El viceministro de economía, Axel Kicillof, lo puso claro en una presentación ante el Senado Argentino: «no vamos a pagarle a Repsol lo que ellos quieren». Con esas palabras se disipó cualquier esperanza que la disputa con Repsol —por la nacionalización de YPF— podría ser civil y sin dramatismo.
El presidente de la compañía, Antonio Brufau, había valorado la acciones en unos 10.000 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). Y eso sólo como punto de partida, ya que la demanda final podría incluso duplicar esa cantidad si se cuentan otras valoraciones de la compañía expropiada y el lucro cesante de la explotación de nuevos yacimientos descubiertos. Como escribió el diario El País: la disposición del Gobierno argentino no parece indicar un acuerdo rápido y sin controversias.
Kicillof aseguró este martes que el Estado no pagaría ese precio y que revisará «las cifras sobre el valor verdadero de la compañía». El ministro de Planificación y nuevo interventor de YPF, Julio de Vido, señaló: «El costo de la empresa vamos a tener que conversarlo. En primer lugar, vamos a acogernos a lo que plantee la Ley de Expropiaciones del Tribunal de Tasaciones. Pero los señores gobernadores también tienen muchos reclamos por hacer». Las declaraciones se efectuaron durante la presentación del proyecto de expropiación en el Senado.
De Vido también dijo que Repsol tendrá que pagar por daños ambientales: «lo tendrá que pagar, porque el medioambiente, el territorio de los argentinos no se rifa, tiene precio, igual que el precio que estima Brufau que tiene la empresa Repsol. En eso vamos a ser absolutamente inflexibles. Ademas, De Vido indicó que Repsol tiene una deuda «cercana a los 9.000 millones de dólares».
La agencia calificadora de deuda Moody’s rebajó la calificación de YPF tras el anuncio de expropiación. Las acciones cayeron casi un 7% luego de volver a cotizar.
En Chile, el Presidente Sebastián Piñera declaró que el Gobierno defenderá a Enap si sus inversiones son afectadas. Por su parte, la Empresa Nacional de Petróleos ha manifestado que evalúa acciones legales contra el decreto que declaró la caducidad de la concesión del yacimiento Cañadón Perdido-Campamento Central, operado en partes iguales por la chilena e YPF y cuyo monto de inversión asciende a US$ 47 millones. El canciller Alfredo Moreno aseguró estar en conversaciones con Argentina para que Enap no sea afectada.
Argentina es el destino número uno de inversiones chilenas en los últimos 12 años, con US$ 16.284 millones, de las cuales un 26% se concentra en el comercio minorista. En la bolsa, los inversionistas nuevamente castigaron a Cencosud y las otras empresas chilenas con alta exposición al mercado argentino.
El economista Nouriel Roubini, en Santiago ayer para participar en un seminario del banco BICE, dijo que no creía que la medida del Gobierno Argentino sea el principio de algo mayor. «Las autoridades reconocen que no pueden embarcarse en tomar medidas radicales».
