Ramón Ossa Infante, el socio principal de Ossa y Cía., está en La Serena. Su objetivo y el del equipo que lidera su esposa, Sandra Dagnino, es que se notifique a Los Pelambres de la sentencia que le obliga a demoler el muro de contención del tranque de relaves El Mauro y conseguir que se ordene a la compañía paralizar sus operaciones con el objeto de que no siga vertiendo material en él.
Si consiguieran esto último, estarían inmovilizando entre el 60% y 65% de los ingresos de Antofagasta Minerals, empresa controlada por el Grupo Luksic y que cotiza en Londres, la que además cuenta con otras operaciones mineras, como Michilla, El Tesoro y Esperanza.
No es de extrañar entonces que el ritmo se haya vuelto frenético para ambas partes desde que, el 6 de marzo, el juez titular del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez Cuadra, fallara diciendo que era insuficiente el Plan de Ejecución de Obras propuesto por la compañía para cumplir el objetivo fijado en octubre por la Corte Suprema de Santiago: “Permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad Caimanes”.
Para Martínez, la insuficiencia estaba dada por la imposibilidad de dar una solución “natural” a la comunidad, pues se trata de una “intervención humana de alta tecnología y artificial”. La otra condición que había puesto la Corte Suprema era que las aguas estuvieran libres de contaminación, pero esta opción ni siquiera fue considerada porque la primera condición no se cumplía. Ergo, el juez ordenó “la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”.
Tras este muro se acumulan alrededor de 400 millones de toneladas métricas de relave, lo cual requeriría cerca de 15 millones de camionadas para vaciar el tranque, según estimaciones de la empresa, lo que hace difícil cumplir el fallo del juez. La compañía apeló ayer, mientras tanto, Ossa y Cía. intentará paralizar la operación con el argumento de que no se siga profundizando el daño.
Una larga historia
El desenlace del viernes 6 trastrocó la hoja de ruta tanto de los abogados de la parte querellante como de los querellados. Ossa dice que la comunidad está enfocada hoy “única y exclusivamente en cumplir el fallo y no está pensando en las compensaciones. Lo que la comunidad quiere es la restitución de las aguas”, afirma.
Agrega que no ha habido contacto alguno con la empresa, porque unos y otros están tratando de cumplir con los plazos legales.
No es primera vez que este medio entrevista a Ramón Ossa, lo hizo en enero y febrero y volvió a conversar con él ayer al mediodía, ya que resulta difícil entender cómo funcionan los estudios de abogados del tipo de Ossa y Cía., que cobran honorarios por resultados, es decir, si logran ganar los casos. “En un juicio indemnizatorio se estila cobrar 20%, pero lo prudente está en torno a 30% y es lo que cobramos nosotros”, cuenta el profesional.
Según los antecedentes entregados por Ossa en enero, los litigios contra minera Los Pelambres le han costado a su estudio más de $ 400 millones desde 2008 a la fecha, suma que se le ha ido en cubrir viajes, estudio de escrituras, informes y honorarios, entre otros. Los abogados sólo verán su dinero reembolsado una vez que logren ganar los casos y se fijen las costas o se establezca un monto a indemnizar, del cual el estudio recibe un porcentaje.
El vacío que dejó Ugarte
Ossa y Cía. entró a batallar legalmente contra Los Pelambres recién en 2008. La oportunidad se abrió cuando parte de la comunidad de Caimanes se vio excluida de un acuerdo de avenimiento entre el principal opositor al proyecto, Víctor Ugarte, y la minera. Ese año, Ugarte vendió a Los Pelambras su fundo El Romero y derechos de agua correspondientes, por US$ 23 millones; a su vez, donó US$ 5 millones a 117 personas que pertenecían a la comunidad Caimanes, dejando fuera de toda compensación al resto del pueblo.
En ese momento, entró en escena Ossa y Cía., logrando retener en tribunales el dinero donado. Por un tiempo, la única forma que tenían los 117 “beneficiados” de recuperar el dinero de la donación que les correspondía y que estaba retenido por orden judicial, era entregando al Comité de Defensa Personal de Caimanes, cada uno de ellos, el 50% de lo que percibirían por la referida donación.
Por esta vía, el Comité logró $170 millones provenientes de 39 personas que accedieron a esta transacción, de los cuales $ 59 millones se destinaron a cancelar honorarios de abogados (es decir, una comisión cercana al 35%), según consta en los archivos de tribunales. El resto del dinero ha sido administrado por este Comité para distintas actividades, que van desde el financiamiento de fiestas de Navidad hasta el arriendo de vehículos cuando hay que trasladar a personas con motivo de un juicio, explica Ramón Ossa.
