Cuando mentir tiene reconocimiento

Recientemente, el presidente Kast solicitó la renuncia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, quienes dejaron sus cargos tras una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda. Así concluyó una gestión de apenas cinco meses, marcada por declaraciones desafortunadas, decisiones cuestionadas, un deteriorado clima laboral y constantes tensiones entre ambas autoridades.

La situación que precipitó el desenlace reviste una especial gravedad y presenta dos dimensiones. En primer lugar, la ministra habría utilizado recursos fiscales para asistir a una actividad de carácter social, un karaoke en el que participaban funcionarios de la cartera. Sin embargo, cuando la Contraloría requirió explicaciones, la versión oficial sostuvo que se trataba de una reunión de trabajo destinada a fortalecer el clima organizacional.

En otras palabras, se optó por construir una explicación que difícilmente se ajustaba a los hechos. Más aún, es razonable pensar que dicha versión no surgió de manera espontánea, sino que fue elaborada y respaldada por personas del entorno más cercano de la autoridad. Que esta situación pudiera formar parte de una maniobra del subsecretario para desplazar a la ministra, o que esta última careciera del respaldo político de un partido, no altera el fondo del problema ni atenúa su gravedad.

Como suele ocurrir en casos similares, en lugar de reconocer el error y asumir las consecuencias administrativas correspondientes, se eligió una estrategia distinta: negar los hechos. De este modo, el problema dejó de ser una eventual falta de criterio en el uso de recursos públicos para transformarse en algo mucho más delicado: una vulneración de la confianza pública y del deber de veracidad que debe caracterizar el actuar de quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

Pero la controversia no terminó con las renuncias. El Ejecutivo organizó una ceremonia de despedida en la que abundaron los elogios hacia la ministra saliente. Lo que debió ser un acto republicano y sobrio terminó adquiriendo un tono excesivamente emotivo, más cercano a una ceremonia de reconocimiento escolar que a una evaluación política de responsabilidades.

Durante la actividad se señaló que “hay veces que podemos cometer un error” y que el Estado posee “normas muy exigentes en ciertas áreas”, incluso difíciles de comprender. El presidente acompañó estas afirmaciones con un gesto que parecía transmitir una idea inquietante: que lo ocurrido, después de todo, no era tan grave.

La decisión es políticamente significativa porque transmite una señal difícil de ignorar. Si la salida de la ministra respondía a la necesidad de asumir responsabilidades por un episodio que comprometía el adecuado uso de recursos públicos y la veracidad de la información entregada a los órganos de control, su rápida reincorporación parece relativizar la gravedad de esos hechos. En la práctica, la renuncia corre el riesgo de ser percibida no como una sanción política efectiva, sino como una pausa transitoria dentro de la misma estructura de poder.

Sin embargo, las preguntas de fondo siguen abiertas. ¿Cuál fue realmente el error? ¿el uso indebido de recursos fiscales para fines personales? Existen múltiples precedentes de altos funcionarios que utilizaron vehículos fiscales para actividades ajenas a sus funciones. ¿O el verdadero problema fue haber entregado información falsa a la Contraloría cuando esta ejercía su función de fiscalización?

La explicación ofrecida apunta en otra dirección. Según este razonamiento, la responsabilidad recaería principalmente en los asesores de la ministra: “a veces quienes nos tienen que aconsejar no nos aconsejan tan bien” o “quienes organizan algo no planifican adecuadamente cómo se hace”. Pero esta defensa abre una dificultad aún mayor. Si fuera cierta, demostraría no solo un desconocimiento preocupante respecto de las normas que regulan el uso de recursos públicos, sino también una insuficiente comprensión de un principio básico de la función pública: la obligación de actuar con honestidad y decir la verdad.

Porque, en definitiva, el problema no radica únicamente en el uso inapropiado de recursos fiscales. Lo verdaderamente preocupante es la aparente normalización de la mentira institucional.

Cuando una autoridad pública considera aceptable ofrecer una versión falsa de los hechos, y cuando el entorno político relativiza esa conducta como si se tratara de un error menor, el daño trasciende a las personas involucradas. Más aún cuando quienes abandonan sus cargos por una controversia de esta naturaleza pueden regresar pocas semanas después al círculo más próximo del poder.

Lo que se deteriora entonces no es solo una norma administrativa o un estándar de probidad, sino la confianza que sostiene la relación entre ciudadanía e instituciones. Y ese sí es un costo que no debería parecerle menor a nadie.

Si la mentira de la exministra y la perspectiva presidencial sobre el asunto eran cuestionables, lo sucedido el día de hoy parecen reforzar el espacio para la crítica. A menos de un mes de abandonar el gabinete, Natalia Duco fue reincorporada a La Moneda como integrante del equipo de asesores presidenciales del Segundo Piso.

No regresó a una función administrativa alejada de la contingencia ni a una repartición secundaria del Estado: volvió al círculo más estrecho de confianza del Presidente, allí donde se elaboran diagnósticos políticos, se coordinan prioridades gubernamentales y se asesora directamente a la máxima autoridad del país. Estuvo apenas 24 días fuera del Gobierno antes de retornar a uno de sus espacios más estratégicos.

La relevancia de esta decisión trasciende a la persona de la exministra. En política, los cargos también comunican mensajes. Y la señal que transmite esta reincorporación es que los hechos que motivaron su salida no constituyen un impedimento para seguir formando parte del núcleo de confianza presidencial. Si una autoridad deja su cargo en medio de una controversia relacionada con el uso de recursos públicos y con la información proporcionada a los organismos fiscalizadores, pero semanas después es convocada para integrar el equipo asesor más cercano al Presidente, resulta inevitable preguntarse cuál fue realmente el costo político de esa responsabilidad.

De hecho, la rapidez del retorno corre el riesgo de transformar la renuncia en un acto meramente formal. La salida deja de percibirse como una señal de rendición de cuentas y pasa a entenderse como una reubicación temporal dentro de la misma estructura de poder, legitimando que, las responsabilidades no tienen consecuencias.