Objetivo es verificar denuncias de corrupción con el uso de las tarjetas de crédito oficiales por parte de varios funcionarios, incluso vinculados directamente a la Presidencia de la República.
El Gobierno brasileño decidió anticiparse a la oposición y presentó ante el Senado una petición formal para que una comisión especial legislativa investigue supuestas irregularidades en el uso de las tarjetas de crédito oficiales.
La petición, con las firmas de apoyo de 35 senadores, fue presentada anoche ante la secretaría general del Senado por el portavoz del Gobierno en la Cámara Alta, senador Romero Jucá, informó la Agencia Senado (oficial).
La oposición amenazaba desde el mes pasado con solicitar la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para verificar denuncias de corrupción con el uso de las tarjetas de crédito oficiales por parte de varios funcionarios, incluso vinculados directamente a la Presidencia de la República.
Al contrario de la petición que estudiaba la oposición, la presentada por el Gobierno pide que se investiguen los gastos con tarjetas de crédito en los últimos diez años, lo que incluye los realizados durante el segundo mandato del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2002).
La oposición defendía una investigación de los gastos hechos apenas durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió su segundo mandato de cuatro años en 2007, y tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
La decisión del Gobierno fue calificada por algunos líderes opositores como una estrategia para sabotear la investigación, impedir una fiscalización rigurosa y reducir la presunta responsabilidad del actual gobierno.
«El Gobierno no tiene miedo de investigar y el propio presidente Lula autorizó la petición, pero el Gobierno no quedará rehén de la oposición», argumentó Jucá al explicar las razones por las cuales la solicitud se extendía a los gastos en los últimos diez años y la investigación se limitaba al Senado.
El escándalo provocado por los supuestos gastos irregulares con tarjetas de crédito ya le costó el cargo a la ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, que renunció al cargo la semana pasada debido a sus elevados e injustificados gastos con tarjeta de crédito.
En las últimas semanas la prensa ha divulgado detalles sobre gastos realizados por diferentes funcionarios con tarjetas de crédito que exceden los límites impuestos por el propio Gobierno y se extienden a artículos particulares, como mesas de billar, aparatos para gimnasios y alquiler de coches en días festivos.
El uso de las tarjetas corporativas en gastos personales y no vinculados al trabajo compromete desde a ministros hasta los responsables por la seguridad de los familiares del presidente.
Según denuncias periodísticas, por lo menos dos encargados de la seguridad de Lula gastaron en los últimos tres años 149.000 reales (85.600 dólares) con tarjetas oficiales en restaurantes, instalación de un gimnasio particular, material de construcción, equipos electrónicos, artesanías, ropas y artículos deportivos.
Otro policía, que trabaja en la seguridad de la hija del presidente, Lurian Cordeiro Lula da Silva, en el estado de Santa Caterina (sur), usó la tarjeta en compras de materiales de construcción, repuestos, supermercados y gasolina por 55.000 reales (unos 31.500 dólares).
Según datos oficiales, los gastos con tarjetas de créditos oficiales sumaron el año pasado 75 millones de reales (42,8 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 127 por ciento en relación a 2006.
El Gobierno anunció la semana pasada una serie de restricciones al uso de las tarjetas de crédito, que fueron adoptadas en el 2002 para descargar de burocracia algunos pagos y dar más transparencia a los gastos públicos.
Entre las medidas figura la prohibición de las retiradas de dinero con tarjetas de uso oficial en bancos o cajeros automáticos, salvo en los casos «especiales» de la Presidencia, los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud y otras dependencias públicas, como la Policía Federal.
EFE