Eso ocurrió en 2009. De ahí a esta parte, no ha habido más desembolsos, señala Ossa.
Hasta que la muerte nos separe
En noviembre de 2008, tres de los cuatro socios de Ossa y Cía. constituyeron una sociedad colectiva civil con 188 personas de Caimanes, con el objeto de defender a esta localidad. Dicha instancia se llama “Defensa Comunidad Pueblo Caimanes”. La característica principal de este tipo de sociedad es que las decisiones se toman por unanimidad, por lo tanto, ninguno de sus integrantes se puede salir de una acción o modificarla por sí solo, sino que requiere del acuerdo de todos. No se necesita inscripción en el Conservador ni publicación. Es de responsabilidad ilimitada, y aunque nadie –como se señaló– se puede salir ni cambiar las reglas de la sociedad sin que haya unanimidad, la administración del litigio se la daban principalmente a los tres abogados, siendo los otros socios pasivos.
Esta es la sociedad que ha entablado las dos demandas contra Los Pelambres: la de obra nueva y la de obra ruinosa. Los Pelambres siempre ha sospechado que el fin último de esta sociedad es repartirse las indemnizaciones o compensaciones de acuerdo a los aportes, es decir, los 3 abogados se llevarían el 85,7% del monto, y la comunidad, la diferencia. Tesis que fue desestimada en un juicio y también es desmentida por el propio Ossa, quien argumenta que el fin de esta sociedad es llevar a cabo las querellas, pero los únicas personas que pueden ser indemnizadas son las víctimas, no los abogados.
Ossa va más allá y sostiene que su estudio quiere una solución integral para el 100% de la comunidad. Es decir, no sólo pretenden que se ejecute el fallo, sino que además se compense económicamente a las 1.600 personas que integran la localidad Caimanes. Aunque son bastante menos los que llevaron a cabo las dos denuncias, la sociedad “Defensa Comunidad Pueblo Caimanes” habría definido hace dos años que cualquiera fuera el monto de la indemnización que se alcanzara, ésta iría en beneficio de todos los miembros de la comunidad de acuerdo a ciertos parámetros como antigüedad y cargas familiares, entre otros aspectos.
En febrero, Ossa explicó de esta manera su posición: “Puedo conseguir demoler el tranque porque no hay solución e igual voy a demandar una indemnización porque la comunidad Caimanes se desintegró”.
-¿En cuánto están calculando esa indemnización?
-La indemnización propiamente tal se determinará convencionalmente, vale decir, si logramos ponernos de acuerdo con la minera en los parámetros para fijar esa indemnización; y si no es posible, la tendrá que fijar un juez…Lo que yo he señalado, y que se me ha malinterpretado, es que Endesa tuvo un problema en el norte y pagó US$ 120 millones. Aquí son 1.600 personas.
-Endesa pagó poco más de US$ 20 millones a la comunidad.
-Sí, pero en el fondo hicieron una inversión por más de US$ 100 millones, les dieron autos y otros beneficios…Todo puede ser cuantificado. Nosotros sostenemos que la comunidad no puede recibir menos de US$ 120 millones. Eso incluye tanto a nuestros clientes como a los que no lo son.
-Ustedes llevan casi siete años litigando y han cobrado $58 millones en honorarios. No es mucho para tanto tiempo…
-Un solo peritaje tuvo un costo de $97 millones…Hemos gastado más de $ 400 millones en nuestra defensa penal (los acusaron de prevaricación), en informes, pasajes, horas hombre, etc.
Cuando se le pregunta a Ramón Ossa sobre cómo financian todos estos gastos, él señala que tienen otros clientes que sí pagan por sus pleitos, a diferencia de la comunidad Caimanes que no tiene el patrimonio para hacerlo.
“Minera Los Pelambres tiene utilidades declaradas por US$ 1.300 millones y tiene una inversión de US$ 15 mil millones. Cuando se demanda a alguien, uno sabe si lo que pide lo va a poder hacer cumplir o no. Creemos que la compañía puede cumplir el fallo, hacer las obras e indemnizar a nuestros clientes”.
“Sabemos que con la sentencia de la Corte Suprema tenemos acreditado el daño. Lo único que tiene que decir el juez es si se trata de $ 100 o $ 200. Nosotros le cobraremos a la comunidad”, indica. Cualquiera sea la suma que logren, si es que la alcanzan, Ossa dice que no quieren verse manchados con la repartición. Esa etapa se la dejarán a la comunidad, preferentemente a la junta de vecinos, pero ese momento por ahora se ve lejos. Su mente en estos días está concentrada en conseguir la paralización de Los Pelambres.
