Ramón Briones Espinosa Hernán Bosselin Correa, Abogados
Los últimos lamentables acontecimientos acaecidos en el mundo político tradicional y en el ámbito económico mercantil, prueban fehacientemente que los ciudadanos y consumidores están siendo abusados por parte de los oligopolios políticos y económicos. Está establecido ya, en el ámbito económico, que existen graves y recurrentes atentados a los derechos de las personas en su calidad de consumidores.
Pareciera que recién algunos estuvieran descubriendo prácticas abusivas, que sin embargo tienen larga y antigua data en nuestra historia económica.
Nos permitimos, pidiendo excusas, traer a colación una denuncia que efectuamos el 24 de julio de 1985, ante la Fiscalía Nacional Económica, en los tiempos de la dictadura, en compañía de nuestros recordados amigos Narciso Irureta y Adolfo Zaldívar, en contra de la Compañía de Teléfonos de Chile, como se llamaba en aquella época, la empresa estatal dependiente de la Corfo que atendía los servicio de telefonía.
Hace 28 años ocurrió que en Chile esa empresa estatal procedió a violar la Ley de Telecomunicaciones, que la obligaba a regular sus tarifas con acuerdo de la autoridad estatal sectorial, al implementar un sistema de cobro horario, en virtud del cual asignaba distintos valores a los minutos que el usuario disponía, dependiendo de franjas horarias que hizo a su antojo. En esos tiempos no existía Parlamento y por cierto no se había dictado una ley de protección de los consumidores.
Nadie defendía a los consumidores, ni siquiera a los ciudadanos, salvo aquellos que se enfrentaban al tema de los derechos humanos en las condiciones que el país conoce. En esa denuncia le dijimos a la autoridad que la vieja norma del Código Civil del artículo 1809 establecía “que no podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes”.
La denunciada había utilizado un subterfugio para burlar dicha norma en los contratos de suministro. Mucho más tarde, como el país lo sabe hoy, la ley de Sernac que entró a regir el 7 de marzo de 1997, estableció limitaciones adicionales a los proveedores de servicios, condenando la publicidad engañosa, regulando los cobros en las formas de mandatos genéricos y que en general establece un marco de defensa del consumidor, que recién hoy comienza a ser medianamente útil.
Dicha ley, la primera y luego modificada por otras, no contempló mecanismos para verdaderos juicios expeditos de carácter masivo. Hoy no es fácil iniciar juicios colectivos, porque sectores interesados y poderosos, lograron que en la ley de los consumidores se establecieran muchas cortapisas para deducir nuevas demandas. Los oligopolios económicos lograron una legislación que dificulta extraordinariamente los juicios colectivos. La prueba evidente de lo anterior es que las causas en que fueron recientemente condenados el Banco del Estado y Cencosud tuvieron una larga tramitación, de más de siete años.
Por otro lado, los oligopolios políticos existentes en nuestro país impiden que la ciudadanía se manifieste libre y democráticamente. Asimismo, las dirigencias de los partidos políticos tradicionales operan con un singular menosprecio de la ciudadanía. Prueba lo anterior la circunstancia que nada han hecho por modificar o mitigar el sistema binominal. Se han quedado en meras palabras, que no se han traducido en hechos concretos. Se le dijo al país que mediante la Ley de Primarias se iba a dar participación a la ciudadanía en la selección de los candidatos a parlamentarios y presidenciales. Sin embargo, dicha legislación ha sido completamente desconocida por los propios partidos políticos en lo que a cargo de elección parlamentaria se refiere y el país ve que con extraordinaria energía las cúpulas partidarias han preferido seleccionar ellos mismos a los candidatos, con prescindencia absoluta de la voluntad de los electores.
Desde esta perspectiva la ciudadanía puede considerarse defraudada por el mundo político tradicional, que sigue insistiendo en sus prácticas oligopólicas que restan representatividad al sistema político chileno. Cuando los abusos de los oligopolios económicos y políticos se imponen en el país, se crea una situación evidente de inestabilidad.
El país observa contubernios económicos y políticos. Sobornos y chantajes que transforman las actividades económicas y políticas en oficios despreciables por la profunda descomposición de los organismos que participan en la gestión y desarrollo de esos oligopolios.
Hay que emprender una dura tarea de cambio y rectificación de los mecanismos económicos y políticos en actual aplicación; hay que proscribir las prácticas abusivas en los ámbitos políticos y económicos. Los infractores deben ser duramente sancionados, con inhabilitaciones perpetuas para desempeñar cualquier función pública, disponiéndose, en su caso sanciones duras a las personas jurídicas que aprovechando las ventajas ilegítimas por la posición de mercado que disfrutan, abusan reiteradamente de los consumidores y de la ciudadanía. Nos gustaría que las personas jurídicas que hacen aportes indebidos a representantes populares, perdieran los derechos y beneficios que el Estado gratuitamente les ha concedido, en su caso, previa la condigna investigación sobre la materia.
