Un país sin doctrina de seguridad estatal

La seguridad no admite frivolidades. Tampoco trincheras. Mucho menos, la pequeña satisfacción de ver al adversario tropezar allí donde el país sangra. Chile atraviesa uno de esos momentos históricos en que la política debe decidir si seguirá comportándose como una disputa de facciones o si volverá a ser, aunque sea por un instante, una forma superior de responsabilidad colectiva.

Las recientes declaraciones de la Ministra de Seguridad, y la confusión instalada en torno a la existencia —o inexistencia— de un verdadero plan nacional de seguridad ciudadana, han abierto un debate inevitable. Pero sería un error reducirlo a la caricatura habitual: gobierno incompetente versus oposición indignada. Eso sería demasiado fácil. Y demasiado inútil.

La verdad es más incómoda.

Chile lleva años enfrentando un fenómeno que ninguna generación política contemporánea comprendió a tiempo. Creímos vivir protegidos por una excepcionalidad institucional latinoamericana que terminó siendo menos sólida de lo que imaginábamos. Mientras discutíamos identidades, símbolos y relatos, el crimen organizado aprendía logística, control territorial, lavado de activos y captura de barrios completos. Nosotros debatíamos consignas; ellos construían estructuras.

Y así, casi sin darnos cuenta, el país pasó de temer a la delincuencia a temer por la erosión gradual del orden civil.

He escuchado a dirigentes oficialistas decir que “no hay plan”. He visto a opositores celebrarlo como quien encuentra la prueba definitiva de la derrota moral del adversario. Ambos se equivocan. Porque el problema de fondo no es si existe un documento, un power point o una presentación ante el Congreso. El problema es otro: Chile aún no construye una doctrina nacional de seguridad democrática para el siglo XXI.

Eso es lo verdaderamente grave.

La seguridad moderna no puede reducirse a más patrullas, más cámaras o más cárceles, aunque muchas veces todo ello sea necesario. Tampoco puede limitarse a frases grandilocuentes sobre “mano dura”, dichas con la misma facilidad con que antes se hablaba ingenuamente de “las causas estructurales” mientras el crimen avanzaba. Un Estado serio no oscila entre la ingenuidad moral y el autoritarismo reflejo. Un Estado serio comprende que la seguridad es una condición de la libertad, no su negación.

Y aquí aparece una cuestión incómoda para todos los sectores políticos. Durante demasiado tiempo, parte de la izquierda chilena miró con sospecha cualquier fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado, como si el monopolio legítimo de la fuerza fuese una concesión ideológica y no el fundamento mismo de la convivencia republicana. Pero también la derecha cometió otro error simétrico: transformar la seguridad en marketing político, como si bastaran voluntad y retórica para enfrentar organizaciones criminales transnacionales con capacidades financieras y operativas que hace diez años parecían impensables en Chile.

Ni el negacionismo ingenuo ni el voluntarismo vociferante reemplazan la construcción de Estado.

Por eso, más que una polémica coyuntural sobre declaraciones desafortunadas, lo que Chile necesita es un acuerdo nacional de seguridad que sobreviva a los gobiernos. Un pacto institucional y técnico que no cambie cada cuatro años, según la ansiedad electoral del momento.

¿Qué significa eso?

Primero, inteligencia moderna de verdad. Coordinación obligatoria entre policías, Aduanas, Fiscalía, Gendarmería, SII, UAF y Fuerzas Armadas en fronteras críticas. El crimen organizado opera como sistema; el Estado chileno sigue funcionando muchas veces como archipiélago burocrático.

Segundo, recuperar territorialmente el país. Hay barrios donde el Estado aparece solo para cobrar multas o inaugurar programas, pero no para ejercer autoridad permanente. La seguridad no se decreta desde Santiago: se reconstruye en el territorio, con presencia policial profesional, municipios fortalecidos, fiscalización financiera y recuperación del espacio público.

Tercero, proteger a las policías de la demagogia pendular. Un día se las demoniza; al siguiente se les exige resultados milagrosos. Las policías requieren modernización, control civil eficaz y respaldo político simultáneamente. Sin instituciones policiales legitimadas y profesionalizadas no existe democracia estable.

Cuarto, comprender que la crisis de seguridad es también una crisis cultural. Un país donde se relativiza toda autoridad termina dejando vacante el espacio que luego ocupan el miedo y la violencia. Ninguna sociedad puede sobrevivir mucho tiempo si pierde el respeto elemental por la ley, la escuela, el mérito y la responsabilidad individual.

Y finalmente, algo quizás más difícil: abandonar la lógica del provecho corto. La seguridad no puede seguir siendo utilizada como arma de desgaste mutuo. Hay temas donde la derrota del gobierno termina siendo la derrota de todos. porque cuando el crimen organizado avanza, no pregunta por la ideología de sus víctimas.

Lo digo además desde la experiencia de haber servido en responsabilidades de Estado en materias de seguridad interior. Sé que estos temas son mucho más complejos de lo que parecen desde un set de televisión o una red social. Sé también que existen inercias burocráticas, límites jurídicos, problemas de coordinación y dilemas democráticos reales.

Pero precisamente por eso preocupa la liviandad con que a veces se discute algo tan delicado.

Chile necesita menos gesticulación y más densidad republicana. Montaigne escribió alguna vez que “la mayor cosa del mundo es saber pertenecerse a sí mismo”. Tal vez las naciones también deban aprenderlo. Un país que pierde el control de su seguridad comienza lentamente a dejar de pertenecerse. Y recuperar esa soberanía interior exige algo más profundo que un gobierno, una ministra o una coyuntura parlamentaria: exige volver a pensar Chile como una comunidad política con destino compartido. Y decir la verdad aunque duela. Un país de todos se construye desde la verdad, porque sin ella no hay confianza ni acuerdos ni nada.

Ese debería ser el verdadero plan de seguridad nacional.