La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso hoy en el discurso que pronunció en el Congreso para asumir su nuevo mandato un gran pacto nacional de combate a la corrupción y una investigación rigurosa de los desvíos denunciados en Petrobras, pero pidió preservar a la petrolera estatal de "enemigos externos".
"Estoy proponiendo un gran pacto nacional contra la corrupción que envuelva a todas las esferas del Gobierno y todos los segmentos de poder", aseguró la mandataria en el discurso que pronunció ante el pleno del Congreso tras jurar el cargo para iniciar un segundo mandato de cuatro años.
La jefe de Estado aseguró que el primer paso en ese pacto serán las medidas que prometió en la campaña para las elecciones de octubre pasado, entre las cuales estarían las que permiten sancionar con rigor a funcionarios públicos que se enriquezcan ilícitamente; una destinada a agilizar los procesos judiciales que envuelven desvíos de recursos públicos, y la que facilita el procesamiento de altos cargos con foro privilegiado.
"Quiere más transparencia y más combate a todo tipo de crímenes, especialmente la corrupción, y quiero que el brazo fuerte alcance a todos de forma igualitaria", aseguró la mandataria en el primer discurso de su segundo mandato, que comienza empañado por un gigantesco escándalo de desvío de recursos de Petrobras que puede salpicar a varios de sus aliados políticos.
La gobernante dijo que, para facilitar el combate a la corrupción, el país necesita adoptar prácticas políticas más éticas y saludables, y que ello sólo es posible mediante una "amplia y urgente reforma política".
Admitió, sin embargo, que esa reforma depende del Congreso, pero pidió que su debate se extienda no sólo a los legisladores sino a toda la población.
Pese a que se comprometió a combatir con rigor las irregularidades en Petrobras, dijo que la empresa, la mayor y más emblemática del país, tiene que ser defendida de amenazas internas y externas.
"Petrobras es una empresa con 86.000 empleados dedicados y serios, que tuvo lamentablemente algunos funcionarios que no supieron honrarla. Vamos a investigar con rigor todo lo que ocurrió de equivocado y fortalecerla cada vez más, así como crear mecanismos que evitan que hechos como eso puedan volver a ocurrir", dijo.
Rousseff, no obstante, aseguró que la empresa tiene que ser defendida debido a que es un orgullo nacional, es estratégica para el país, es la que más contrata, es líder mundial en tecnologías para la explotación de petróleo en aguas profundas y descubrió reservas que pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.
"Tenemos muchos motivos para defender a Petrobras de predadores internos y de sus enemigos externos", dijo en un aparte de su discurso bastante aplaudido.
"No podemos permitir que sea blanco de un cerco especulativo de intereses contrariados con el régimen de asociación y de la política de contenido nacional, que aseguraron a nuestro pueblo control sobre nuestras riquezas petroleras", afirmó.
El llamado régimen de asociación le garantizó a Petrobras la exclusividad en la explotación, en asociación con el Estado y sin disputa con otras empresas, de las enormes reservas que descubrió en el área geológica del presal, en tanto que la política de contenido nacional exige que la mayoría de los equipos usados por la empresa sea de fabricación brasileña.
La real dimensión de las corruptelas en la petrolera se conocerá a fines de febrero, cuando se prevé que la Fiscalía, responsable de la investigación, presentará la denuncia formal ante la justicia y desvelará el secreto judicial que hasta ahora impide conocer a los verdaderos implicados.
Aún así, la certeza de que entre ellos hay miembros de la base oficialista le dificultó a Rousseff la formación del Gabinete para su nuevo Gobierno, debido al riesgo, admitido por la propia jefa de Estado, de nombrar entre sus ministros a algún político corrupto.
Las denuncias de corrupción en Petrobras prácticamente han paralizado a la empresa y provocaron una pérdida de cerca del 40 % en el valor de mercado de la empresa el año pasado.
El escándalo también tiene en la mira de las investigaciones a importantes empresas del país acusadas no sólo de formar un cartel para distribuirse los contratos sino también de pagar millonarios sobornos a cambio de los negocios.
Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.
