¿Cómo lograr acceso universal a internet de banda ancha en Chile?

Según el Banco Mundial, Chile en 2016 tenía 16 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes. En un país como Korea, esa cifra era 41.1. En Portugal, país de la OCDE al que nos aproximamos a nivel de producto interno bruto per cápita, era 31.8. Vecinos como Uruguay casi nos doblan, con 26.3. ¿Cómo se podría lograr acceso universal a internet de banda ancha en Chile? Distintos sectores políticos comparten un diagnóstico errado que los lleva a plantear soluciones incompletas.

Por ejemplo, en el programa ‘Tolerancia Cero’ del 10 de diciembre del año 2017, los jefes programáticos de Piñera y Guillier coincidieron en que lo que había que hacer era subsidiar la oferta para hacer llegar “carreteras de internet” a zonas extremas, y que luego son los proveedores privados los encargados de “la última milla”, es decir, alcanzar a los clientes con planes adecuados. El Frente Amplio apuntó en la misma línea en su programa: “Impulsaremos el acceso universal a Internet mediante un decidido plan de inversión pública. Todas y todos, y en particular los sectores más marginados (…) accederán al uso autónomo y responsable de Internet”.

El diagnóstico es que los “sectores más marginados” sufren falta de inversión pública. Esto puede ser cierto para las zonas extremas. Sin embargo, desconoce completamente la realidad de las “zonas rojas”. Estar marcado como residente de una zona roja es tan relevante para las personas, que ya está incorporado en el vocabulario de habitantes de barrios de Santiago (siendo la Metropolitana la región donde se concentran las inversiones). “Somos zona roja”, dicen en La Pincoya, El Castillo o Bajos de Mena. Ser parte de una implica que empresas de telecomunicaciones respondan “no hay factibilidad técnica” cuando los vecinos solicitan contratar servicios.

[cita tipo=»destaque»]Aunque resulte desconcertante, la decisión está solo en manos de las grandes compañías privadas de telecomunicaciones (Telcos). Por mucho tiempo, estas se han escudado en que la razón es el costo de reposición por robo de cables de cobre. La verdad es distinta. Bajo una exclusa de orden público, se excluye a lugares donde las empresas consideran que se concentra población incompatible con su modelo de negocio. El problema no es tanto el robo de cables, sino que las compañías no pueden cobrar como prefieren hacerlo. Por ejemplo, el problema de estos sectores no son solo los bajos ingresos de los vecinos, sino que también sus trabajos suelen ser esporádicos. Por lo tanto, la exigencia de un contrato de arriendo de equipos por 18 meses no es algo que puedan asumir.[/cita]

Aunque resulte desconcertante, la decisión está solo en manos de las grandes compañías privadas de telecomunicaciones (Telcos). Por mucho tiempo, estas se han escudado en que la razón es el costo de reposición por robo de cables de cobre. La verdad es distinta. Bajo una exclusa de orden público, se excluye a lugares donde las empresas consideran que se concentra población incompatible con su modelo de negocio. El problema no es tanto el robo de cables, sino que las compañías no pueden cobrar como prefieren hacerlo. Por ejemplo, el problema de estos sectores no son solo los bajos ingresos de los vecinos, sino que también sus trabajos suelen ser esporádicos. Por lo tanto, la exigencia de un contrato de arriendo de equipos por 18 meses no es algo que puedan asumir.

La mejor prueba es la aparición de soluciones de mercado por fuera de las grandes Telcos: “Internet de Barrio” surgidos precisamente en las zonas rojas. No se trata de la fracasada política pública de los telecentros, sino de Pymes locales de internet. A empresas como Alcom en Huechuraba o Estoy Conectado en Puente Alto, se suman muchas otras que captan clientes en ferias libres. Redistribuyendo conexión con antenas desde un enlace dedicado, logran servir a grupos de entre 500 y 1.000 clientes. La clave es encontrar la tecnología eficiente, pero por sobre todo su forma de pago, que es mes a mes y sin compromisos de largo plazo, necesidad de estar bancarizados, ni tampoco de incorporar pack de línea fija o TV cable.

Está lleno de ejemplos similares a Alcom y Estoy Conectado en regiones. Estas dos empresas tienen en común haber sido incubadas por programas de emprendimiento social. Los emprendedores detrás de ellas dirán que su existencia depende de eficiencia de costos bajo rentabilidades moderadas. Lo que expresan es que el problema no es de orden público, tecnológico, ni de inversión pública. Ni siquiera es de falta de capacidad de pago, como dicen las grandes empresas, quienes piden subsidio a la demanda. El real problema es el nivel de rentabilidad esperado en la última milla. Subsidio a la oferta no lo va a solucionar, y el subsidio a la demanda podría estar pagando el sobrecoste de los niveles de rentabilidad esperados por las grandes empresas, los cuales hoy son mayores que el necesario para que se provea un servicio eficiente.