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Denuncian que el gobierno instruyó no apelar de fallo que favoreció a exagente DINA
Corte de San Miguel determinó que César Manríquez presenta enajenación mental y decidió revocarle la prisión y entregar su custodia a su esposa. Nueva jefatura del Programa de DDHH de la subsecretaría del ramo ordenó a la abogada querellante en el caso no apelar de ello.
Una denuncia según la cual “la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos” instruyó al Programa de Derechos Humanos (dependiente de la primera entidad) no apelar del fallo que decretó enviar a su domicilio al exagente de la DINA César Manríquez dio a conocer esta tarde la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de DDHH (Anfuddhh).
Como informó ayer El Mostrador, en medio de la batalla legal entablada por la defensa de Manríquez, de 95 años, en orden a que este sea liberado de responsabilidad debido al estado de enajenación mental que argumentan le afecta, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo, ordenando que el exmiembro de la DINA sea entregado al cuidado de su esposa.
Según un comunicado emitido por medio de la cuenta de X de la Anfuddhh, “El Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones, buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.
Sin embargo, “la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar de la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”.
En ese sentido, argumentaron que “no agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad”.
El comunicado califica lo ocurrido como “un pésimo precedente frente a otras causas judiciales en las que el Programa de Derechos Humanos, a través de sus funcionarios, está mandatado a actuar”.
De acuerdo con lo informado por fuentes allegadas a dicha repartición pública, la decisión ya se había tomado el miércoles por la mañana, cuando la causa de Manríquez apareció en la tabla del día de la Corte de San Miguel, ocasión en la cual la actual jefa del Programa de DDHH, Constanza Garrido, escribió a la abogada María Francisca Onel, querellante por parte del Programa de DDHH, a fin de instruirle que no apelara, pero fue muy tarde, puesto que la profesional ya se encontraba al interior de la sala.
El jueves en la tarde, una vez conocida la decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel en orden a que Manríquez quede bajo el cuidado de su esposa, Georgina Langer, se repitió la instrucción desde Garrido hacia la abogada Onel.
Cabe indicar que, como dio a conocer anoche este medio, los abogados querellantes particulares en la causa por la cual Manríquez fue beneficiado, Andrea Gattini y Nelson Caucoto, criticaron fuertemente la decisión adoptada por la corte de San Miguel y anunciaron que recurrirán ante la Corte Suprema, buscando revertir el fallo.
La instrucción emitida por la subsecretaría de DDHH, hoy encabezada por el abogado Pablo Mira Hurtado se suma al descabezamiento del Plan Nacional de Búsqueda, cuyas tres máximas jefaturas fueron despedidas por instrucción del nuevo ministro de justicia, Fernando Rabat Celis, quien fue abogado defensor de Augusto Pinochet en el caso “Riggs” y fue miembro del estudio jurídico del fundador de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez.
Rechazamos la decisión de la autoridad de no impugnar la resolución de 16 de abril de 2026 en la causa rol Nº226-2026 de la Corte de Apelaciones de San Miguel pic.twitter.com/fqRGOYRI6h
— ANFUDDHH (@ANFUDDHH) April 17, 2026
“Una vergüenza”
El abogado especializado en DDHH Francisco Bustos dijo en torno a esta denuncia que lo acontecido “es una vergüenza, es un escándalo”, indicando que “aquí se podrían configurar infracciones a la probidad administrativa e incluso delitos penales, pues el Programa de Derechos Humanos tiene deberes en cuanto a buscar la verdad y la justicia respecto de los casos de crímenes de lesa humanidad, especialmente en casos como la operación Colombo” (en la cual está acusado Manríquez).
Asimismo, precisó que “en el fondo, lo que se está haciendo aquí, dar una orden de no apelar, cuando además hay un antecedente fundado que se conoció hace un par de semanas, que es que, de acuerdo a la unidad de memoria del hospital Salvador, César Manríquez, agente de inteligencia, podría estar fingiendo, es una cuestión de la máxima gravedad”.
Por ello, dijo que “se requieren explicaciones tanto desde la jefa del programa como del subsecretario e incluso del ministro de Justicia”.
