Francisco Castañeda, académico Universidad de Santiago de Chile
He leído con interés el libro El Otro Modelo (Atria, Larraín, Benavente, Couso y Joignant). El texto hace un llamado a la superación del “neoliberalismo”; esa perversión por lo privado en contra del interés público que ha padecido la economía chilena en las últimas décadas. También señalan reiteradamente que es la disciplina del mercado la que mejorará la capacidad de ejecución del Estado. Éste —señalan— podría ser capturado por grupos de interés y no podría llevar a la economía a los equilibrios sociales (donde valoraciones y costos privados no diverjan de lo que le conviene a la sociedad, sic).
Destacan en la página 297: “Desde esta perspectiva los Chicago Boys mediante aperturas unilaterales del comercio internacional rompieron con esa captura. La convergencia hacia aranceles bajos y parejos terminó con los privilegios de algunas empresas e introdujo en el aparato productivo una mayor disciplina de mercado. Si esto es lo que piensan respecto a este proceso, es necesario hacer algunas aclaraciones. El producto interno bruto (PIB) se contrajo 13 % en 1975 (entre otras razones por esta abrupta rebaja arancelaria, además de un severo cuadro externo), y la tasa de desempleo alcanzó en dicho año al 16%, subiendo fuertemente desde el año previo. Además, dichas rebajas arancelarias (desde un 90 % a un 35 %; Ffrench-Davis) eran necesarias, pero deberían haberse planteado con un enfoque gradualista, no de shock, desmovilizaron y paralizaron gran parte del sector industrial y manufacturero de la economía. De hecho, hay regiones en Chile que nunca se pudieron recuperar de este violento cambio estructural realizado en plena dictadura. Pero los autores de El Otro Modelo lo encuentran un cambio deseable. Incluso lo saludan.
En cuanto a política industrial, desarrollan conceptos en la generalidad de analizar los problemas desde la óptica del “optimismo del crecimiento económico”.
Argumentan que, de facto, ya Chile tiene política industrial neutra (del tipo horizontal) y que se aplica desde tiempos de Pinochet (subsidios forestales a las grandes empresas). Y que las experiencias exitosas de Corea del Sur y Taiwán no serían replicables (contexto, dotaciones iniciales diferentes, cercanía con Japón, guerra fría, etc.). Señalan que habría que sofisticar la oferta productiva actual de recursos naturales (complejo agroexportador) a través de un relanzamiento de la política de clusters (promovidos por Bachelet).
Sin embargo, habría que recordar que Corea del Sur desafió su estructura productiva con políticas de selectividad industrial, alcanzando nuevos nichos productivos diferentes a los que poseía en 1960 (algo distinto al “picking the winners” de Corea del Sur; esto es en Chile el “picked the winners”) donde cada cluster ya tiene megaempresas pertenecientes autoseleccionadas (picked) y que eventualmente podrían beneficiarse de la palanca pública. Corea del Sur desafió la sabiduría convencional del desarrollo económico a través de un proceso de administración de las tensiones existentes (“rent seeking management”) entre los grupos empresariales y la burocracia del Estado (metas de valor agregado, metas de exportaciones, etc.). Algo que los autores de El Otro Modelo no cuestionan más abiertamente para la estructura productiva chilena.
Asimismo Taiwán posee un fuerte tejido PYME (en contraposición a Corea del Sur) el cual ha significado acciones afirmativas del Estado hacia este tipo de empresas incluido la relación con multinacionales a través de los mecanismos de inversión extranjera.
También los autores de El Otro Modelo sostienen que debería haber una nueva política macroeconómica (sic), subrayando que Chile debe aspirar a un tipo de cambio real más alto (era uno de los mismos leit motiv de los Chicago Boys). Argumentan que la economía es pequeña y que esto aliviaría la carga a los sectores exportadores, y mejoraría la condición de otros (que empresas como: CMPC, Sonda y COPEC podrían desarrollar nuevos negocios como consecuencia de un tipo de cambio más alto). Lo que no mencionan es el permanente lobby que realiza el sector exportador para que el Banco Central realice masivas intervenciones bancarias para intervenir en el mercado del dólar (“una cuasipolítica industrial sectorial selectiva”). Ganancias cambiarias que no tienen una transmisión directa hacia los sectores de la cadena productiva que no exportan directamente y que venden su producción a terceros. También estas intervenciones cambiarias tiene un abultado costo cuasifiscal el que podría asignarse hacia programas de asociatividad, crédito, riego, etc. para estos pequeños agricultores (en vez de que este costo de 500 millones de dólares sea asumido por “el mundo de lo público”; este monto se explica por diferencial de tasas de fondeo y depósitos y por los 12 mil millones de dólares de compras masivas de dólares).
