Siguen los coletazos del caso de colusión de las farmacias.
Tribunales terminó con mandar a los ejecutivos responsables a clases de ética y obligarlos a donar $ 255 millones a cuatro fundaciones de beneficencia.
Los imputados y la fiscalía llegaron a un acuerdo para elegir a las organizaciones.
Pero ahora organizaciones de consumidores están preocupados que los imputados pudieren descontar de impuestos los $ 255 millones que deben donar a fundaciones de beneficencias.
Esa es la lectura que le dan expertos tributarios y Hernán Calderón, director de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus).
Calderón critica que los imputados pudieren tranquilamente hacerlo, ya que el castigo no es una multa.
Un socio de una auditora, consultado por El Mercurio, dice efectivamente no existe impedimentos para que lo hagan. "Tendría que haber una prohibición expresa en la ley, y esa prohibición no existe".
El abogado de uno de los imputados señala que, si bien ello es legal, tomar esa vía sería un suicidio mediático y una bofetada a la corte y no se lo recomendaría a su cliente.
