La Cruz Roja pide aclarar la condición legal de los detenidos. En el frente interno, políticos, generales, diplomáticos y magistrados presentan escritos a la Corte Suprema, para que ésta ponga fin a una situación definida como "inaceptable".
Aunque no se sabe con exactitud cuantos son, la Cruz Roja Internacional estima que serían alrededor de 660 los detenidos en Guantánamo. Pertenecen a más de 40 nacionalidades diferentes y hablan 17 lenguas distintas. Viven engrillados en jaulas y pasan gran parte del tiempo encapuchados. Fueron casi todos capturados en la última guerra de Afganistán. No tienen derecho de defensa, ni están bajo proceso. Están ahí desde hace 18 meses. Pero lo que más preocupa a los detenidos es que no saben qué será de ellos. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de EEUU, ha declarado que permanecerán ahí hasta el fin de la guerra contra el terrorismo. Hasta la fecha, sólo 69 prisioneros han sido devueltos a sus países de origen. La mayoría de los que regresaron a Afganistán fueron liberados. Más que un campo de detención, la base de Guantánamo es un campo de interrogación y de recolección de información, un lugar apartado de la ley y del derecho internacional.
Todo esto se desprende de un reciente informe de la Cruz Roja Internacional y de las declaraciones de su representante en Washington, Christopher Girod, al New York Times el viernes pasado. "No se puede mantener a detenidos indefinidamente", dijo Girod al concluir su última visita a la base de Guantánamo.
No es habitual que la Cruz Roja critique abiertamente a un Gobierno. No lo hace, justamente, para que no se le impida seguir apoyando a los prisioneros. Sin embargo, esta vez la organización internacional, cambiando de táctica, ha criticado abiertamente a Washington, luego de constatar que "no se está haciendo nada" para que las cosas sean más aceptables desde el punto de vista legal. Los dardos de Girod van directamente a la Casa Blanca.
Lo que más preocupa a la Cruz Roja es la indefinición en que se encuentran los detenidos, situación que repercute negativamente en su salud mental. Prueba de ello es que han habido, dice, 32 intentos de suicidio en los últimos 18 meses. Decenas están siendo sometidos a tratamiento psiquiátrico por depresión clínica.
El personal de la Cruz Roja es el único que puede acercarse periódicamente a los detenidos. Cada vez que hablan con uno de ellos, la primera pregunta que hacen es: "¿qué va a pasar conmigo?".
"Los prisioneros de Guantánamo", dice Girod, "no saben qué les espera en el futuro".
Hace meses que la Cruz Roja Internacional pide a la administración Bush cambios significativos en sus operaciones en Guantánamo. Más aún si ésta pretende seguir usando la base como un centro de recolección de inteligencia, más que como un campo de detención. La Casa Blanca, según Girod, debiera establecer una política clara al respecto, para que los detenido tengan al menos una idea de cuándo sabrán si serán liberados o procesados.
Críticas en el frente interno
En el plano interno llueven también las críticas a Bush por la situación de los detenidos de Guantánamo. Más de veinte ex altos oficiales de las FFAA, jueces federales, diplomáticos y connotados ex prisioneros de guerra estadounidenses atacaron también a la Casa Blanca por la indefensión en que se encuentran los prisioneros de Guantánamo y pidieron la urgente intervención de la Corte Suprema.
"La percepción de este caso en el exterior -que el poder de EEUU puede ser ejercitado fuera de la ley- disminuirá nuestra estatura y reputación", dice un escrito presentado a la Corte por 19 ex diplomáticos estadounidenses. "Nuestros mayores atributos diplomáticos han sido los valores de esta nación".
En otro escrito, presentados por tres altos oficiales en retiro, se argumenta que al no aplicarse la Convención de Ginebra en Guantánamo se está entregando a otras naciones "una excusa" para hacer lo mismo, "lo que pondrá en peligro a los soldados de EEUU cuando sean capturados en el futuro".
Entre los diplomáticos firmantes, se encuentran dos subsecretarios de Estado, William Rogers y Alexander Watson, y un ex subsecretario de Defensa, Allen Holmes. Entre los militares, los Contralmirantes en retiro Donald Guter y John Hutson, ambos ex fiscales generales de la Armada, y el ex brigadier general de los Marines, David Brahms, quien se destacó por su defensa a los prisioneros de guerra en Vietnam.
Hasta ahora, tras revisar las presentaciones de 16 prisioneros de Guantánamo que han pedido ser liberados o procesados, los jueces federales han decretado que la Justicia de EEUU no tiene jurisdicción sobre esos casos: se trataría de extranjeros que se encuentran en una base militar que EEUU arrienda a Cuba, es decir en territorio extranjero.
"Permanecí allí por más de un año como oficial de la Armada", declaró John Gibbons, ex presidente de la Tercera Corte de Apelaciones. "EEUU controla completamente ese territorio desde hace más de un siglo. El argumento de que no es nuestro territorio es ridículo".
¿Guantánamo infiltrado por el terrorismo?
En tanto, el general Goeffrey D. Miller, comandante de la base de Guantánamo, declaró a fines de la semana pasada al New York Times que los servicios de inteligencia de EEUU estaban intentando determinar si los arrestos por sospechas de espionaje de tres personas que trabajaban en la base en contacto con los detenidos indican la existencia de un vasto plan del terrorismo internacional para infiltrar el campo de detención estadounidense.
Para estos efectos, informó el mismo medio, se estarían revisando los videos de los interrogatorios de modo de verificar si los contenidos de éstos fueron traducidos correctamente por los dos intérpretes arrestados el mes pasado por espionaje. Uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea de EEUU; el otro, un civil contratado especialmente por el Pentágono para servir en Guantánamo. Se trataría de ciudadanos estadounidenses de origen árabe.
Según la versión oficial, ambos fueron sorprendidos portando información clasificada fuera de la base de Guantánamo. Se sospecha que intentaban hacer llegar mensajes de los prisioneros a terceros en el exterior.
Pero el tercer arresto, el del capitán de Ejército de EEUU y capellán islámico, James J. Yee, también conocido como Yussef Yee, es el más sorprendente. Fue detenido en Guantánamo por personal de aduanas cuando se aprestaba a tomar un avión de regreso a EEUU y se encontró entre sus pertenencias un plano detallado de la base militar. También se sospecha que el capitán Yee llevaba mensajes de los detenidos, así como información precisa sobre quién había interrogado a quién y cuáles eran los contenidos de esas declaraciones.
Desde el miércoles pasado un equipo de 24 investigadores del Comando Sur del Ejército de EEUU, con sede en Miami, estaría trabajando en situ para determinar si detrás de estas personas existe una red terrorista que ha infiltrado la base de Guantánamo.
De verificarse esta hipótesis, estaríamos frente a una conspiración de proporciones insospechable, puesto que es difícil imaginar a un Osama Bin Laden manejando, desde su improbable escondite en los Himalayas, los hilos de una organización global, tan sofisticada y omnipresente que no sólo conoce la identidad de los interrogadores de Guantánamo, sino que el detalle de los contenidos de las declaraciones de los detenidos.
