La Polar: Hay un proyecto en Colombia que es la envidia de los que están por entrar a ese
«Tenemos caja suficiente y un equipo gerencial envidiable. Y un proyecto en Colombia que es la envidia de los que están por entrar a ese mercado». Las palabras son del presidente de La Polar, César Barros, en una carta dirigida a los accionistas de la multitienda.
La compañía maneja actualmente cuatro ubicaciones en Colombia -más las 42 que opera en Chile-, pero el plan de expansión en el país cafetero considera llegar a las 15 tiendas a 2015.
Falabella fue la primera multitienda chilena en llegar a Colombia. Ripley tiene un millonario plan que tiene como objetivo abrir su primer local en el primer semestre del próximo año.
Compañías como Cencosud (matriz de la multitienda Paris) han analizado las operaciones de La Polar en Colombia. Sin embargo, la administración liderada por César Barros ve este negocio como uno de los principales atractivos para concretar el aumento de capital por US$220 millones que prepara la compañía.
COSTOS Pero hay un factor que complica esta millonaria operación: las contingencias. Cesar Barros explicó en la carta a los accionistas sobre la necesidad de «resolver el frente legal», refiriéndose a las demandas colectivas que enfrenta la empresa por parte del Servicio Nacional al Consumidor (Sernac) y la Fundación Chile Ciudadano -encabezada por José Tomás Fabres- y la del alcalde de Maipú, Alberto Undurraga. Todas apuntan a una exigir una multa e indemnización por parte del retailer producto de las repactaciones unilaterales.
El directivo evita calcular el costo de las eventuales multas que se apliquen por infracciones a la Ley del Consumidor, pero insiste que no pueden poner en peligro la viabilidad de la empresa. Si llegaran a exceder lo sostenible por la compañía -dado que el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, ha sostenido firmemente que se pedirá la multa máxima-, sólo llevarán a dilatar o perjudicar el aumento de capital y la viabilización del Convenio Judicial Preventivo con los acreedores. «La judicialización y extensión de los juicios de clase no sólo pueden hacer inviable cualquier pago, sino que además obligarán a los propios clientes a probar su condición de afectados, lo cual puede ser largo y a veces imposible», remarcó Barros.
El directivo destacó que 140.000 clientes pagaron de más, a quienes se les adeudaría unos US$21 millones. «Esto muestra la disposición de la actual administración de aclarar lo ocurrido y reparar los daños ocasionados por los ilícitos», afirmó.
Al 31 de diciembre, 66.839 clientes de La Polar habían regularizado su situación con la compañía.
