MERCADOS
El sindicato de Escondida se opone rotundamente al dictamen de la Dirección del Trabajo que pretende reconocer a grupos negociadores como contraparte de las empresas y se lanzó tras su director. “Peñaloza está empeñado en concretar una agenda política que se salta la institucionalidad», señalaron, y advirtieron que si su recurso legal no logra el cometido «no nos quedará otra opción que movilizarnos para exigir el respeto del Estado de Derecho”.
Ex directores de la propia Dirección del Trabajo, expertos en la materia, la CUT y la ANEF, manifestaron su rechazo al dictamen que pretendía reconocer a grupos negociadores, además de los sindicatos, como contraparte de las empresas en los procesos de negociación colectiva.
Luego que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de protección presentado por un grupo de sindicatos para dejar sin efecto la medida, decisión por la cual la Dirección del Trabajo (DT) recurrió a la Corte Suprema para revertir el fallo, el sindicato de minera Escondida anunció la presentación de un recurso de protección en contra de su titular, Mauricio Peñaloza, a raíz del dictamen.
Dicha acción fue informada en un punto de prensa frente a la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde representantes del sindicato fueron acompañados por dirigentes que presentaron un primer recurso, acogido en primera instancia por esa Corte y dirigentes que formularon una denuncia en contra de Peñaloza ante la Contraloría.
El vocero del sindicato, Carlos Allendes, señaló que con esta acción “el sindicato de Escondida enriquece el trabajo ya adelantado por otras organizaciones, ya que el recurso de protección incorpora nuevos elementos para estimar improcedente el dictamen.”
El líder sindical agregó que el recurso también se hace necesario, ya que el Director del Trabajo declaró públicamente, tras el fallo de la Corte de Apelaciones, que seguiría registrando los acuerdos de grupo negociador, en tanto la Corte no se lo habría prohibido expresamente. “En este nuevo recurso pedimos que se disponga claramente que la Dirección del Trabajo no puede registrar supuestos acuerdos de grupos negociadores en tanto no se establezcan por ley, los procedimientos y las reglas que estos grupos deben seguir. Peñaloza raya en el desacato y la irracionalidad”.
Allende señaló que “Peñaloza está empeñado en concretar una agenda política que se salta la institucionalidad. Que el Gobierno vaya al Congreso con un proyecto de ley como corresponde. No puede seguir intentando confundir diciendo que su dictamen tiene base legal, invocando un fallo de Concepción. La Corte de esa ciudad sólo dijo que el tema se debía resolver ante los tribunales laborales, nunca dijo que el dictamen es correcto”.
Finalmente indicó que el dictamen no sólo crea un régimen que facilita la negociación de los trabajadores no sindicalizados frente a los sindicatos, al no exigir ningún requisito a los primeros, sino que al ser completamente desregulada esa pretendida negociación, se abre a toda clase de abusos por la parte empleadora. En esa línea el vocero sindical expresó “alguien cree que un pequeño grupo de trabajadores, sin organización ni recursos, sin representantes con experiencia, sin ninguna norma que regule o vele por su constitución o sus decisiones, puede celebrar en condiciones de igualdad y real independencia del empleador un acuerdo con éste”.
El vocero de los trabajadores de Escondida concluyó que “la responsabilidad de evitar que este salto de la institucionalidad se consume es de la Corte Suprema. Si ella incluso por razones de forma rechaza el recurso, en los hechos permitirá que Peñaloza siga registrando supuestos acuerdos de grupos negociadores, dándole lo mismo como se arribaron a ellos, pese a que la constitución y la ley exigen un procedimiento para ello. Esto sería de una irresponsabilidad absoluta. En este caso a los trabajadores no nos quedará otra opción que movilizarnos para exigir el respeto del Estado de Derecho”.
