El Servicio de Impuestos Internos (SII) finalmente mostró los dientes en la arista SQM del Caso Penta: ayer presentó una querella por delito tributario contra la minera controlada por Julio Ponce, acusándola de registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas.
El recurso legal lo interpuso ante el Octavo Juzgado de Garantía de la capital y pide que a los representantes legales de SQM "se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad facturas y boletas de honorarios falsas".
La querella también abarca a las dos sociedades que facilitaron la documentación falsa y posibilitaron la comisión de los ilícitos: Reactor SPA y Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes E.I.R.L (Pekadocapital).
Después de semanas de presión, dicha acción legal se venía venir, pero lo que causó sorpresa fue la clara advertencia de que se avecinan nuevas denuncias y que se sumarán otras empresas.
"Próximamente se presentará una denuncia criminal por delito tributario en contra de la misma empresa SQM y otros contribuyentes, por hechos de características similares a los mencionados en la querella interpuesta hoy, y que abarcan periodos correspondientes a los Años Tributarios 2006 al 2014", fue como lo deslizó el organismo fiscalizador.
Alsacia, Ripley y CorpBanca son las que tendría en la mira, esto luego de los antecedentes que, en noviembre del año pasado, el fiscal Carlos Gajardo le hiciera llegar y que revelan un modelo similar al de Penta respecto de platas políticas.
Tal como este medio reveló en enero, se trata de dos testimonios clave relacionados con la campaña de Pablo Zalaquett que dan cuenta de servicios prestados durante ese tiempo. En ellos se menciona a Penta, pero también a otras empresas que entregaron entre 1 y 15 millones de pesos.
Uno de ellos es el de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con la que se vinculó el año 2006–. Chaparro da cuenta de que el primer pago que recibieron fue por 10 millones de pesos y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh.
En mayo de 2013, la misma Pekadocapital debió facturar a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM). Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por 3 millones y medio de pesos cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del propio Zalaquett por $5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.
Otro de los testimonios clave que da cuenta de la existencia de más compañías ligadas a la entrega de dineros para campañas políticas es el del periodista Iván Correa, de la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa.
Según Iván Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de la empresa de Ponce, a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett y su jefa de gabinete en las alcaldías de La Florida y Santiago. Era De Castro quien le indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a la factura. A SQM se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una por los servicios que se enmarcaban en la campaña de Pablo Zalaquett, aunque no hubo ningún servicio que se le prestara a esa compañía.
El periodista afirmó que otra de las empresas a las que se le facturó es Inversiones Alsacia. Esta fue por dos millones de pesos. También por instrucciones de Coca de Castro.
Ripley se halla también entre aquellas compañías a las que les facturó. En este caso, fueron tres facturas por un millón de pesos cada una. Tampoco hubo servicios reales prestados a Ripley, señala el testimonio de Correa recogido por la Fiscalía.
Según el informe que tiene en su poder el Servicio de Impuestos Internos, el 30 de octubre Coca de Castro le escribió un mail a Iván Correa para facturar a nombre de empresas Penta S.A. por 15 millones de pesos.
Finalmente se le facturó a inversiones El Bosque. Según la declaración de Correa, al parecer por 1 millón y medio. También hubo dos facturas a nombre de Eurocorp S.A., por 2.500.000 cada una.
El resto –10 millones de pesos y otra de 8 millones y fracción– fue pagado directamente por Zalaquett.
En ambos testimonios, que constan en el tomo V de la carpeta del caso que fue liberada el 30 de diciembre pasado, tanto Chaparro como Correa señalan que jamás se dieron cuenta de que podrían estar frente a una ilegalidad. Sin embargo, según la denuncia del fiscal Gajardo, los antecedentes “permiten presumir que los imputados recibieron estos ingresos justificándolos con boletas de honorarios ideológicamente falsas”, razón por la que las hizo llegar hasta el SII.
En su momento, desde la gerencia de comunicaciones de SQM indicaron que “no existen boletas de servicios no prestados, por tanto la empresa no se hace cargo de esa declaración”.
En Ripley no se refirieron de manera oficial al caso, debido a que no existe investigación formal del fiscal ni han sido requeridos por el caso.
Ni en Alsacia ni en CorpBanca fue posible obtener una versión.
Declara Ponce
Casi al mismo tiempo que el SII lanzaba ayer su querella, el controlador de la minera declaraba por cerca de 3 horas.
Cuando faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana de este lunes, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional el controlador de SQM, quien fue citado a declarar por el uso de boletas ideológicamente falsas por parte de la minera no metálica para el financiamiento de campañas políticas.
Su comparecencia ante el equipo del Ministerio Público encabezado por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se produjo 72 horas después que el SII hiciera entrega a la Fiscalía de la información contable de SQM correspondiente a los últimos seis años.
Ponce Lerou fue abordado por un nutrido grupo de periodistas, camarógrafos y gráficos tanto a su ingreso como a su salida. Su único comentario fue que estaba "tranquilísimo".
Por la tarde fue el turno del ex senador UDI, Jovino Novoa, quien nuevamente optó por el silencio ante fiscales y anunció que sólo declarará frente a los jueces.
El ex parlamentario fue citado para responder por el supuesto rol de "recaudador" que habría ejercido para coseguir financiamiento de manera irregular dirigido a las campañas electorales de militantes gremialistas. Pero la diligencia duró escasos 10 minutos, luego de los cuales el ex timonel de la UDI se quejó de las "filtraciones", la "mediatización" del caso y de un intento de convertir a personeros de su partido en "chivos expiatorios".
