En una nueva y decisiva escalada en la creciente queja internacional contra las trabas a las importaciones, la relación entre la Argentina y los Estados Unidos se cristalizó ayer en una guerra comercial, al expresar ese país duras quejas ante organismos internacionales. «La Argentina aplica mecanismos poco transparentes», sostuvo el gobierno de Barack Obama, al iniciar formalmente el recurso de queja contra las «limitaciones a la importación» de la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Apenas conocida esa decisión, el gobierno de Cristina Kirchner devolvió el guante y amenazó con una medida similar por el «cierre injustificado» del mercado norteamericano de carnes y de cítricos.
El Palacio San Martín interpretó que, con ese cierre, la Casa Blanca no hacía sino ceder a las «presiones de los lobbies proteccionistas» y se comprometió a «redoblar las acciones» para apoyar a sus productores.
Si es una guerra comercial, Estados Unidos no se encuentra solo en la embestida. Otra potencia, Japón, lo acompañó ayer con la firma de idéntica queja contra nuestro país, algo que se suma a la presentación que, en mayo pasado, formalizó en similar tono la Unión Europea (UE).
El dato confirma una escalada en la protesta de diferentes potencias comerciales contra políticas que, en la materia, aplica el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El fenómeno refleja hasta qué punto se recalentó la relación diplomática de nuestro país con los principales ejes sistémicos del escenario internacional. Una situación que se ha venido agudizando en forma paralela al incremento de las trabas en la política de importación y que escaló mucho más aún desde que, en abril último, el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar el paquete español de la petrolera YPF.
«El comercio es la nueva forma de la diplomacia», suele decir la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, desde un primer momento, puso su cartera a disposición de los empresarios norteamericanos que «encuentren trabas injustas» en lo comercial.
En cuanto a las quejas ante la OMC, la norma es que, a partir de la denuncia de cada una de las partes, se abra un «proceso de consulta» en el que la parte denunciada deberá responder a las quejas del denunciante. El plazo se extiende por 60 días. Si se llega a un acuerdo, la cuestión queda superada. En caso contrario, se crea un tribunal específico dentro de la OMC para que estudie el caso y, eventualmente, decida la aplicación de sanciones, según se explicó.
Por lógica, el procedimiento se abrirá primero contra nuestro país, ya que los Estados Unidos y Japón presentaron su protesta. El reclamo contra Washington empezará a correr, en cambio, en el momento en que la Argentina concrete lo que ayer anticipó la Cancillería.
La queja norteamericana fue presentada por la Oficina de su Representante Comercial (USTR, por su sigla en inglés), la misma que, meses atrás, recomendó la sanción comercial que ya sufrió la Argentina con la eliminación de beneficios arancelarios de que gozaba como parte del Sistema de Preferencias (GPS). Esa medida, firmada personalmente por Obama, se aplicó como represalia a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de no pagar dos fallos adversos que produjo el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) contra el país.
En el terreno netamente comercial, la queja denuncia entre otros puntos las «medidas poco transparentes» de la administración kirchnerista en lo referido a la concesión de licencias para importar. Firmado por el titular de la USTR, Ron Kirk, el texto denuncia «el perjuicio que la Argentina provoca a los productores norteamericanos» al exigirles que importen por el mismo valor que exportan. «Esas son medidas proteccionistas que afectan a un amplio rango de actividades», sostiene.
«Lo que el gobierno de Obama pide es que sus socios comerciales respeten las normas internacionales. Ha creado, para ello, una unidad especial de inteligencia destinada a detectar los casos en los que eso no ocurre», sostiene el texto de la USTR. La Argentina ha quedado así en la mira de esa entidad, conocida como Agencia Interministerial de Cumplimiento Comercial (ITEC, por sus siglas en inglés). «Desde 2008 en adelante, la Argentina ha venido ampliando el rango de bienes» a los que somete bajo un «sistema poco trasparente» para la obtención de permisos de importación, añade.
El paso dado ayer por Washington se añade a una lista creciente de desacuerdos bilaterales. Desde hace ya un año, el gobierno norteamericano vota regularmente contra la concesión de créditos para la Argentina, tanto en el Banco Mundial (BM) como en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En marzo decidió, además, sancionarlo mediante la suspensión de beneficios arancelarios.
No tardó en llegar la réplica de la Cancillería. El texto denuncia una «cesión» de la Casa Blanca al «lobby proteccionista» norteamericano, con la que se priva a nuestro país de ingresos por no menos de 150 millones de dólares anuales en concepto de potencial venta de carne y de la colocación de 20.000 toneladas de limones.
«Vamos a redoblar las acciones para proteger a nuestros productores», prometió ayer la cancillería de Héctor Timerman.
Pese a que el gobierno argentino se empeñaba en negarlo a través de sus funcionarios, los antecedentes de esta guerra se vienen gestando desde hace rato. Semanas atrás, la secretaria adjunta para América latina, Roberta Jacobson, había confirmado ese malestar, así como las «dificultades» para lograr respuesta. La funcionaria reveló además la existencia de «inquietud» por las restricciones cambiarias que impiden, en ese caso, obtener divisas a empresarios que quieren importar o que necesitan operar en moneda extranjera.
En febrero, empresas norteamericanas que venden productos en la Argentina habían apuntado ya contra el «doble control» a que se los somete para ingresar productos en la Argentina y se quejaron ante la Casa Blanca por un «desleal» trato comercial del que serían objeto. Advertían también sobre el riesgo que implica elevar esas inquietudes a miembros de la administración de Cristina Kirchner. «En esos casos -decía el informe-, la reacción de las autoridades ha sido la de aplicar restricciones aun mayores», en una actitud que se tildó de «inaceptable» para un país que declaró aceptar las normas de la OMC.
