La amenaza invisible: cuando el crimen organizado se infiltra en la vida cotidiana

¿Qué pasaría si descubriera que su compañero de trabajo, con quien comparte un café, celebra cumpleaños y comenta lo que hizo el fin de semana, es parte del Tren de Aragua?

La pregunta parece absurda, pero no lo es. Tendemos a imaginar a los integrantes del crimen organizado como personas fácilmente identificables, violentas, con antecedentes penales, que ostentan lujos o comportamientos sospechosos. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran algo más inquietante. Muchas veces son personas comunes y corrientes, con una rutina como la de cualquiera. Y esa normalidad es, precisamente, su mejor coartada.

La Operación Tokio desarticuló una red que habría lavado más de $75 mil millones y enviado más de US$84 millones al extranjero, usando empresas de papel, criptomonedas y personas insertas en actividades completamente legítimas, con contrato, liquidaciones de sueldo y sin antecedentes penales. Tal es el caso de dos ejecutivos bancarios y un trabajador de una fábrica de adhesivos que mostraba vida normal, que viajaba todos los días en metro y micro para llegar a su trabajo, pero que, a través de una empresa creada por él circularon más de $58 mil millones vinculados a la organización criminal.

Cada uno actuaba como testaferro. Su rol no era necesariamente ejercer violencia ni extorsionar, sino algo mucho más valioso para la organización: ayudar a que el dinero circulara sin despertar sospechas y adquiriera apariencia de legalidad. Ninguno encajaba necesariamente en la caricatura tradicional del delincuente, pero eran esenciales para la red.

Fueron descubiertos gracias a la información contenida en un teléfono, pese a que al menos uno de ellos había sido reportado por operaciones sospechosas. Entonces cabe preguntarse ¿cuántas personas más, con vidas aparentemente normales, podrían estar hoy colaborando con bandas criminales sin haber sido detectadas?

Hasta ahora, los antecedentes indican que los imputados habrían actuado voluntariamente. Pero sería un error asumir que esa es la única forma en que opera el crimen organizado, porque la extorsión y las amenazas son parte de su modelo de negocios. Es probable que existan personas colaborando bajo presión y que aún no han sido detectadas.

Una de las principales lecciones de este caso es que el crimen organizado moderno no necesita únicamente armas o violencia. Necesita personas comunes, dispuestas a colaborar, con trabajos formales, conocimientos específicos y una apariencia de absoluta normalidad. Personas capaces de abrir una cuenta corriente, infiltrarse en la cadena logística o constituir una empresa sin levantar sospechas. Ahí radica esta nueva alerta de la que tal vez éramos conscientes, pero que no queríamos ver. Y, por eso, este caso es un verdadero llamado de atención sobre la magnitud del lavado de activos y la necesidad de que todas las instituciones se miren hacia adentro.

Porque no se trata de un problema que atañe solo a las policías o a autoridades como la UAF, CMF o al Ministerio Público. El riesgo es más amplio. El lavado de activos utiliza el sistema formal para dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito y son justamente las empresas las más expuestas, no porque actúen de mala fe, sino porque son el medio que los criminales necesitan para lograr su cometido. Una sociedad de papel requiere de un negocio formal para existir, y cualquier compañía -no solo del sector financiero- puede convertirse, sin saberlo, en una pieza del esquema.

El compliance es el punto de partida. Es esencial conocer con quién hacemos negocios, verificar antecedentes e identificar a los beneficiarios finales. Los sujetos obligados ante la UAF deben además reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo que superen los umbrales legales, pero cumplir con la ley no basta. La diferencia la hacen los controles y los incentivos correctos, aquellos que no solo premian resultados, sino cómo se llega a ellos. Y, especialmente, una cultura que no esté solo escrita, sino que permee a cada integrante de la empresa, para que cada persona pueda identificar señales de alerta y aplicar esos criterios incluso en su vida cotidiana. Así, la prevención se multiplica.

Prevenir tiene un costo. Implica rechazar clientes, operaciones o negocios que generen dudas o exijan más información de la habitual, pero el riesgo de no hacerlo es mucho mayor, y no es solo legal o económico, sino también reputacional.

El lavado de activos no entra por la puerta grande. Se cuela en operaciones que las empresas realizan todos los días, como una compra, un nuevo socio, un inversionista, un proveedor.

La Operación Tokio es solo la punta del iceberg y no podemos seguir dependiendo del azar, de un celular caído en medio de una balacera o de una conversación filtrada para ocuparnos de este tema. Hoy conocemos a 17 imputados, pero no sabemos cuántos más permanecen ocultos. El crimen organizado funciona como una plaga y haber descubierto a algunos de sus integrantes no significa haber erradicado la amenaza.

El crimen organizado no necesita empresas corruptas. Le bastan empresas con pocos controles.