Líderes mineros advierten sobre “cuello de botella” que frena las inversiones

Diversos proyectos de inversión están enfrentando en forma creciente trabas a su materialización, una vez que han sido aprobados ambientalmente con su respectiva resolución (RCA). Este “cuello de botella” toma forma en la creciente judicialización de proyectos ante los Tribunales Ambientales.

Así lo evidenció el último monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que registró un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles durante el primer semestre de 2026.

Actualmente, los Tribunales Ambientales mantienen 67 causas en tramitación, asociadas a 59 proyectos de inversión que, en conjunto, representan más de US$10.600 millones.

Para Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), este fenómeno representa un obstáculo directo para superar la actual producción nacional de 5,5 millones de toneladas de cobre y, así, capitalizar el buen momento que viven los minerales críticos por su demanda al alza.

En el contexto del evento Ecos de la Minería, Riesco planteó que incrementar un 20% la producción es una meta alcanzable, pero depende de que el país facilite los proyectos. “La judicialización que afecta proyectos es como una espada de Damocles que se extiende sobre todas las autorizaciones, es algo que nos preocupa”, afirmó.

El líder del gremio que agrupa a empresas de la pequeña, mediana y gran minería fue enfático al señalar la necesidad de racionalizar los procesos legales posteriores a la obtención de los permisos. Riesco argumentó que, “si un proyecto ya cumplió todas sus etapas normativas, no tiene por qué poner en juego toda su autorización ambiental en un juicio, en una reclamación judicial”.

También en Ecos de la Minería participó Diego Hernández, ex presidente de SONAMI, quien dirigió sus críticas hacia la estructura actual de revisión de los permisos. “El haber creado los tribunales ambientales fue una mala medida que no ha resultado. El objetivo era tener tribunales especializados y al final se han transformado en una traba adicional”, esgrimió.

La propuesta de Hernández para solucionar este nudo institucional contempla modificar la legislación vigente. “Soy partidario de que cambie la ley y que estos tribunales ambientales se incorporen al poder judicial”, declaró.
Pese a este diagnóstico, el exdirigente gremial mantiene una postura optimista sobre el futuro a corto y mediano plazo. Asegura que percibe “un cambio de actitud y hay una voluntad de poder aprobar proyectos y efectivamente privilegiar las inversiones”, concluyó Hernández.

Desde la perspectiva del Consejo Minero, su presidente, Joaquín Villarino, consideró en una conferencia de Clapes UC que la judicialización está dentro de los grandes desafíos de productividad y competitividad que enfrenta el sector. Para Villarino, despejar las trabas judiciales es sinónimo directo de crecimiento y recaudación fiscal.
“Hay una serie de normas en discusión, otras aprobadas de carácter legal o reglamentario, que van en la línea correcta de tratar de disminuir los espacios de judicialización, dar mayor certeza jurídica, y esto, de nuevo, es una tremenda herramienta para atraer inversión y que se materialicen los proyectos sin bajar estándares”, argumentó.
Villarino recalcó que mejorar la productividad y brindar certezas atrae más inversión y genera más riqueza. Este beneficio, detalla, no es exclusivo de los inversionistas, sino fundamentalmente para el Estado, que capta aproximadamente entre el 47% y el 50% de las utilidades generadas por el sector, sostuvo.