El ajuste de Quiroz choca con el Congreso

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta una disputa por los recortes del Presupuesto 2027 que tuvo su primera expresión en el Congreso. La Cuarta Subcomisión Mixta rechazó este martes la propuesta de recursos para el Servicio Electoral (Servel), mientras la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, anunció que buscarán reponer fondos sociales y los gobernadores cuestionan la rebaja a la inversión regional.

Detrás de los porcentajes hay decisiones de distinto alcance: Prodemu enfrenta el término de su financiamiento regular después de marzo; la asignación para computadores escolares “Mi primer PC” no aparece en el mismo programa del proyecto; y otras líneas, desde la reactivación educativa hasta el arriendo y la calefacción sustentable, reciben menos recursos.

Provoste puso esas prioridades en discusión. “Esperamos que durante estos 60 días el Gobierno recapacite respecto de un conjunto de iniciativas que ha logrado disminuir más bien por razones ideológicas”, afirmó. Entre los programas que cuestionará durante la tramitación también mencionó Calles sin Violencia.

El Servel marca el primer rechazo

La propuesta para el Servel obtuvo tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Provoste, el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, y el diputado del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, la rechazaron. El senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, la respaldó y el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, se abstuvo.

La presidenta del organismo, Pamela Figueroa, advirtió que el ajuste compromete la preparación tecnológica del ciclo electoral 2028–2029. El recorte de 12 % que expuso tiene una base específica: corresponde a los recursos solicitados por el Servel para 2027, no a una comparación con la de presupuesto de 2026.

El rechazo, eso sí, no significa que los recursos hayan sido repuestos. La controversia pasa a las siguientes etapas de la tramitación legislativa, donde Hacienda deberá defender su propuesta y los parlamentarios podrán insistir en revisarla.

Arriendos, Ley Cholito y credibilidad de ministro en jaque

El proyecto de Presupuesto 2027 reduce recursos para subsidios de arriendo en $21.449 millones —17,1%—, intervención en campamentos en $12.597 millones —48,5%— y reactivación educativa en $3.101 millones —55,2%—. También contempla disminuciones de 81,18% en Fondequip, que financia equipamiento científico; 57,9% en mejoramiento de bibliotecas y 85,9% en Tenencia Responsable de Mascotas. Los préstamos habitacionales para sectores medios y emergentes pierden $96.641 millones, equivalentes a 25,6%.

La disminución del 17.1% en los fondos para el Subsidio al Arriendo desató otra controversia, ya que caerán de e $121.759 millones a $102.463 millones, un 14 % por debajo de la ley inicial de 2026. El ajuste golpea a una herramienta clave para las familias vulnerables ante la crisis habitacional.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la cifra explicando que la baja responde a un traspaso administrativo desde la Subsecretaría central a los Serviu regionales, por lo que el gasto global no variaría y se priorizará el arrastre de beneficiarios antiguos.

Las explicaciones no frenaron las críticas opositoras. La diputada Ana María Gazmuri, miembro de la Comisión de Vivienda, lideró los reproches advirtiendo que el debate no se puede “maquillar” con aumentos globales y alertó que recortar estos fondos “debilita la red de protección social”.

El proyecto también reduce de $3.634 millones a $514 millones los recursos para Tenencia Responsable de Mascotas, según varios análisis comparativos con 2026. La diferencia alcanza $3.120 millones, equivalente a 85,9%, aunque puede modificarse durante la discusión en el Congreso mediante indicaciones.

La disminución no deroga la ley, pero restringe una fuente de financiamiento para ejecutar sus objetivos. Los municipios deberán conocer si tendrán que utilizar fondos propios para mantener actividades como la esterilización de animales, antes financiadas por el programa.

El senador oficialista Javier Macaya (UDI) planteó revisar la reducción de recursos para el Programa de Tenencia Responsable de Animales en el Presupuesto 2027, destacó su importancia social y pidió evaluar sus resultados antes de definir cambios en su funcionamiento.

“Es algo que tiene una sensibilidad social muy relevante que es la protección de los animales. No solamente los animales domésticos, me gustaría que pudiéramos revisar en métricas cuánto ha sido el shipeo, cuánto ha sido la la posibilidad que se ha tenido de esterilización”, afirmó Macaya.

