutivos que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) nombra como protagonistas del cartel.
Las palabras del presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP) desataron una ola de reacciones y, al mismo tiempo, activaron las acciones de distintas entidades del Estado que buscarán verificar responsabilidades penales, daño al Estado y compensaciones para los consumidores.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que se dio suma urgencia al proyecto de ley que establece penas de reclusión menor en su grado mínimo –5 años y 1 día a 10 años– para los delitos de colusión, al tiempo que eleva las multas a un nivel de hasta 30% de las ventas de las empresas involucradas en el cartel.
La iniciativa lleva 7 meses en el Congreso y a partir de ahora tiene dos semanas para ser despachada a ley, pese a que actualmente aún no es votada por la Sala de la Cámara de Diputados en su primer trámite en Valparaíso.
Transversalmente parlamentarios han cuestionado la actuación de CMPC y SCA, por lo que se prevé una rápida tramitación.
Junto con ello, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que oficiará a las compañías involucradas para que informen de qué manera compensarán a los clientes afectados. Según el titular de la entidad pública, Ernesto Muñoz, la fórmula puede incluir descuentos o devolución de dinero. Matte pidió perdón en la entrevista con El Mercurio, pero negó que estuviera enterado de la colusión que duró más de una década.
«Tenemos a altos ejecutivos que han expresado arrepentimiento, por lo que creemos que llegó el momento de pasar de las palabras a los hechos, y ese arrepentimiento significa ofrecer compensaciones y devolver lo que se les cobró mal a los consumidores» dijo Muñoz, agregando que las compensaciones no pueden incluir una propuesta general sino vinculada al daño causado.
El Estado activó las vías judiciales. Por un lado, el Ministerio de Hacienda indicó que pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar si hubo algún perjuicio al fisco y, en paralelo, el Ministerio Público anunció la designación del fiscal Cristián Galdames para que inicie la persecución de responsabilidades penales en el caso. La designación de Galdames ocurrió luego de la denuncia presentada por diputados de la Nueva Mayoría.
Según explicó el vocero y jefe del área jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana, Marcos Pastén, se solicitarán los antecedentes del caso a la FNE, para luego determinar las diligencias a encargar, no descartando que pudieran citar a declarar a Eliodoro Matte y el ex dueño de Pisa (ex SCA), Gabriel Ruiz-Tagle, quien fue ministro del Gobierno de Sebastián Piñera.
Eso sí, el Ejecutivo evitó atacar directamente al grupo Matte y a su presidente, optando por el discurso de que funcionen las instituciones, y aplaudiendo las palabras del timonel del CEP, quien pidió perdón por lo ocurrido.
“El pedir perdón siempre es positivo, los alcances en la cuestión de fondo, más allá de lo brutalmente reprochable y grave para ciudadanía que es el ponerse de acuerdo en precios, yo creo que está funcionando la institucionalidad, hay una Fiscalía que está remeciendo el árbol y eso es lo central, que las instituciones funciones y que nadie se crea impune a afectar el funcionamiento del mercado”, dijo el ministro del Interior Jorge Burgos.
Cabe recordar que en marzo pasado CMPC obtuvo de la FNE la solicitud ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que le exima de multas por haberse autodenunciado –usando el beneficio de la delación compensada–, tras lo cual, según Matte, entregó gran parte de los antecedentes que usó la Fiscalía para presentar el requerimiento ante el TDLC.
Por ello, el Ministerio Público pidió multas solo para SCA (US$ 15 millones), pues a CMPC le otorgó el beneficio de la delación compensada referida.
