Incentivo perverso: Mena advierte que blindar inversión a proyectos anulados es “nivelar para abajo”

Entre las propuestas integradas a la ley miscelánea del Gobierno ―también promocionada como el proyecto de “reconstrucción nacional”―, un conjunto se encuentra dedicada a proteger la inversión privada de la llamada ‘permisología’. La más polémica de estas pasaría por la restitución los gastos a los titulares de proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) sean invalidadas por un tribunal de justicia, algo que ha despertado preocupación por los escenarios que puedan derivarse.

Entre ellos se cuenta el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena: si bien el ex secretario de Estado expresó su comprensión por el fomento a la economía nacional, aseveró que la medida es parte de una fórmula de “nivelar para abajo”.

“En la práctica está tratando de transformar como habitual algo que es absolutamente poco común. Pero al permitirse esto mismo hay un incentivo súper claro de hacer estudio de impacto ambiental malo y contar que se aprueben estos proyectos. Nunca va a haber ninguna responsabilidad por parte del mal titular“, afirmó hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler.

El ingeniero civil bioquímico asegura que la norma crearía un escenario en donde los permisos de proyectos sean aprobados con requerimientos mínimos, solo para que después sean revocados por razones medioambientales y posteriormente reembolsados los costos a los titulares.

“Es bastante cuestionable, pero más encima bastante creativo, porque en mis varias décadas de trabajo en temas ambientales nunca en mi vida había escuchado esa sugerencia ni del más recalcitrante antiambiental. Por tanto, esta creatividad no tiene mucho asidero”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que pocas veces en la historia judicial ambiental chilena ha debido intervenir el Estado a raíz de la revocación del permiso ambiental, citando el caso del proyecto minero Pascua Lama: “Tuvo una resolución de calificación ambiental que fue revocada y eso es por un daño absolutamente de culpa de la misma empresa, muy documentado en más de cinco años de litigio y eso fue ratificado posteriormente”.

Con esos antecedentes, Mena sostuvo que la medida hace que la carga monetaria por los proyectos rechazados la tenga que asumir el Estado, quitándole “toda responsabilidad al titular de poder hacer un proyecto que sea bueno, que no tenga razones de ser revertido el permiso ambiental (…) Hay un incentivo súper claro de hacer estudio de impacto ambiental malo y contar que se aprueben estos proyectos”.

Asimismo, el exministro también expresó su preocupación sobre lo que signifique la medida para la independencia de los poderes del Estado, porque significaría una instrucción implícita desde el Ejecutivo de no revocar permisos ambientales. “Es una emisión de juicio previo, es una cosa que le quita la independencia de los poderes del Estado y que con toda seguridad tiene algún tipo de vicio de constitucionalidad“, sentenció.