El rol de la FAO y la estrategia para evitar destapar la corrupción en el sector pesquero

La grave crisis de sustentabilidad pesquera a la que llegó Chile, no fue originada por la insuficiente normativa legal que teníamos hasta antes de la ley Longueira y menos por algún vacío que esta última descubrió y que decidió reparar.

Por lo mismo resulta incomprensible que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el gobierno de la Presidenta Bachelet, le hayan pedido a un organismo técnico como la FAO que pueda resolver un problema de corrupción que tiene un trasfondo judicial.

La crisis de la sustentabilidad pesquera que afecta a nuestro país y que pasa por el colapso de las principales pesquerías, tiene su origen en las autoridades a cargo de Subpesca y Sernapesca que durante el último par de décadas faltaron al mandato constitucional que dice que es «deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza».

Esto compromete entre otros a los ex subsecretarios de Pesca Felipe Sandoval, Juan Cruz Sánchez, Carlos Hernández, Jorge Chocair, Pablo Galilea como autores de proveer vía resoluciones exentas –sin valor legal alguno– autorizaciones para pescas de investigación que encubrían pescas comerciales, por millones de millones de kilos de distintas especies pesqueras: jurel, anchovetas, merluza común, merluza austral, sardina austral, etc., y que terminaron en el colapso de todas las anteriores especies, mecanismo al que recurrieron para el enriquecimiento ilícito por cientos de millones de dólares de un puñado de grupos empresariales que se beneficiaban de las mismas y que actuaban al margen de la ley.

Esto lo siguieron haciendo hasta el año 2012, a pesar de que el 2004 un Dictamen de Contraloría (N° 14.178) ya había declarado la ilegalidad de esta burla a la ley: «… si la autoridad administrativa llegare a hacer uso de su facultad de autorizar actividades de pesca de investigación con una finalidad distinta a la perseguida por la ley, tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto que la sanciona “.

También compromete a las autoridades de Sernapesca que tenían el mandato legal de denunciar estos ilícitos y se las arreglaron para impedir que llegaran al conocimiento del Ministerio Público para que fueran investigados y sancionados.

Vale rescatar que su participación ha sido determinante para que los autores de estos ilícitos gocen de impunidad hasta ahora.

En este afán no dudaron en el desacato del Dictamen de la Contraloría que les reiteró que «… cabe manifestar que de conformidad a lo establecido en el artículo 122, inciso primero, de la ley N° 18.892, la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones contenidas en ese texto legal –entre las cuales se encuentran aquellas relativas a la pesca de investigación– debe ser ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca…», sembrando un manto de dudas respecto a si a esa fecha esas autoridades eran parte de una asociación ilícita, por el grado de coordinación con las autoridades de Subpesca que tenían igual propósito.

El ex gerente general de Corpesca S.A., Francisco Mujica, actualmente procesado por el Ministerio Público por financiamiento a la política, dejó un valioso testimonio de estos hechos delictivos. Con fecha 23 de marzo de 2011, se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, según consignó Diario 21 y fue rescatado por Ciper , donde señaló que “entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”.

Lo que no dijo Mujica en esa ocasión pero sí Sernapesca es que“todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación», lo que al Ministerio Público lo debería llamar a investigar si estos ilícitos se hicieron por la vía del cohecho de las anteriores autoridades del sector y si recurrieron a los mismos para el financiamiento de la política.

El ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, tiene el mérito de haber recurrido a que «una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad» y a promover una campaña mediática exitosa a través de la que impuso el relato que la Ley Longueira se hacía para resguardar la sustentabilidad pesquera, aunque dejó evidencia de que lo suyo correspondía a un discurso mentiroso, ya que a la par de estar al frente de esa campaña, ese mismo y sin escrúpulos, amparaba la devastación de especies pesqueras dictando resoluciones exentas sin valor legal por pesca de investigación por miles de toneladas que encubrían pescas comerciales, favoreciendo el enriquecimiento multimillonario de grupos empresariales que actuaban al margen de la ley. Esto también debería llevar al Ministerio Público a investigar si lo que se hizo fue o no a cambio de nada.

Da la casualidad que los favorecidos con el regalo regulatorio de la Ley Longueira resultan ser en su mayoría los mismos que se beneficiaron de los ilícitos promovidos por los ex subsecretarios de Pesca y que terminaron en el colapso de casi todas las pesquerías, lo que debería llamar la atención del Ministerio Público para investigar si tal coincidencia ocurre porque han sido parte de una asociación ilícita que ha manejado bajo el cohecho a quienes administraban y decidían el destino del sector pesquero.

Los que promovieron la ley Longueira, entre ellos el ex subsecretario Pablo Galilea, han dejado muchos testimonios del verdadero propósito que persiguieron con la misma y que no fue precisamente la sustentabilidad pesquera.

De ello han dado cuenta los mails intercambiados entre Corpesca, el ministro Longueira, el anterior subsecretario y senadores como Orpis y otros. El rector Carlos Peña hace poco rescató el fondo de ese propósito: «El problema es que en el caso de la Ley de Pesca esas cuotas no se licitaron a cambio de un precio, sino que simplemente se entregaron a algunas empresas. Fue un perfecto regalo regulatorio, una pesca bíblica, milagrosa, en la que el Congreso cumplió el papel de Jesús y las empresas el de muchos Pedros agradecidos”.

El Ministerio Público debería pedirle al ministro Luis Felipe Céspedes y al subsecretario Raúl Súnico , y en su nombre al gobierno de la Sra. Bachelet, que independientemente de que le sigan dando credibilidad a la campaña del ex subsecretario Pablo Galilea, tengan la misma diligencia que han tenido para allegar documentación a la FAO y ahora lo hagan ante la Fiscalía en relación con los hechos que involucran a las ex autoridades de Subpesca y Sernapesca, comprometidas en el colapso de las principales pesquerías, de tal forma que, recurriendo a una frase del ex Fiscal Sabas Chahuán, se pueda cumplir con que “en esta investigación se imputará a todas las personas que resultaran responsables, sin importar el cargo, el ex cargo o posición social” y que “acá primará la igualdad ante la ley».

Esto permitiría que permita que el Ministerio Público pueda llevar a la justicia a los responsables de estos ilícitos y no queden sin castigo, también para que la sustentabilidad pesquera de nuestro país no vuelva a ser puesta en riesgo de devastación por altos funcionarios públicos que consideraron que podían actuar por sobre la ley.

Si FAO es un organismo de alta especialización debería ser el primero en saber que la devastación pesquera que sufrió nuestro país no fue producto de vacíos técnico-pesqueros sino uno que está en el ámbito judicial, donde la misma no es la más indicada para ayudar a resolver. Por lo mismo, debería dejar a un lado su pretensión del todo absurda de que las modificaciones a la nueva ley necesiten de una antesala de un año en sus oficinas y no en las Comisiones de Pesca del Congreso.

FAO no debería prestarse para la estrategia de quienes desean utilizarla para desviar la atención sobre la necesidad de corregir los vicios de fondo que encierra la Ley Longueira y de sancionar los hechos de corrupción que terminaron en el colapso de las pesquerías y que nos afecta a todos los chilenos. Está en las manos del Ministerio Público y el Congreso resolver y no en las de ese organismo técnico.

Por lo pronto, se necesita que el Congreso avance con celeridad en la anulación o derogación de la Ley Longueira, y que este año se dé inicio a la tramitación de una nueva ley de Pesca en que prevalezca el interés general por sobre el de los grupos de interés, lugar donde FAO puede concurrir a hacer su aporte.

Pablo Fernando González
PYME Pesquero Innovación