MERCADOS
Crédito: camara.cl
En la comisión, los legisladores presentaron diversas indicaciones y el Gobierno calificó la norma como inconstitucional, porque al hacer referencia a la creación de un tributo esta materia es de atribución exclusiva del Presidente de la República, según lo explicado por el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.
El proyecto sobre Royalty Minero está listo para ser debatido nuevamente en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de su paso por la Comisión de Minería y ahora por la Comisión de Hacienda.
En la comisión, los legisladores presentaron diversas indicaciones y el Gobierno calificó la norma como inconstitucional, porque al hacer referencia a la creación de un tributo esta materia es de atribución exclusiva del Presidente de la República, según lo explicado por el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.
«Chile pasaría a ser prácticamente un país en que las compañías tendrían que tributar el doble de lo que tributan en otros países con los que competimos para traer capital y para tener participación de mercado internacional en el cobre (…) Este dato es importante tenerlo a la vista. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango», cuestionó el secretario de Estado.
El proyecto que se debatirá en sala establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.
En su paso por la Comisión de Hacienda, esta aprobó la iniciativa con una modificación -propuesta por el diputado Marcelo Schilling (PS)- sobre la forma de distribuir los recursos recaudados. De este modo, se establece que un 25% de la compensación establecida se destinará a un Fondo de Convergencia Regional, integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera, para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal.
Otro 25% será destinado a obras de desarrollo de infraestructura crítica e infraestructura digital en las regiones donde se realice la explotación minera o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuyas casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones, mientras que el 50% extra se destinará a ingresos generales de la Nación.
La propuesta debería ser debatida en la sesión de este jueves 6 de mayo.
