La Moneda se juega su última carta para salvar proyecto de deuda consolidada
Como en el colegio, el Gobierno dejó la tarea para última hora. El proyecto de ley que unifica la información de deuda al día de los clientes del sistema financiero vivirá su día más difícil este martes, cuando la comisión de Economía de la Cámara de Diputados lo vote.
El tema es que el proyecto pende de un hilo, pues los propios parlamentarios de la Alianza cuestionan un punto que para esta administración es innegociable.
Este es que los diputados José Manuel Edwards (RN) y Gonzalo Arenas (UDI) exigen que, al crear el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE) —a través del cual consolidará la información comercial al día de clientes de la banca y del retail— se elimine el actual registro de deudores que tiene la banca desde hace tres décadas y que según diversas denuncias, sigue usando para evaluar a sus clientes (las llamadas listas negras).
La situación llegó al límite hace pocas semanas cuando el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, declaró, según confirman diputados integrantes de la comisión, que el gobierno estaba dispuesto a dejar caer la iniciativa si se les obligaba a eliminar el registro de deudores de la banca.
Apremiado por la coyuntura, el Ministerio de Hacienda esperó hasta el último momento para actuar.
La tarde de ayer, Dittborn citó a Teatinos 120 al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Raphael Bergoeing, y a los dos parlamentarios díscolos en este tema.
¿El motivo? Mostrarles una carta y conseguir su voto: una indicación que, si bien no elimina el registro de deudores como querían los parlamentarios, pone resguardos —a su juicio suficientes—, para impedir que se sigan usando estos registros en la evaluación de clientes.
La propuesta que, según fuentes que conocieron de la reunión, ingresará a la comisión este martes, tipifica como delito el uso de estos registros para la evaluación crediticia y lo limita exclusivamente a su uso para el cálculo del riesgo sistémico de las carteras de crédito de estas instituciones.
De paso, el Ejecutivo se habría comprometido a indicar en forma explícita que el superintendente de Bancos será responsable de fiscalizar el cumplimiento de esta medida.
La indicación irá como Articulo 14 Bis, modificando la Ley General de Bancos y, también establecería la imposibilidad de que los bancos puedan compartir información de clientes de su competencia, como está ocurriendo hoy.
En principio, la moción contaría con el respaldo de sus parlamentarios, pero dependerá del texto final que llegue a Valparaíso.
“Si la indicación señala claramente que el registro de deudores sólo se utilizará para el cálculo de riesgo sistémico, se tipifica como delito su mal uso y se responsabiliza a la SBIF de fiscalizarlo, entonces vamos a bajar nuestra postura inicial de eliminar el estado de deudores”, resaltó Edwards.
En la oposición también existiría disposición a aprobar el proyecto, pero esperarán a ver la indicación.
“Está bien que se tipifique como delito, pero también debiéramos avanzar en mayores sanciones a los bancos, no sólo multas a los bancos sino a sus ejecutivos y directores, incluso que la violación de la ley acarree la eliminación del registro de bancos”, propone el diputado Fuad Chahín (DC).
Chahín aseguró que la iniciativa pudo ser despachada antes, pero este tema lo impidió. “Aunque estamos de acuerdo en tener mayor información en el sistema financiero, debiéramos tender a eliminar los registros de deudores o, si existe necesidad de evaluar riesgos sistémicos, debe ser con información acumulada y no desagregada y el mal uso debe tener sanciones muy altas, penales y pecuniarias”, agregó Chahín.
El proyecto de ley indica que la información de deuda al día de los clientes, que vaya ingresando al SOE caducará a los cinco años y los proveedores de crédito podrán acceder a ella con el consentimiento de los clientes y sólo podrán usarla para evaluar la calidad crediticia del cliente.
De esta forma, La Moneda obtendría un triunfo legislativo histórico, pues los últimos dos gobiernos de la Concertación no pudieron conseguirlo.
La iniciativa es una antigua aspiración de la banca y ha sido severamente cuestionada por el retail, que considera que será un subsidio a la banca el entregarle información de sus clientes. Incluso, esta industria ha advertido vicios de inconstitucionalidad.
