El gobierno debiera tener la sensibilidad para percibir derechamente que la tensión generada por la controversia de transparencia en torno al director del Servicio de Impuestos Internos agrava la percepción de descontrol e ineptitud frente a los problemas.
Sobre todo porque, desde el punto de vista político e institucional, el gran perdedor es el país, que ve cómo la credibilidad de una de sus principales instituciones económicas, el Servicio de Impuestos Internos, queda expuesta o se ve menoscabada por dudas en cuanto a la imparcialidad y transparencia en la ejecución de sus competencias en un connotado caso tributario.
No parece adecuado que la autoridad no genere con toda la celeridad del caso un círculo virtuoso de protección de la imagen y credibilidad del servicio, y que no entienda que lo más adecuado tanto para el director cuestionado como para el SII, es que él deje su cargo.
Ya ocurrió en el pasado en temas menores, pero que cobran relevancia debido al servicio de que se trataba, al aparecer facturas falsas visadas por el SII en las rendiciones de las campañas electorales, conocido como “caso Publicam”.
Hoy el asunto es aún más preocupante, pues la controversia tuvo su origen al interior del propio servicio, en la División de Grandes Contribuyentes, cuya jefatura observó procedimientos que culminaron en una millonaria condonación tributaria.
El seguimiento posterior de los hechos, debido a su connotación social y los montos involucrados, ha ido agregando elementos circunstanciales, entre ellos la existencia de vínculos comerciales entre el director del SII y una tercera empresa que, al estar indirectamente relacionada con los resultados de la condonación, han irritado aún más el caso.
El hecho, además, ha involucrado a otros poderes e instituciones del Estado, como la Contraloría o el propio Congreso, orientando el tema hacia una pugna política que hasta ahora era inusual en relación a los organismos técnicos y financieros del Ministerio de Hacienda.
El propio director cuestionado, un destacado abogado y asesor en materias tributarias, tampoco ha optado por dar un paso al costado, aun cuando resulta evidente que, al menos, falló al momento de apreciar las exigencias de transparencia que le son hoy exigibles a los altos funcionarios del Estado.
En su descargo hay que reconocer que tal falla ha sido el error persistente de la actual administración, en la que cae una y otra vez, pese a reclutar sus altos cargos de gobierno entre empresarios y gerentes del sector privado, por lo que debería estar consciente de los riesgos que ello implica.
Es evidente que en lo estrictamente legal, el gobierno tiene razón. Las investigaciones que se llevan a cabo no terminan y es prudente atenerse a ese tiempo en materia de responsabilidad.
Pero la salud de las instituciones también se resiente con estas situaciones, sobre todo la de aquellas que son señeras para el funcionamiento del modelo económico que tanto reconocimiento le ha traído a Chile en la comunidad internacional. Sería lamentable que por un tiempo indeterminado el SII experimentara en su funcionamiento la sombra de una investigación en curso, con resultados inciertos.
De ahí que resulte pertinente que el gobierno tome resguardo para controlar una situación, que puede provocar más daños de lo pensado. En las actuales circunstancias el tema ya trascendió la responsabilidad y competencia de la autoridad sectorial, en este caso el Ministro de Hacienda, y está instalado plenamente en la agenda política de La Moneda.