Y agregó que “esto tiene un impacto muy significativo en lo en en lo que significa el ataque muchas veces de perros asilvestrados en las zonas rurales que yo represento, una problemática que podría eventualmente también tener una solución con la tecnología”.

Diputado Bianchi “¿Le vamos a creer al ministro Quiroz?”

Una crítica más dura hizo el diputado independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El legislador la credibilidad de la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y advirtió que la propuesta presupuestaria afectará el desarrollo regional, el empleo y que no ha cumplido sus compromisos sobre protección de programas sociales.

“¿Al ministro Quiroz que dijo que iba a rebajarse 1.000 millones de dólares y no lo hizo? ¿Le vamos a creer al ministro Quiroz, que dijo que no se iba a endeudar y vamos a llegar a una deuda del 44% del PIB?. A un ministro que dijo que no iban a haber efectos en programas sociales, y los hay. Y, efectivamente, a nivel de los territorios, de las regiones, hay un perjuicio que también va a tener un efecto directo en los desarrollos de las regiones y en los empleos a través de las regiones. Por lo tanto, la presentación que ha hecho hoy día el ministro Quiroz no es creíble”, afirmó Bianchi.

El senador Iván Flores (DC) advirtió que el aumento de 1,5% anunciado para el Presupuesto 2027 sería insuficiente para enfrentar los mayores costos de hospitales, consultorios y otros servicios públicos. A su juicio, las alzas en combustibles, medicamentos e insumos reducen la capacidad de las instituciones para atender a la ciudadanía.Para ilustrar su crítica, sostuvo que llenar el estanque de una ambulancia antes costaba $70.000 y ahora requiere entre $110.000 y $120.000.

“El proyecto de ley de presupuesto que presentaba el gobierno ni siquiera da cuenta del IPC (…) Esto es un desastre. La apuesta de Quiroz, de rebajar. el impuesto a las grandes empresas, no movió la aguja, no  movió interés de las empresas por invertir. Ya las empresas que están empezando a hacer agua”, afirmó a El Mostrador.

Flores acusó al Ejecutivo de trasladar los costos a las personas y las instituciones, y advirtió que los recortes de este año agravan el escenario.

Prodemu: fondos hasta marzo, decisión del directorio

En la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), el proyecto contempla recursos operacionales hasta el 31 de marzo de 2027, además de fondos para liquidación, indemnizaciones y obligaciones pendientes. La transferencia baja de $10.379 millones a $8.372 millones, un 19,3 %. Ese monto no asegura doce meses de actividades: incluye recursos para enfrentar el eventual término de la institución.

La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó los recortes del Presupuesto 2027 tras la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y anunció que buscará reponer recursos para programas sociales. Atribuyó las disminuciones a “razones ideológicas” y contrastó el ajuste con la solicitud de mayor endeudamiento del Ejecutivo.

La presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos mencionó reducciones en Prodemu, Yo Elijo mi PC y Calles sin Violencia. Además, acusó problemas de gestión: “Los recursos estaban ahí aprobados, lo que no hubo fue capacidad para gestionar correctamente”. Provoste pidió priorizar empleo e inversión pública y mantener las obligaciones de informar al Congreso. Propuso una plataforma de datos abiertos y exigió identificar los fondos para reconstruir las zonas afectadas por temporales, incluida Atacama.

Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cierre derivaría de perder los aportes que sostienen la mayor parte de su operación, no de una orden de la cartera. La ministra Judith Marín, integrante del directorio, sostuvo que ese órgano debe resolverlo.

“La Ley de Presupuestos no puede cerrar una fundación que tiene sus propios estatutos”, afirmó en Expreso Bío Bío. Según informó BioBioChile, la secretaria de Estado planteó que Prodemu puede buscar donaciones, aportes privados o recursos regionales para continuar funcionando.

Marín responsabilizó al traspaso de los convenios desde el gabinete de la primera dama durante la gestión de Irina Karamanos y estimó una deuda de unos $3.000 millones. Afirmó que se intentó un plan de mejoramiento, pero que “el daño que se hizo es irremontable”.

La excoordinadora sociocultural de la Presidencia rechazó esa explicación. Según Karamanos, el financiamiento desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género ya provenía de la Ley de Presupuestos. Lo que cambió fue el nombramiento de la presidencia de la fundación, no el mecanismo para financiarla.

“Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas”, respondió.

El empleo femenino, en el centro del reclamo

A la disputa se sumó la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Anfummeg). La organización cuestionó que el Gobierno busque aumentar la participación laboral femenina mientras reduce las herramientas destinadas a apoyar la formación y autonomía de las mujeres.

“Esa contradicción merece una explicación”, señaló. Sus reparos incluyen la reducción de 26 plazas en la dotación máxima del servicio y los menores recursos para programas dirigidos a mujeres. “No se fortalece la igualdad debilitando la institucionalidad de género que Chile tardó décadas en construir”, sostuvo.

Prodemu emplea a 380 personas. El eventual término también deja abierta la continuidad de 942 participantes que cursan el segundo año de Mujeres Rurales. Marín anunció un traspaso del programa a Agricultura, región por región, para que las mujeres puedan continuar.

Orrego: más recursos para invertir

El ajuste regional abrió otro frente para Quiroz. La partida de Financiamiento Gobiernos Regionales pasa de $1.900.048 millones en la ley inicial de 2026 a $1.803.524 millones en el proyecto de 2027: una caída nominal de 5,1 %. Dentro de ella, las transferencias de capital disminuyen en $120.246 millones.

En conversación con El Mostrador, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó que el Ejecutivo promueva la generación de empleo mientras reduce los recursos que las regiones destinan a inversión. Su petición a Hacienda fue directa: “dennos más lucas y se las invertimos rápidamente”.

Orrego reconoció medidas para agilizar la ejecución, pero señaló que la reunión con Hacienda no produjo avances en los montos. También discutió cómo se mide el uso de los fondos: objetó que el cálculo no reconozca recursos que los gobiernos regionales transfieren a ministerios.

El desacuerdo tiene consecuencias para los proyectos que se financian en los territorios. El gobernador advirtió efectos sobre convenios con esas carteras y sobre inversiones en vehículos y cámaras de seguridad.

Computadores y reactivación educativa

Los computadores escolares de son otra de las prioridades que Provoste busca llevar al debate presupuestario. La senadora se refirió al beneficio como Yo Elijo mi PC. En los documentos, la asignación figura como Programas de Becas Acceso a TICs, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Esa línea contó con $34.796 millones en la ley de 2026 y no se reproduce en el mismo programa del proyecto de 2027. Financia equipos, accesorios y conectividad para estudiantes de séptimo básico, con cobertura en establecimientos públicos y acceso focalizado en particulares subvencionados. La ausencia de esa asignación, por sí sola, no permite establecer si el beneficio tendrá financiamiento por otra vía.

El Fondo para la Reactivación Educativa sí se mantiene, pero baja de $5.618 millones a $2.517 millones, un 55,2 %. Sus recursos financian acciones como equipos territoriales, apoyo psicosocioeducativo y aulas de reingreso.

 Cultura y acción climática

El Pase Cultural combina una rebaja de 66,3 % con un cambio de destinatarios. En 2026 entrega $50 mil a jóvenes de 18 o 19 años del 60 % más vulnerable que cumplen los requisitos. Para 2027, la propuesta contempla $75 mil para jefes o jefas de hogar con hijos menores de edad del 40 % más vulnerable, sujetos a selección y disponibilidad presupuestaria. Aumenta el aporte individual, pero disminuye el presupuesto y cambia la población que puede acceder. Las mejoras de bibliotecas públicas, en tanto, caen 67,5 %.

En Medio Ambiente, el presupuesto total sube nominalmente 2,1 % y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aumenta 28,2 %. Ese crecimiento convive con bajas en otras líneas: Calefacción Sustentable pasa de $2.888 millones a $1.356 millones, un 53 % menos. La asignación financia el recambio de artefactos a leña por sistemas más limpios en hogares de zonas definidas. Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional retrocede 59,1 %.

La discusión vuelve así a las prioridades del Ejecutivo. Provoste contrapuso los recortes a la autorización de endeudamiento por hasta US$25 mil millones que solicita el proyecto. Quiroz ha explicado que ese techo cubre vencimientos, déficit y otras necesidades de financiamiento: no equivale a deuda que vaya a emitirse íntegramente. Con el primer rechazo ya registrado, la tramitación deberá resolver qué recursos se mantienen y cuáles acepta reponer Hacienda.