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Diputado Bassa (FA) cuestiona que reforma de seguridad extienda castigos más allá de las condenas
El diputado del Frente Amplio criticó la propuesta que impediría acceder a prestaciones sociales durante 15 años después de cumplir una condena. Advirtió que la iniciativa extiende los efectos punitivos del Estado más allá de las penas impuestas por los tribunales.
El diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsará el Gobierno y advirtió que algunas de sus disposiciones podrían convertir la Carta Fundamental en un “catálogo de exclusiones”.
El borrador que se conoce hasta ahora contempla 11 modificaciones destinadas a ampliar las facultades del Estado frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, según informó BioBioChile.
Entre los cambios se propone incorporar un artículo 9 bis para establecer regímenes penitenciarios diferenciados. También se plantea que las personas condenadas por determinados delitos no puedan acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas con salud, educación, trabajo y seguridad social mientras cumplen su pena y durante los 15 años posteriores.
“Me preocupa que el Gobierno pretenda convertir la Constitución en un catálogo de exclusiones y que confunda una política de seguridad con la acumulación de castigos”, sostuvo Bassa.
El parlamentario afirmó que el Estado necesita mayores herramientas para enfrentar al crimen organizado, pero advirtió que impedir el acceso a prestaciones sociales después de cumplida la condena supone prolongar el castigo fijado por los tribunales.
Reinserción y límites constitucionales
“Una política seria tiene que perseguir y sancionar con firmeza, pero también prevenir, rehabilitar y evitar que el delito se reproduzca. La mano dura, sin una visión de futuro, puede servir como consigna, pero difícilmente construye un país más seguro. La Constitución no está para administrar venganzas”, señaló.
La propuesta también crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública ante la actuación de organizaciones criminales. El mecanismo permitiría restringir las libertades de locomoción y reunión, además de establecer fórmulas de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Bassa sostuvo que el Congreso deberá examinar especialmente el alcance de estas modificaciones y compatibilizar el fortalecimiento de las capacidades estatales con el respeto de las garantías fundamentales y los límites constitucionales.
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