Lo que sí es pequeño (como la economía chilena) es el poder de negociación de los pequeños productores (que venden su producción a las grandes empresas del sector agroexportador, y que existen objetivamente problemas de contrato en un gran componente del sector intermedio exportador —el que no exporta directamente) y de los trabajadores en el sector exportador.
La precarización, el incumplimiento de los derechos sociales y económicos, así como problemas de salud, entre otros, no son mencionados como línea base para una política industrial moderna que considere realmente el interés público. Incluso los enfoques más optimistas respecto al upgrading (“mejoramiento”, “actualización”) industrial de economías en desarrollo (Global Production Networks- Dicken y Coe- Univ.Manchester y Global Value Chains-Gereffi- Duke Univ.) están reconociendo que el upgrading de firmas (producidas principalmente por requisitos de la demanda externa) a través de política industrial no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de los sectores intensivos en recursos naturales (salario, protección legal, salud, etc.). Y que por tanto es requerido un upgrading social en un sentido amplio. La labor de la política pública no puede estar ausente en esta problemática. Y aunque existen dictámenes de la Dirección del Trabajo y otras entidades públicas, su fiscalización es inexistente, y en consecuencia estos trabajadores (que el algunas regiones representan un importante porcentaje del empleo regional) no cuentan con las adecuadas protecciones sociales y económicas. Sólo son parte del engranaje del sector exportador.
Ciertamente Chile requiere aumentar su ratio de exportaciones. Incrementar la sofisticación de la misma actual oferta productiva y desarrollar nuevos nichos a mediano plazo. Pero debe hacerse potenciando las PYMEs exportadoras, asociándolas, velando porque los contratos con las grandes empresas se cumplan, y sobre todo velando porque las condiciones laborales se cumplan adecuadamente en todos los eslabones de la cadena exportadora. No puede haber upgrading de procesos y productos en forma socialmente sostenible si no se respetan y se cumplen los derechos legales como piso básico para potenciar las habilidades productivas de la mano de obra.
Para concluir;
a) Señalan los autores del OTRO MODELO que: deben haber regulaciones para evitar el influjo masivo de capitales de corto plazo a la economía chilena y así no apreciar el tipo de cambio. Es extraño que no aludan directamente al encaje o impuesto a los flujos de capitales de corto plazo (que lo llamen por su nombre!!) que Chile utilizó tan pragmáticamente en el pasado. Es un instrumento en el que una parte importante del sistema financiero se manifiesta contrario a su utilización. Ciertamente existen las regulaciones macroprudenciales y otras medidas.
b) Para titularse el libro EL OTRO MODELO, es muy pobre la discusión respecto al tema de las AFPs. A pesar de ser la niña símbolo del cambio del modelo chileno actual, le dedican poca sustancia crítica. A continuación, p. 285, los autores del OTRO MODELO, expresan: “El caso más exitoso es el de las AFPs, en la medida que los problemas del principales del sector previsional no se encuentran en un mal desempeño de las AFPs en tanto administradoras de fondos supervisadas por el Estado… los principales problemas del sistema provienen de la inestabilidad y precariedad del mercado del trabajo y de la insuficiencia de las pensiones solidarias.
Nada dicen explícitamente respecto a los relativos altos costos de comisión que cobran a los afiliados, los que son independientes de los resultados en la administración de sus fondos. Tampoco exploran modelos alternativos al actual sistema de AFPs, incluso introduciéndole competencia al actual oligopolio a través de una AFP estatal. Es muy, pero muy pobre la discusión para el ambicioso título del libro. Tampoco nada señalan en el libro respecto a las millonarias pérdidas de los pensionados en LA POLAR (cientos de millones de dólares en pérdidas en bonos y acciones emitidas por LA POLAR y comprados por las AFPs), y la ineficiente regulación estatal (Banco Central, SBIF, SVS, SAFP) partiendo por la superintendencia de AFPs de la época. Que más “público” (en el espíritu del libro de lo público) que esta pérdida imposible de “disciplinar por el mercado de pensión-habientes”, debido a esta trenza empresarial que imposibilito una adecuada regulación por los superintendentes de la época. Además los directorios del sistema de AFPs y empresas reguladas son y han sido una sillita musical para muchos aparentemente críticos sociales del modelo en cuestión. Y esto ha apaciguado la crítica hacia el sistema de pensiones imperante.
Vienen elecciones presidenciales. Y los conflictos de interés y caballos de Troya siempre existen. Los electores deben tener la claridad suficiente para analizar a los candidatos y los equipos que los acompañan.
