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Diputados RN presentan querella contra «narco-funcionario» y se reúnen con Fiscal de Antofagasta PAÍS

Diputados RN presentan querella contra «narco-funcionario» y se reúnen con Fiscal de Antofagasta

Los parlamentarios esperan que se investigue para aplicar las máximas penas posibles a “los miserables” que están involucrados en los hechos. El Ministerio Público está a la espera de que el Juzgado de Garantía declare admisible la acción legal para sumarlos como intervinientes en la causa.


Los diputados de Renovación Nacional por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez y José Miguel Castro, se entrevistaron este sábado con el Fiscal Regional Alberto Ayala y le entregaron una copia de la querella que presentaron contra el funcionario gubernamental detenido con un cargamento de drogas en esa zona.

Con esto los parlamentarios oficialistas concretaron su anuncio de que iniciarían acciones legales en contra de todos los que resulten responsables en este caso.

«No vamos a permitir que estos miserables se infiltren en el Estado y la política. Esto es de la mayor gravedad y por ello, junto con pedir su expulsión, preparamos esta querella y nos pusimos a disposición del Fiscal para perseguir con todo el rigor de la ley a estas verdaderas lacras que llevan las drogas a nuestras poblaciones», dijo la legisladora Paulina Núñez.

La parlamentaria RN agregó que «este tipo abusó de la fe y la confianza de su partido y engañó a quienes decidieron su ingreso en la administración pública, justamente a un área tan sensible como es la Subsecretaría de Prevención del Delito».

Por su parte el diputado Castrosostuvo que «no es justo que se enlode lo que hacen miles y miles de personas a través del servicio público por una manzana podrida».

«Ésta debe dejarse sola en la cárcel, de manera de poder limpiar lo que hoy en día es un sistema que debe velar por la seguridad de las personas», añadió José Miguel Castro.

Máximas sanciones

«Frente al crimen organizado, el máximo rigor de la ley. Aquí tendrán que pagar los que ya están formalizados y los posibles involucrados», anunció enfática Núñez.

Tal como consta en el documento, la querella que será patrocinada por el abogado Eduardo Riquelme es contra el funcionario W.A.P.B por los delitos de sustracción de documentos y por el delito de revelación de secretos públicos, previstos y sancionados en los artículos 242 y 246 del Código Penal, respectivamente.

«Desde luego que estos dos delitos podrían estar en una relación de medio a fin respecto del tráfico ilícito de drogas cometido e investigado en esta causa, en cuyo caso concurriría la hipótesis de concurso ideal impropio 75 inciso segundo del Código Penal, en cuyo caso la concurrencia de estas hipótesis típicas implican la aplicación de la pena mayor asignada al delito más grave, o la concurrencia de un concurso material, descrito y sancionado en el artículo 74 del código penal, según sea el caso».

Así RN le pide al Ministerio Público que: «en su calidad de autor de acuerdo al artículo 15 N° 1 del Código Penal, declararla admisible, (…) , a fin de que el ente persecutor, tras la investigación respectiva, formalice la investigación y acuse al querellado, para que sea condenado a las penas más altas que la ley establece por los delitos cometidos».

Tras la cita, el Fiscal Regional de Antofagasta Alberto Ayala reveló que los parlamentarios, «al tomar conocimiento a las primeras horas de este delito, me llamaron para ponerse a la absoluta disposición de la Fiscalía, manifestando su interés de transformarse en querellantes de esta causa».

«Solicitaron a este fiscal regional iniciar todas las acciones en búsqueda de todos los responsables hasta las últimas consecuencias, independiente de la calidad de personas supuestamente involucradas», sostuvo el jefe persecutor.

Finalmente, Ayala explicó que ahora él y su equipo están «a la espera de que el Juzgado de Garantía nos remita el documento original, y en el evento de declararse admisible la querella presentada por ellos, se transformarán en intervinientes de la causa, con todos los derechos que les corresponden en la Ley Procesal Penal».

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