Panorama político a seis meses de gobierno complica los indultos

A seis meses de gestión, la administración del Presidente J. A. Kast, ante un escenario de ausencia de mayoría oficialista en el Congreso, una economía que impacta en el bolsillo del electorado, el lento avance de la agenda de seguridad y el peso de las elevadas expectativas generadas en campaña que contrasta con el pesimismo en las encuestas, tiene cuesta arriba la viabilidad política para efectuar indultos a corto plazo.

Así lo advierten diversas voces de dirigentes del oficialismo. Y en ese marco, se observa el paso gradual desde la confrontación del aterrizaje en Palacio a un mensaje de “unidad y esperanza” del Mandatario, en medio de una necesidad de lograr un entendimiento con la oposición para acelerar el plan legislativo.

En sectores de la derecha advierten un giro estratégico por fragilidad de la leve mayoría en el Congreso: en el Senado el Gobierno depende de votos como el de Miguel Ángel Calisto y en la Cámara requiere apoyos del Partido de la Gente. Esa ausencia de mayorías claras impidió imponer proyectos como Sala Cuna, forzando a dejar posturas ideológicas para pactar con la izquierda.

Para Chile Vamos, la controversia en torno a los indultos presidenciales constituye “una materia de nicho”, altamente demandada por el electorado más duro del Presidente Kast, pero distanciada de las prioridades centrales de la ciudadanía. “En ese contexto es imposible la viabilidad política para efectuar indultos a corto plazo”, advierten.

El senador Matías Walker (DEM) calificó el debate sobre los indultos como parte de una “agenda identitaria” orientada a hablarle solo a un sector, comparándolo con el error de Gabriel Boric al indultar a involucrados en la violencia del estallido social. A su juicio, estas discusiones no aportan, por lo que urgió a centrar esfuerzos en la reactivación económica y la seguridad.

Asimismo, Walker advirtió que aprobar leyes por un margen de un par de votos es ineficaz y llamó a reconstruir consensos con reciprocidad opositora. Ante los apremios de las familias, instó a entregar una esperanza en Fiestas Patrias con acuerdos en economía y seguridad.

“Dada la situación hoy día compleja que se está viviendo en materia de seguridad y en materia de generación de empleo, creo que no hay nada más desconectado de la realidad y de los problemas que la gente hoy día está teniendo, que estar hablando de los indultos”, agregó en esa línea la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

Otros legisladores del bloque oficialista consideran que la gestión del tema había sido correcta y el desempeño del ministro de Justicia, Fernando Rabat, adecuado, pero reconocen como un traspié haber revelado públicamente el número de solicitudes y la época a las que pertenecen.

Según advierten en la derecha, en este escenario, los dichos del ministro de Justicia en Canal 13 abrieron un flanco complejo al revelar la existencia de más de 100 peticiones de indulto, en su mayoría por violaciones a derechos humanos de 1973 y pocas del estallido social.

Las palabras del secretario de Estado contrastaron con la postura original del Mandatario, quien vinculaba la facultad de indultar a causas del estallido.

No obstante, analistas de derecha e izquierda advierten que otorgar indultos por hechos de 1973 resulta políticamente inviable e impopular en medio de una crisis económica y de seguridad, ya que la ciudadanía reaccionaría con molestia si percibe al Ejecutivo enfocado en beneficiar a condenados mientras las familias enfrentan apremios cotidianos en su presupuesto.

Ante este dilema, la estrategia gubernamental se ha orientado a dilatar la tramitación y el análisis de los antecedentes a la espera de que disminuya la presión pública.

De la promesa al “caso a caso”: la evolución del compromiso de Kast sobre ls indultos presidenciales

Desde el inicio de su administración, el Presidente Kast manifestó su intención de hacer uso de la facultad presidencial de indulto, poniendo un especial énfasis en los uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social de 2019.

En su declaración pública más categórica, realizada el 12 de marzo de 2026 en entrevista con Teletrece, el Mandatario afirmó que utilizaría esta atribución y la vinculó expresamente a carabineros y militares, argumentando que terminaron presos por cumplir con su deber mandatado por el Estado y señalando que “aquí hay que partir perdonando”.

Sin embargo, con el transcurso de los meses, la postura del Ejecutivo ha ido incorporando matices, precisiones legales y un llamado al análisis técnico individual de cada expediente.

El ajuste de expectativas comenzó a evidenciarse en una entrevista concedida el 31 de agosto a Radio Cooperativa, donde el Jefe de Estado puntualizó que no tenía ninguna solicitud resuelta y que el proceso se realizaría estrictamente caso a caso.

En dicha oportunidad, precisó que el indulto no supone desconocer los fallos judiciales ni discutir las resoluciones de los tribunales, agregando que esta facultad se ha aplicado históricamente por razones humanitarias.

Más de 80 solicitudes de indulto en seis meses de gobierno

En los primeros seis meses de administración, la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha registrado un continuo incremento en los requerimientos tramitados.

El 14 de abril, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el secretario de Estado informó la existencia de aproximadamente 28 solicitudes pendientes –20 heredadas de la administración anterior y 8 ingresadas en el actual mandato–, fijando la doctrina de que cada caso se evaluaría individualmente.

Posteriormente, en junio, la cifra superó las 40 peticiones, abarcando casos de 1973-1990, del estallido social y de delitos comunes, oportunidad en la que Rabat remarcó que el indulto evalúa las circunstancias personales y los méritos del expediente sin cuestionar ni revisar las sentencias judiciales.

Frente a las exigencias de acelerar resoluciones provenientes de sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, el ministro Rabat afirmó no sentirse presionado, subrayando en Radio Pauta, el 2 de septiembre, que cumplir la promesa presidencial implica actuar estrictamente dentro de la Constitución y la ley.

En esa línea, el titular de Justicia enfatizó que no mantenía ninguna fecha fija en el calendario para resolver. Sin embargo, su intervención en el programa “Mesa Central” marcó un hito político al confirmar que las solicitudes superaron las 100 carpetas, revelando que la mayoría no corresponde a hechos del 18-O sino a condenados por causas de 1973 y que los expedientes avanzan administrativamente en su escritorio hacia una eventual decisión presidencial.

Cordero pone último escollo

Paralelamente, en Radio Agricultura, el Presidente Kast abrió la puerta a conceder indultos por razones humanitarias a personas enfermas o en etapa terminal, independientemente de si están condenadas por violaciones a los derechos humanos.

El Mandatario sostuvo que “la mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal” y afirmó que “no corresponde que una persona muera en la cárcel”, añadiendo que la pena debería mantenerse mientras el recluso conserve la conciencia.

Un último escollo agregó el exministro de Justicia y Seguridad Pública Luis Cordero al tema este lunes, en entrevista con Radio Infinita, al afirmar de manera categórica que “los crímenes de lesa humanidad no son indultables”, saliendo al paso de las palabras del Mandatario.

Cordero reconoció que la administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta presiones internas debido a compromisos previos, pero advirtió que el Gobierno debe respetar la Constitución y el derecho internacional.