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La comisión investigadora luego de meses de trabajo estableció que el ex ministro no implementó medidas a partir de las observaciones que la Contraloría hizo al plan de descontaminación de 2017. Además apuntó al Estado como directo responsable como dueño de Codelco y Enap. Por último recomendó paralizar el otorgamiento de permisos a nuevas industrias en la zona.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se constituyó a partir de los episodios de intoxicación masiva registrados el 20 de agosto en la bahía de Quintero, entregó su informe final.
Los parlamentarios en sus consideraciones generales responsabilizan al Estado en su conjunto e independientemente del gobierno de turno por no tomar las medidas institucionales para abordar el problema que se arrastra por medio siglo, desde que comenzó la instalación de un parque industrial en la zona.
«La grave crisis ambiental y social vivida en la zona de Quintero y Puchuncaví es el reflejo de un fracaso sistemático del Estado en relación a las medidas que se han adoptado en los últimos cincuenta años como garante del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que por cierto, no es posible atribuir a un gobierno en particular», consigna el informe de 172 páginas.
Sin embargo, los parlamentarios acordaron especificar la responsabilidad que le cabe al ex Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Durante su gestión a fines de 2017, la Contraloría devolvió con observaciones el Plan de Descontaminación elaborado ese año. Pero según concluyó el informe parlamentario, la autoridad del momento no las tomó en cuenta para expresarlas en alguna política pública.
«El proceso de revisión de las observaciones que hizo la Contraloría General de la República se realizaron durante la gestión del ex Ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena Carrasco, y por tanto, la decisión técnica y política de no subsanar las observaciones al inventario de emisiones y a las medidas propuestas para emisiones de calderas, fue de dicho Ministro», establece el informe.
«Su responsabilidad política se acrecienta aún más al comprobar que una vez que se rechazó el plan de descontaminación atmosférica, en diciembre del año 2017, no se hizo absolutamente nada por enmendar los errores, aun cuando en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados celebrada en enero del 2018, el ex Ministro Marcelo Mena Carrasco se comprometió a enmendar los errores para que estuviera listo antes del término del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet», agrega el texto.
Mena no participó en la comisión pero si lo hizo su antecesor en el cargo Pablo Badenier. En este contexto, la comisión estableció que la responsabilidad de Mena «fue reconocida por el propio ex Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier Martínez, quien señaló textual en su exposición ante esta Comisión: ‘Reconozco que estas observaciones eran subsanables en el trámite de toma de razón ante la Contraloría, desconozco por qué no fueron subsanadas y si no era posible subsanarlas, si yo hubiera sido Ministro, retiro el plan de Contraloría y lo presento al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con las correcciones que me hizo la Contraloría'», consigna el texto.
Con este dato la comisión concluye que «existiendo todas las posibilidades para subsanar los reparos y observaciones y, así, permitir contar con un plan de descontaminación atmosférica vigente para la zona, el ex Ministro Marcelo Mena Carrasco optó por no hacer nada, lo cual implica una manifiesta falta a sus responsabilidades como Ministro de Estado».
La instancia parlamentaria también estableció que «el Estado de Chile -como dueño de CODELCO y de ENAP-, es un responsable directo de la contaminación histórica que yace en la Bahía de Quintero y Puchuncaví, y que afecta a sus habitantes, pero esta responsabilidad radica no solo en las emisiones de estas empresas, sino que también por haber autorizado la instalación de las diferentes unidades industriales en la zona, ninguna de las cuales ha asumido su responsabilidad histórica por la contaminación».
La comisión recomienda que las autoridades decreten la «paralización inmediata y en forma indefinida de todos los proyectos y permisos que se hayan otorgado o estén en curso, por parte de las autoridades competentes, para nuevas concesiones en la Bahía de Quintero»
