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Una nueva Venezuela puede evitar maldición del crudo

por 1 febrero, 2019

Una nueva Venezuela puede evitar maldición del crudo
Luego de que Estados Unidos anunciara esta semana nuevas sanciones contra la industria petrolera venezolana, el presidente Nicolás Maduro parece tener menos probabilidades de sobrevivir. ¿Cómo podría un nuevo gobierno aprovechar los enormes recursos petroleros del país para aliviar la crisis económica y humanitaria?
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Mientras EE.UU., Rusia y Arabia Saudita son los mayores productores de crudo, Venezuela cuenta con las mayores reservas: 303.000 millones de barriles de petróleo recuperable, según la OPEP. Pese a que será muy difícil extraer parte de dicho crudo, Venezuela debería estar produciendo más que los 1,17 millones de barriles diarios de la actualidad. Hace dos décadas, el país llegó a sumar casi 3,5 millones de barriles al día.

Si bien el reciente desplome de los precios del petróleo ha exacerbado los problemas de la industria, las dificultades para Venezuela comenzaron al iniciar el nuevo siglo, cuando el expresidente Hugo Chávez intervino en la petrolera estatal PDVSA. Chávez despidió a gerentes, ejecutivos e ingenieros a fin de ejercer control político sobre lo que era una compañía independiente dirigida con profesionalismo. Muchos expertos capacitados dejaron el país para trabajar en otros lugares, en particular Canadá.

En la economía socialista de Chávez, la agricultura, la manufactura, el combustible, la electricidad, los medicamentos y los alimentos pasaron a ser gestionados por el Gobierno Central. A medida que los precios del petróleo alcanzaban los tres dígitos a fines de la primera década del siglo y a comienzos de la segunda, el gobierno abandonó deliberadamente y en algunos casos desmanteló muchas de las otras industrias exitosas del país.

En un principio los altos precios del crudo lograron ocultar el deterioro de lo que en algún momento fue una economía diversa y vibrante. Sin embargo, cuando los precios del petróleo empezaron a desplomarse en 2014 y tocaron fondo en enero de 2016 al llegar a US$29 el barril, salieron a la luz las debilidades económicas de Venezuela. Era cuestión de tiempo antes de que la gente comenzara a pasar hambre. Esto se vio empeorado por el hecho de que el petróleo venezolano es particularmente caro de producir y se debe mezclar con diluyentes antes de exportarlo. Por momentos el país perdió dinero debido a las exportaciones.

Conforme se fue propagando la crisis económica, la industria petrolera comenzó a derrumbarse, los trabajadores dejaron de recibir sus salarios y las operaciones de perforación y refinación se fueron dilapidando. De acuerdo con las cuotas actuales de la OPEP, Venezuela puede producir hasta 1,97 millones de barriles diarios, pero simplemente es incapaz de hacerlo. Asimismo, buena parte de las ganancias que obtiene se destina a pagar intereses de deudas que mantiene con entidades chinas y rusas.

La pregunta ahora es si la oposición puede quitarle el control a Maduro y sus aliados y convertir la maldición del petróleo del país en una ventaja económica.

La manera más rápida en la que Venezuela puede poner su petróleo a trabajar en beneficio de la gente es modificando la ley de hidrocarburos de la era Chávez y permitiendo que otras compañías puedan desarrollar sus reservas. Entonces tendría que negociar acuerdos de concesión con petroleras privadas internacionales, teniendo cuidado de garantizar que estos convenios tomen en cuenta sus intereses y al mismo tiempo sean atractivos para las firmas interesadas. Los errores iraníes de hace unos años son un ejemplo de lo que se debe evitar: condiciones onerosas que ahuyentaron a las petroleras extranjeras y a la inversión necesaria para reactivar el sector. Por ejemplo, Teherán insistió en que las empresas privadas foráneas debían compartir su tecnología con Irán y que todo el equipamiento llevado al país pasaba a ser su propiedad. Exigió que los campos petroleros volvieran a ser controlados por la nación luego de comenzar la producción y las empresas recibieran una suma predeterminada de dinero independientemente de los ingresos que genere el país a través de sus exportaciones.

Venezuela debe estar abierta a negociar, encabezada por profesionales de la industria y no por el grupo actual de amigotes y líderes militares.

Cualquier acuerdo de inversión debe requerir un pago por adelantado, porque Venezuela necesita efectivo para aliviar la crisis humanitaria y pagar su deuda externa. No obstante, es igual de importante que las concesiones incluyan una estructura razonable de rentas, tarifas y repartición de ganancias a largo plazo, pues el país no puede hipotecar su futuro en beneficio del presente. Un inicio oportuno de la producción debería ser la prioridad, en línea con el modelo seguido por algunas de las iniciativas de gas en el Kurdistán iraquí, para que parte del crudo llegue al mercado lo antes posible y volúmenes mayores estén disponibles posteriormente. Los contratos no deben permitir que las compañías no desarrollen sus activos hasta que las condiciones sean óptimas para ellas.

Venezuela todavía cuenta con personal petrolero experimentado y capaz. Cualquier acuerdo de concesión debe exigir que las empresas extranjeras den empleo a estas personas tanto en los campos petroleros como en las refinerías, las faenas de exportación y demás. Idealmente, los puestos de trabajo serían suficientemente abundantes y bien remunerados para que varios venezolanos en el extranjero vuelvan al país.

Una idea sería crear filiales de PDVSA. Cada una se desempeñaría en una región de las reservas petroleras u operaciones downstream y buscaría inversión por separado de otros países o instituciones financieras. Podrían ofrecer ganancias a los inversionistas en forma de mayor valor accionario, dividendos o derechos a petróleo o productos derivados con descuento.

Sin embargo, ninguna de estas medidas será posible a menos que un nuevo gobierno pueda hallar la forma de renegociar sus enormes deudas externas. PDVSA tiene problemas para pagar los interesas de la deuda que mantiene con Rosneft, el conglomerado petrolero ruso. La garantía de aquella deuda consiste en una participación de 49,4 por ciento en Citgo, la refinadora y comercializadora de gas con sede en EE.UU. que PDVSA no quiere perder sin recibir indemnización. Tampoco sería de interés de los estadounidenses que los rusos tomen propiedad de esas acciones, así que un nuevo gobierno en Caracas debe ser inteligente y acercarse a Washington para facilitar la adquisición de la deuda con mejores términos por parte de un inversionista de EE.UU.

El petróleo puede revitalizar la economía venezolana, pero no convertirse en toda la economía del país. Un futuro verdaderamente próspero depende de usar las abundantes reservas del hidrocarburo para restaurar la diversa economía que alguna vez transformó a la nación en uno de los baluartes de América Latina.

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