Acreedores acusan irregularidades en el proceso de reorganización judicial que lleva adelante el interventor de la fallida isapre, por orden de la Superintendencia de Salud. Las denuncias apuntan a que la empresa auditora encargada de certificar toda la información referida a las deudas estaría manipulando información. Los acreedores aún temen que el interventor o el regulador de Salud no sean capaces de constituir las garantías para que Masvida pague sus pasivos, lo cual podría gatillar nuevas denuncias, esta vez, contra el Estado.
Las garantías que liberó la Superintendencia de Salud a Masvida siguen dando que hablar. Aún sin el número exacto respecto de las deudas que arrastra la fallida isapre ante sus acreedores, estos temen que se les terminará pagando una parte muy menor a lo previsto.
Según sus cálculos, la isapre estaría debiendo alrededor de $145 mil millones y $160 mil millones, de los cuales $60 mil millones se destinarían a deudas con afiliados y el resto a prestadores de distinto tamaño. Esto, en circunstancias de que Masvida contaría con hasta $83 mil millones para pagar todos sus compromisos, dejando a clínicas grandes y, sobre todo, las más pequeñas, en una situación financiera compleja, pudiendo gatillar un efecto dominó que podría terminar hasta en demandas contra el Estado.
Con este marco, los acreedores denunciaron irregularidades en el proceso de reorganización judicial que lleva adelante Robert Rivas, al cual se han opuesto principalmente porque desconocen el real nivel de endeudamiento de Masvida y porque temen que, una vez concluido, se cancele el registro de la isapre, dejándolos con una deuda definitivamente incobrable.
Así es como la Clínica Indisa y Red Salud UC Christus acudieron a reguladores distintos a la Superintendencia de Salud, esta vez a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (ex Super de Quiebras), denunciando “graves irregularidades”: en lo principal, que la información que ha salido del proceso de reorganización judicial ha sido adulterada, en particular los documentos elaborados por Jeria Auditores Consultores.
El 13 de junio, la isapre Masvida, representada por Rivas, requirió al 1° Juzgado Civil de Concepción la apertura de un proceso concursal de reorganización, al cual se acompañó una serie de documentos necesarios para sustentar el inicio del referido proceso. Entre los documentos acompañados se encuentra un certificado extendido por dicha auditora, en el que supuestamente se contemplaría la nómina de los acreedores de Masvida.
La ley exige que dicho certificado debe contener un estado de las deudas del deudor, indicando su monto, la naturaleza de los respectivos títulos, y el porcentaje que cada acreedor representa en el total del pasivo, con expresión de los tres mayores acreedores, excluidos relacionados a la isapre. Según el escrito presentado por uno de los mencionados acreedores, el certificado en cuestión “intentó excluir las deudas de la referida isapre con prestadores de salud para efectos de la reorganización, al no indicar el porcentaje que los créditos de prestadores representan en el pasivo total de Isapre Más Vida S.A.”.
De acuerdo a la acusación, “resulta evidente que la conducta descrita precedentemente, constituye una grave irregularidad a la luz de la normativa aplicable, ya que el certificado que se acompaña al proceso de reorganización debía contener todo el pasivo que mantiene el Deudor, sin que sea posible que se excluya parte del pasivo, lo que representa una conducta ilegal, que no tiene ninguna base en nuestra legislación concursal”.
En la presentación hecha ante la SVS, se dice que “la ilegal forma en que se ha presentado el estado de deudas a que hemos hecho referencia fue suscrito y certificado por la Empresa de Auditoría Externa Jeria Auditores Consultores Limitada, empresa que se encuentra sometida a la fiscalización de esa Superintendencia, en la cual recae la responsabilidad por la veracidad y la fiabilidad de la información acompañada a los procedimientos concursales. En este orden de ideas, no cabe ninguna duda que constituye un antecedente de la mayor gravedad que un Auditor Externo supervisado por ese Organismo de Control incurra en conductas de esta naturaleza, consistentes en certificar la exclusión de acreencias de manera manifiestamente ilegal”. Por lo que se le pidió que ordenara la apertura de una investigación, adoptando las medidas sancionatorias que fueren procedentes en contra de la mencionada auditora.
