Iván Valdés, micro-economista, UNAB
El presidente de una importante asociación gremial de instituciones financieras ha dicho que no se debe abusar de la palabra abuso y a partir de ello extrapolar lo que sucede en la industria del retail hacia el resto de las industrias. Suena interesante ese reclamo por cuanto supone la sobreutilización o el exacerbo de este término por parte de la opinión publica para ejemplificar las múltiples situaciones de abuso que se han venido informando en los últimos meses en el país.
Mas allá del juego semántico de aquella frase, lo destacable es que se ha transparentado una cultura empresarial doméstica de hacer negocios con un bajo piso ético y no sólo por la misma conducta reprochable sino que porque finalmente se termina dañando a consumidores de menos ingresos, más vulnerables, que además tienen una menor comprensión de los contratos y sus cláusulas, baja capacidad de reclamo y casi nula capacidad de sustitución al momento de elegir sus oferentes. En definitiva, ¿qué puede hacer un consumidor promedio cuando se enfrenta a situaciones de abuso de grandes farmacias que cubren el 90% de la provisión minorista de remedios que inducen la compra de aquellas marcas de mayor rentabilidad o sus propias marcas a gigantes supermercados que tienen casi el 80% de la venta de abarrotes en el país? ¿O frente a grandes tiendas que se expanden rápidamente en términos de tamaño y cobertura geográfica y que inducen el pago de las transacciones a través de sus famosas “tarjetitas de crédito”?. La misma banca, la cual usualmente “obliga” (perdón, le entrega) a sus clientes a aceptar todos sus productos (tarjetas, líneas de créditos, cuentas corrientes, seguros, etc.) para hacer viable un servicio específico. Parece entonces, que nuestra capacidad de sustitución es cada vez menor y por lo tanto, les deberemos comprar de igual modo.
Desde el ámbito de las leyes de competencia, aquello no es ninguna novedad. El problema real es que aun cuando esas leyes tipifican esas conductas usualmente bajo el concepto de abuso de dominancia, la evidencia empírica largamente supera lo que esa legislación puede explícitamente regular. Aquí está justamente la dicotomía con la frase que ha mencionado el representante del gremio mencionado arriba, es decir, las propias empresas han abusado empíricamente del abuso, y por lo tanto, los perjudicados no son ellos, sino la enorme cantidad de consumidores que por largos años han debido enfrentar y aceptar ese poder unilateral que tienen esas grandes empresas.
Otro tema importante que subyace a este análisis, es la preocupación que las propias autoridades han dado justamente a la relación unilateral entre consumidores y productores. En efecto, desde el retorno de la democracia la agenda económica ha estado centrada en aspectos macroeconómicos y por lo tanto, con muy poco espacio para estos problemas microeconómicos. Es decir, 23 años hablando del crecimiento, de la inflación, de las tasas de interés, de las exportaciones. En contraste, lo mas relevante (y por lo tanto donde se han destinado mas recursos públicos) en términos micro-económicos ha sido la preocupación por las PYMES, caballito de batalla de la mayoría de los Ministros de Economía desde los noventa, que además, generalmente son especialistas macro (PLOP) y por lo tanto con muy baja comprensión (por no decir nula) de los fenómenos micro-económicos.
En suma, largos años con poquísimo espacio para levantar leyes que hagan menos asimétricas las relaciones contractuales entre consumidores y productores y la comprensión de las conductas, para fortalecer las instituciones reguladoras a todo nivel (esto es, desde las superintendencias respectivas hasta la propia agencia de competencia y el tribunal respectivo).
Yo me pregunto qué sería del país si instituciones como Conadecus no relevara y denunciara estos abusos a los tribunales respectivos, qué sería si los medios y sus periodistas no informaran de los abusos de supermercados al vender alimentos en mal estado, los sobreprecios cobrados por las clínicas por fármacos proveídos a pacientes hospitalizados o los falsos servicios proveídos por talleres automotrices a sus clientes, qué país existiría si las comunidades organizadas no se opusieran a la instalación de empresas contaminantes, los abusos cometidos por las empresas del transporte público y la calidad de la educación. Obviamente estos temas no estarían en la agenda pública y por lo tanto ni siquiera conoceríamos el significado de la palabra abuso. Al parecer este sería el “first best” para este señor.
Un tema no menor, es el propio rol que tienen las escuelas de negocios de las universidades del país. En muchas de ellas, con una visión dogmática de la economía, se invalida la acción estatal en los mercados. Espíritu que no sólo denota la ignorancia y los sesgos políticos de sus profesores al momento de hablar del rol estratégico que el Estado tiene para cautelar la estabilidad macroeconómica (a propósito del Censo y la discusión sobre las estimaciones del IPC) sino también en las asimetrías que existen entre los agentes económicos en los mercados. Sin ir más lejos, la crisis sub-prime nos enseñó que países como Francia y Inglaterra salieron al rescate de empresas productivas y financieras y no por eso sus gobiernos pueden ser considerados estatistas. Los dogmas ya no existen para comprender los efectos que la intervención estatal tiene para mejorar el bienestar social. Luego, estas escuelas deben ser capaces de crear profesionales con una mínima ética ya que el concepto de obtener utilidades sin importar como, es un concepto añejo, ilegal pero sobre todo abusivo. El relato entonces de los economistas y especialmente de la gente de marketing es esencial para educarlos en esa dimensión.
Finalmente, sólo destacar que desde el último año se observan avances importantes a nivel institucional. Hoy la agencia chilena de competencia (FNE) se ha convertido en un agente con voz para velar por la competencia en los mercados y castigar las acciones anti-competitivas de las empresas, aun cuando su agenda se ha dirigido más a comprender y realizar seguimientos a conductas colusivas. El Sernac tiene un rol activo para defender a los consumidores. las Superintendencias castigan a empresas que no cumplen con sus obligaciones.
Falta mucho –muchísimo- por hacer, no obstante se ha dado un gran paso con estos pronunciamientos de los encargados de hacer justicia. Asimismo, el sólo hecho que se tipifique con toda sus letras la existencia de una economía del abuso (tal como lo mencionaron algunos políticos la semana pasada) es un gran paso, aun cuando aquello pueda sonar como “abusar de la palabra abuso” como el connotado líder empresarial ha mencionado.
El rol de las empresas y de sus ejecutivos es otro tema, sin embargo, las señales son claras: ya quedan menos espacios para continuar con el abuso, seguramente solo ahí se logrará cambiar los slogans y dejar tranquilos a los que se preocupan por las palabras.
Iván Valdés, micro-economista, UNAB
