Opinión
«Debemos obligar al Congreso a que responda a la demanda de los ciudadanos y estar alerta que la discusión de la anulación o derogación de la Ley Longueira vuelva a repetir la disputa entre grupos empresariales y pesca artesanal, y con diputados y senadores paseando por Chile, ya que ello es parte de una estrategia que probó solo favorecer a los grupos empresariales».
«Un 47% de los chilenos dice estar muy de acuerdo respecto de consumir pescado semanalmente. Esto se acentúa en la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 2011, que indicó que solo un 11% de la población consume pescado una vez a la semana…» (“Vida Saludable, oportunidades y desafíos de innovación», Fundación Chile, 2015, pág. 38).
Lo anterior contrasta con el logro de Perú, que teniendo al frente a Patricia Majluf, ex Viceministra de Pesquerías, hace diez años, el 2006 dio inicio a una exitosa campaña y que sigue vigente hasta ahora para promover el consumo de la anchoveta entre las familias de ese país por considerarlas una valiosa fuente de alimentación saludable por su alto contenido de proteínas y omega 3 marino. En una conferencia la escuché recordar los inicios de esa campaña: “Esa semana decenas de miles de peruanos probaron por primavera vez en la historia la anchoveta” (Antecedentes de esa campaña).
En ese mismo período la clase política chilena se encargaba desde el gobierno de Piñera-Longueira de alinear al Congreso con los intereses de los grupos económicos que controlan el sector pesquero para aprobarles una Ley de Pesca como traje a su medida, que en forma vergonzosa estableció que el 99% de anchovetas, jurel y sardinas quedara de propiedad a perpetuidad de Corpesca-Angellini y las 7 Familias para sus negocios de harina y aceite de pescado para alimentación animal y para los negocios que ellos decidan, y reservó un miserable 1% para el consumo de los chilenos.
El gobierno de la Nueva Mayoría ha compartido con el gobierno de Piñera que el consumo de pescado debe mantenerse como una promesa demagógica sin comprometer al Estado en su solución. El subsecretario de Pesca Raúl Súnico, con fecha 19 de marzo de 2014, ante el Congreso planteó: “Queremos que en todos los establecimientos públicos educacionales nuestros niños puedan comer hamburguesas de anchoa o vienesas de sardina por solo dar dos ejemplos,.. «, por supuesto que la anterior promesa era parte de la demagogia del gobierno.
El Sr. Súnico estaba al tanto que las 422 ton. de anchoas que licitó el año 2014 la Subsecretaría de Pesca correspondientes al 1% destinado a consumo humano, no alcanzarían para dar pescado ni al 2% de los niños y jóvenes de la JUNAEB.
Por ello no extraña que el ministro Céspedes y el subsecretario Súnico hayan concentrado sus esfuerzos en dilatar cualquier iniciativa que pretenda anular o derogar la Ley Longueira, ya que están más interesados en conservar lo ganado por los grupos empresariales que corregir este atentado al derecho a una vida saludable de la mayoría de los chilenos.
Estamos próximos a la elección municipal y podemos condicionar nuestro voto a que los partidos políticos se obliguen a promulgar por fin una nueva Ley de Pesca que asegure a los chilenos una dieta que incluya el consumo de pescado para su alimentación saludable.
Esta vez debemos obligar al Congreso a que responda a la demanda de los ciudadanos y estar alerta que la discusión de la anulación o derogación de la Ley Longueira vuelva a repetir la disputa entre grupos empresariales y pesca artesanal, y con diputados y senadores paseando por Chile, ya que ello es parte de una estrategia que probó solo favorecer a los grupos empresariales. Puntos claves de la demanda ciudadana:
1.- Exigimos que el Congreso legisle colocando como prioridad los intereses de las familias y jóvenes de nuestro país, asegurando que el porcentaje mayoritario de nuestra riqueza pesquera beneficie a los anteriores. El Congreso debe imponer una reestructuración orgánica de la Subsecretaría de Pesca que instale una poderosa «División de Fomento del consumo de pescado» equivalente o superando a lo que han hecho para satisfacer a la inversión salmonera cuando crearon la «División de Acuicultura», y dotarla de un potente presupuesto y de expertos que la conviertan en un eje central de las políticas públicas de esa Subsecretaría –aprovechando la experiencia ganada por Perú– aseguren a corto plazo que los niños y jóvenes de la JUNAEB, las familias de los últimos quintiles y clase media, agreguen a su dieta el consumo de pescado; es un hecho indesmentible la mal nutrición de la mayoría de la población de nuestro país, y este es un alimento esencial para reparar lo anterior.
2.- La pesca artesanal de pequeña escala debe ser un sector de fomento prioritario y estar protegido por ley. La pesca artesanal necesita de decenas de mercados de subastas a través del país donde puedan vender la pesca que capturen al que tengan acceso los consumidores para su compra directa. Lo anterior ayudará a asegurar el abastecimiento de los programas que desde el Estado fomenten el consumo de pescado entre las familias y jóvenes de nuestro país. Longueira logró agregar a sus leyes la posibilidad de que se puedan vender las cuotas de la pesca artesanal para posibilitar que testaferros puestos por la gran industria y con poder financiero pudieran conseguir, a través de este mecanismo, concentrar a su favor las cuotas de la pesca artesanal, por ello se necesita que se derogue lo anterior y de esta manera proteger que las cuotas de la pesca artesanal beneficien solo a los que efectivamente ejerzan el oficio de pescador artesanal.
3.- «… el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza». Pero igual las principales pesquerías del país han terminado en la sobreexplotación en el último par de décadas –merluza común, jurel, anchoveta, sardina austral, etc.–, ya que ello no impidió que las autoridades a cargo del sector pesquero –Subpesca, Sernapesca e IFOP– colaboraran desde el Estado con poderosos grupos empresariales que la devastaron y sean los responsables de llevar a nuestro país a la crisis de sustentabilidad pesquera. El Congreso debe endurecer la penalidad de la Ley de Pesca para que los autores de este tipo de desastres ambientales no queden en la impunidad y que el Ministerio Público los pueda perseguir hasta que sean castigados por la justicia con cárcel efectiva, ya que son responsables de comprometer gravemente el bienestar de los ciudadanos y de las generaciones futuras.
4.- Garantizar por ley que la riqueza pesquera del país sea declarada un bien público que nos pertenece a todos los chilenos, ello es imprescindible para asegurar el consumo de pescado y hacer efectivo el derecho a una vida saludable para todos los ciudadanos de nuestro país.
Pablo Fernando González
PYME INNOVACION
Anchovetas, Jurel y Sardinas para el consumo de los chilenos
