Opinión
«En medio de las falencias detectadas en la calidad de servicio de taxis básicos (cobros abusivos, mal estado de los vehículos, taxímetros adulterados), los problemas del Transantiago y el congelamiento del parque de taxis ejecutivos que nos impide ampliar la flota para brindarles servicio a todos los pasajeros que nos solicitan la cobertura de las prestaciones requeridas, surgieron servicios de empresas informales como Uber y Cabify, que no cumplen con ninguna regulación estipulada por el MTT, pero que captaron la atención de parte del público por la facilidad de uso de su aplicación en celulares, el tipo de vehículos y tarifas atractivas, situación que, de todos modos, ha experimentado cambios en los últimos meses, junto con el tema de la seguridad para los pasajeros».
Como pocas veces, el Gobierno logró un amplio consenso respecto de un proyecto de ley, en este caso, el que pretende regular los servicios de Uber y Cabify. El rechazo ha sido unánime.
Si bien cada actor tiene sus razones, hay coincidencia de que la propuesta del Ejecutivo no resolverá el tema de fondo –y que realmente debe ser la finalidad de toda normativa–, cual es mejorar la calidad de servicio que se brinda a los usuarios, disponer de una oferta vehicular amplia y contar con tarifas justas y transparentes.
Lo que más llama la atención, no obstante, es el aparente “olvido” de la autoridad respecto de los instrumentos legales con que hoy cuenta para resolver el tema, y, más aún, trasladar al Congreso el debate sobre la manera de aplicar medidas que hoy forman parte de las atribuciones del Ministerio de Transportes (MTT).
Por razones que desconocemos, el Gobierno ha preferido omitir la existencia de un Decreto Supremo, el 212, que regula la operación del transporte público de pasajeros. Dicha normativa fue utilizada exitosamente por la autoridad en la Región Metropolitana en 2004, precisamente para regular los servicios informales que entonces operaban en la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Concesionando los cupos disponibles y en desuso dentro del parque de taxis, sin que ello vulnerara la ley de congelamiento del sector, que rige en el país desde el año 1998.
Gracias a ese decreto, ingresaron al mercado de taxis nuevas empresas que aseguraban calidad de servicio y una flota de vehículos de alta gama, con lo cual se mejoró la oferta de viajes a los usuarios del sistema, y se desarrollaron herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia de viaje de los pasajeros.
Como asociación gremial, ARTEM, que agrupa a más dos mil taxis ejecutivos dedicados exclusivamente al transporte de pasajeros y a las empresas más importantes del sector, hemos operado bajo esta regulación por más de una década. Conocemos el tema desde la práctica, y por esa razón planteamos en más de una oportunidad al Ministerio de Transportes que empleara nuevamente esa medida para regular la operación de servicios como Uber, Cabify u otros similares, estableciendo una regulación tarifaria en igualdad de condiciones para todos los actores, y que beneficie a todos los usuarios por igual.
La licitación demostró ser un proceso idóneo para regularizar y detener la irrupción de servicios ilegales en el mercado del transporte liviano de pasajeros, resguardando la calidad del servicio entregado a los usuarios mediante la eliminación de las malas prácticas, los cobros abusivos y ajustando la oferta de transporte a la demanda real de viajes de la ciudad.
En medio de las falencias detectadas en la calidad de servicio de taxis básicos (cobros abusivos, mal estado de los vehículos, taxímetros adulterados), los problemas del Transantiago y el congelamiento del parque de taxis ejecutivos que nos impide ampliar la flota para brindarles servicio a todos los pasajeros que nos solicitan la cobertura de las prestaciones requeridas, surgieron servicios de empresas informales como Uber y Cabify, que no cumplen con ninguna regulación estipulada por el MTT, pero que captaron la atención de parte del público por la facilidad de uso de su aplicación en celulares, el tipo de vehículos y tarifas atractivas, situación que, de todos modos, ha experimentado cambios en los últimos meses, junto con el tema de la seguridad para los pasajeros.
No se trata de estar en contra de una empresa en particular, o proteger el negocio de un sector. Por el contrario, como país hemos visto más casos de los que quisiéramos donde el discurso de la libre competencia al final resulta ser la defensa de un monopolio o una posición dominante que, a la larga, redunda en altos costos e indefensión de los usuarios.
Por eso nos sorprende que la autoridad, lejos de hacer uso de sus atribuciones y buscar soluciones efectivas y comprobadas que beneficien a los clientes, haya escogido soslayar sus responsabilidades enviando al Congreso un proyecto de Ley que no genera consensos, pudiendo resolver el actual problema en el marco de la normativa vigente a través de la incorporación de nuevas empresas y la concesión de nuevos cupos a los taxis ejecutivos, tal como ya lo hizo en el pasado en forma exitosa.
No hay problema en competir, siempre que sea en igualdad de condiciones y no con trajes a la medida de un solo actor. Todos debemos tener el mismo punto de partida y la misma meta, de ofrecer servicios de calidad, con tarifas claras y con un trato digno para los pasajeros y conductores.
Ojalá las autoridades miren hacia atrás, rescaten lo que se ha hecho bien y aprendan de lo que ha ocurrido en el transporte público cuando se ha optado por improvisar. Nadie quiere otro Transantiago, y por eso creemos que el problema no es una empresa u otra, sino el proyecto de ley, que es malo… para todos.
Raúl Vásquez Burgos
Presidente de la Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos RM, ARTEM