En el caso del regulador de Quiebras, se hicieron las mismas acusaciones, sin embargo, los énfasis son distintos.
“No hace falta explicarle a Ud. la importancia que tiene este certificado en el proceso de reorganización judicial, puesto que, por expresa disposición del numeral 4) del artículo 56 de la Ley N°20.720, dicho documento sirve de base para determinar todos los quórums de acreedores que se necesitan para la adopción de cualquier acuerdo, hasta que se confeccione la nómina de créditos reconocidos».
«Es del caso, que el certificado acompañado por Isapre Más Vida S.A. en la solicitud de apertura de un proceso concursal de reorganización ha sido deliberadamente manipulado, con el único objeto de perjudicar a un gran número de acreedores de la referida Isapre, por la vía de agruparlos genéricamente en la expresión ‘Prestadores de Salud’, sin cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo 55 de la Ley N°20.720”, prosigue el documento de Indisa.
“De no corregirse adecuadamente el certificado acompañado por Isapre Más Vida S.A., no sólo se viciará el proceso de designación del Veedor y el inicio del proceso concursal de reorganización, sino que se avalará por la vía de una conducta ilegal y oportunista de la Isapre Más Vida S.A., representada por su Administrador Provisional, don Robert Rivas Carrillo, la exclusión de acreedores que tienen derecho a participar del referido proceso”, precisa.
En este caso, fuentes consultadas afirmaron que esta Superintendencia ya estaba advertida de las acusaciones sobre dicho proceso y ya habría iniciado su respectiva investigación.
De no poder cobrar las deudas de Masvida, los acreedores se verían en una posición compleja, sobre todo los más pequeños.
Esta eventual incobrabilidad tiene a los prestadores en un debate interno en el cual se baraja que, en último término, podría haber demandas contra el Estado de Chile, considerando el rol que tuvo la Superintendencia de Salud en las liberaciones de garantías y la falta de fiscalización que hubo en ese proceso, pues no fue sino hasta septiembre del año pasado que supervisó el destino de los fondos liberados, los cuales ya habían ido a parar a empresas relacionadas.
Por estos días, el holding Masvida, que ya vio perder su isapre producto de una cuestionada y polémica negociación entre Rivas y Nexus, busca mantener la propiedad de su red de clínicas.
La constitución de garantías, por tanto, es una tarea que recae hoy solo en Rivas y cuya concreción parece difícil, pues los recursos con que cuenta el conglomerado son escasos y, de hecho, reclaman que los compromisos que había asumido Nexus, previo a la compra de la cartera de afiliados de Masvida, no se han cumplido.
Los dueños de la Nueva Masvida, ex Optima, han entregado $3 mil millones para que las clínicas sigan funcionando, sin embargo, los compromisos asumidos previamente hablaban de una inyección de recursos para capital de trabajo del orden de $8 mil millones.
Son variadas las aristas que ha levantado este caso, y varias apuntan a la interrogante que pesa sobre los dueños de la Nueva Masvida: si efectivamente se trata de este fondo estadounidense o bien su participación es marginal. En parte, estas dudas se alimentan de los pocos recursos que ha demostrado disponer Nexus para acompañar al holding Masvida. De hecho, las sospechas respecto del origen de los $8.000 millones que costó la compra de la cartera de afiliados, dicen que este dinero se extrajo solo por el flujo obligatorio que generaron los mismos beneficiarios de la isapre.
En la edición de ayer, este medio hizo un relato del espinudo rol que ha jugado Victoriano Cerda como accionista de Optima y estrecho colaborador de la Masvida de Claudio Santander, en cuya gestión el conglomerado cayó en picada. Allí se habla de la existencia de dos Nexus, una que tiene estricta relación con Eduardo Sánchez, ex presidente de Optima; y otra con Jacques Gliksberg, el ejecutivo detrás de Nexus Partners LLC.
