La Tercera Sala es considerada activista y la más influyente de la Corte Suprema. Es donde eventualmente llegará el caso que acogió el TDLC, sobre la necesidad de regular a los principales conglomerados. Bravo es el abogado que llevó el caso al tribunal y es el invitado a La Mesa de esta semana.
En septiembre del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) remeció al mundo empresarial cuando decidió acoger una solicitud de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), para abrir un expediente de recomendación que sugiere a las autoridades evaluar la regulación a los grandes conglomerados empresariales de Chile.
Es un caso que apunta al corazón del modelo y representa un primer paso que podría terminar abriendo la puerta para dividir a los grandes grupos económicos.
La semana pasada venció el plazo que dio el TDLC para que terceros aporten opiniones y antecedentes. Por parte de la institucionalidad económica respondieron el Banco Central, Hacienda, la Fiscalía Nacional Económica, el SII, el Ministerio de Economía y la CMF.
Desde el sector privado hablaron la Sofofa, la CPC, el Instituto Libertad y Desarrollo, la Asociación de Bancos y varios de los grandes conglomerados.
Se da por descontado que el caso terminará en la Corte Suprema y en particular en la Tercera Sala, donde el juez Sergio Muñoz ejerce su influencia y su mirada “activista” de la ley. Y esa es la gran preocupación de los grandes grupos.
Para hablar de este tema y sus diferentes aristas, esta semana el invitado a La Mesa de El Mostrador es Mario Bravo, el abogado que llevó el caso ante el TDLC y que cree que el temor de los empresarios es “totalmente infundado, ya que la Suprema tiene todas las facultades para proponer legislación que impulse la libre competencia”.
