Opinión
De los actuales trabajadores extranjeros, muchos cuentan con sus respectivas visas sujetas a contrato de trabajo o residencias temporarias, pero hay un número no menor y no exacto de personas que prestan servicios personales en situación irregular.
El nuevo fenómeno migratorio nos deja, como país, en un escenario bastante complejo, atendida la serie de aristas que es preciso abordar para poder dar una buena respuesta a la gran cantidad de personas que han migrado desde sus países al nuestro, dentro de los que se cuenta la salud, la educación, acceso a vivienda, trabajo y previsión, entre otros.
De acuerdo a estudios de la CEPAL y la OIT, de Latinoamérica, Chile es el país que entre 2010 y 2015 ha experimentado el mayor crecimiento migratorio, llegando a un 4,9% promedio, destacando de un análisis más pormenorizado que el perfil de extranjero que ingresa al país es el de personas con altas tasas de escolaridad, con un promedio etario de entre 20 y 49 años y cuya principal motivación para el traslado a Chile dice relación con razones laborales.
En atención a esta realidad que la vemos todos los días en las calles de nuestras ciudades, no queda más que preguntarnos: ¿en qué está la «cosa pública» frente a este fenómeno?
El Gobierno, nuevamente creyendo que los proyectos de ley son los grandes hacedores de realidades y las varitas mágicas que son capaces de cambiar las vidas de un día para otro, ha anunciado, desde hace varios meses, un proyecto de ley que rediseñaría el tratamiento de la migración y la creación de una nueva institucionalidad. Sin embargo, hasta ahora el famoso proyecto se encuentra durmiendo en algún cajón del Ministerio del Interior.
Por su parte, el año 2013, el ex Presidente Piñera envió un proyecto de ley que aborda de manera seria e integrada el fenómeno migratorio, pero, lamentablemente, y por meras consideraciones de política mezquina, la Nueva Mayoría lo ha dejado dormir en el largo sueño de los justos.
De los actuales trabajadores extranjeros, muchos cuentan con sus respectivas visas sujetas a contrato de trabajo o residencias temporarias, pero hay un número no menor y no exacto de personas que prestan servicios personales en situación irregular.
Considerando que la mayoría de los extranjeros vienen en busca de trabajo y de una mejor calidad de vida, el tema laboral es clave. Cada día vemos cómo nos exhiben reportajes que dejan en evidencia una serie de irregularidades en su empleabilidad.
Cabe preguntarse qué sucede con el control de la trata de personas, personas que trabajan sin recibir remuneración, retención ilegal de documentos de identificación, comercio ilegal, tráfico de drogas, prostitución, entre miles de otras situaciones que vive un número no menor de extranjeros día a día.
Así, no es menor la ausencia de planes nacionales de la Dirección del Trabajo para fiscalizar a empleadores y trabajadores que prestan servicios en situaciones irregulares. Hasta hoy, independientemente de no haber ingresado un nuevo proyecto de ley, podría ponerse énfasis en la fiscalización y las campañas informativas, para así propender a evitar una serie de ilegalidades de que nos llegan noticias casi a diario.
Es importante que los organismos públicos, tanto municipales como del nivel central, asuman con seriedad este tema e implementen programas, no solo en términos represivos sino también de apoyo, información y asistencia a estas personas que se encuentran, en muchos casos, en situación de precariedad y donde la ayuda nunca es poca.
Sergio Morales
Investigador del Programa Legislativo y Constitucional
Libertad y Desarrollo
