La nominada de Kast que llega a la Suprema: las dudas sobre Marisol Rojas por casos de DDHH

La incorporación de Marisol Rojas Moya a la Corte Suprema requería dos tercios de los senadores en ejercicio; o sea, al menos 33 sufragios a favor de su nombramiento. Ayer, en el Senado, la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago consiguió dos votos más de los requeridos, conteo suficiente para convertirse en nueva ministra del máximo tribunal.

Abogada por la Pontificia Universidad Católica, fue la candidata propuesta por el Presidente José Antonio Kast, luego de ser seleccionada desde una quina elaborada por la Corte Suprema para reemplazar a la exministra María Teresa Letelier, quien jubiló al cumplir 75 años y se encuentra imputada en la causa por tráfico de influencias en nombramientos al interior del Poder Judicial, tras revelarse sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

La nominación de Rojas no era fácil, dado el contexto de cuestionamientos a los supremos por diversos casos de corrupción, situación que llevó al propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, a intentar disipar las dudas sobre ella durante su presentación, aseverando que “la señora Rojas no se encuentra relacionada con los casos que lamentablemente han conmovido la opinión pública en materia de probidad. Debemos recuperar la institucionalidad del Poder Judicial”, sostuvo.

Mientras el Ejecutivo se encargó de presentar a Rojas como una carta imparcial e independiente –“han primado elementos de mérito de la candidata”, apuntó Rabat–, la oposición reparó –sin transparentar– que la magistrada era en el fondo una persona de derecha, pero los votos de rechazo de Diego Ibáñez (FA), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC) y Beatriz Sánchez (FA), así como las abstenciones de Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), no bastaron para impedir el nombramiento de la candidata escogida por el Presidente de la República.

No obstante, las críticas relacionadas con algunos fallos sobre delitos de lesa humanidad se mantienen presentes en agrupaciones de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos señaló que la independencia es clave en un Estado de derecho y que, si bien los jueces fallan de distinta manera, el caso de Marisol Rojas preocupa, debido al uso de la prescripción en materia de violaciones de los derechos humanos.

“Sabemos que el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la implicación de esa figura jurídica… esperamos que Marisol Rojas en el futuro como ministra resuelva casos de derechos humanos de la dictadura, u otros, siempre teniendo en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos y las obligaciones que tiene nuestro país en la materia”, aseguró a El Mostrador.

Cuestionamiento en derechos humanos

Antes de ser aprobada su nominación, el nombre de Marisol Rojas avanzó en la Comisión de Constitución de Senado con tres votos a favor –Andrés Longton (RN), Arturo Squella (PRep) y Pedro Araya (PPD)– y dos abstenciones, estas últimas de las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), quienes plantearon cuestionamientos respecto a causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.

Vodanovic cuestionó, a fines de septiembre, los criterios jurídicos utilizados por Rojas en causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad y su postura respecto de la denominada “media prescripción”, recordándole el caso Arévalo Yáñez. “¿Usted sigue creyendo que quienes cometen crímenes de lesa humanidad deben recibir una pena rebajada por el transcurso del tiempo?”, le preguntó durante la audiencia.

Rojas explicó ante los senadores que durante una etapa de su carrera aplicó la prescripción respecto de acciones civiles vinculadas a indemnizaciones, pero que posteriormente modificó ese criterio, luego de fallos internacionales que establecieron la inaplicabilidad de esa figura frente a determinadas reclamaciones contra el Estado.

“Entendí que el Estado había hecho renuncia de la prescripción y, por lo tanto, di lugar a las indemnizaciones, indemnizaciones que evalué en cada caso de acuerdo al mérito de los antecedentes y de los daños morales que habían sufrido las víctimas, tanto personales como por rebote”, explicó.

Respecto de esto último, fuentes del mundo de los DDHH indicaron que, pese a que el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, respecto a que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles, no solo las desapariciones, torturas o asesinatos, sino también la acción de reparación civil, Marisol Rojas falló de manera contraria en algunos casos, como el de Agustín Corvalán, un ejecutado político; Operación Colombo, en el episodio de Teobaldo Tello; y Pisagua, con Manuel Sanhueza Mellado.

La controversia con la entonces candidata no solo fue en materia de derechos humanos. Su eventual afinidad política con sectores de derecha adquirió relevancia porque su nominación no se jugaba solamente en términos de su carrera judicial. También, como es sabido, los nombramientos de ministros de la Corte Suprema siempre están atravesados por discusiones sobre los equilibrios políticos del máximo tribunal.

Marisol Rojas rechazó, sin embargo, que su trayectoria pueda ser leída bajo esa lógica: “Yo no tengo tendencia política, yo soy juez”, afirmó ante la comisión. “Mis fallos siempre han sido conforme al mérito de los antecedentes y a la aplicación o la interpretación de las normas legales vigentes en el Estado de Chile”, comentó en su primera visita al Senado.

“He intervenido en distintas causas que podríamos llamar de connotación política y mi norte siempre ha sido resolver conforme al mérito de los antecedentes. Nunca respecto a si me podían o no relacionar con alguna tendencia política… Yo soy juez, he sido toda mi vida juez, siempre he estado en el Poder Judicial, nunca tuve un trabajo diferente al Poder Judicial y siempre he sido juez y he fallado conforme al mérito de los antecedentes”, subrayó.

TC y vínculos familiares

Marisol Rojas tiene 63 años y llegó al proceso de nominación después de casi cuatro décadas dentro del Poder Judicial. Ingresó en 1987 como oficial tercera del 30° Juzgado Civil de Santiago, fue relatora de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, y, desde 2012, ministra del tribunal de alzada capitalino. En marzo de este año, asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En abril pasado, integró la Sala que rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa del líder máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, sobre quien pesa un pedido de extradición a Argentina por su papel en el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán.

En 2023 también participó en la decisión que acogió una querella de capítulos contra el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, en el marco de la investigación por interceptaciones telefónicas. Asimismo, intervino en decisiones disciplinarias relacionadas con los ministros Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

Hay, además, un antecedente disciplinario que también forma parte de su hoja de vida. En 2014 la Corte Suprema le impuso una anotación de demérito, junto al entonces ministro Juan Cristóbal Mera y al abogado integrante Bernardo Lara, por haber desobedecido una orden del Tribunal Constitucional que suspendía la tramitación de un recurso interpuesto por el diario La Segunda contra la Fiscalía Nacional. El episodio no impidió su posterior desarrollo dentro de la judicatura, pero forma parte de los antecedentes que han acompañado el escrutinio de su candidatura.

Otro elemento observado durante la revisión de sus antecedentes ha sido su entorno familiar dentro del sistema judicial. Su esposo, Iván Abelardo Covarrubias Pinochet, se desempeña en el 30° Juzgado Civil de Santiago y su hijo, Iván Covarrubias Rojas, era notario suplente de Talagante hasta mayo de este año, al menos. La existencia de estos vínculos no constituye por sí misma un impedimento para la nominación, pero sí se incorporó al debate sobre transparencia y eventuales conflictos de intereses.